Jorge Villalba
Según el estudio, la liberalización sin una estrategia de contención adecuada amenaza especialmente al sector industrial, donde se concentra el 65 % de los empleos en riesgo, lo que equivale a unos 282.000 puestos. Esto representa el 11 % del empleo en la industria manufacturera, una de las más golpeadas por el actual contexto económico.
El estudio estima que, en total, están comprometidos 431.452 empleos, es decir, el 1,9 % del total del empleo formal del país. Además de la industria, otros sectores también se verían perjudicados: el comercio podría perder cerca de 62.000 empleos; el transporte y las comunicaciones, unos 34.000; y el agro, cerca de 14.000. También se prevén pérdidas más moderadas en sectores como finanzas, construcción, petróleo y minería.
El impacto no sería homogéneo en todo el país. Cuatro jurisdicciones concentran el 74 % del empleo en riesgo: la provincia de Buenos Aires, con 177.000 puestos; la Ciudad de Buenos Aires, con 69.000; Córdoba, con 36.000; y Santa Fe, con 35.000. En algunas zonas más pequeñas, como Tierra del Fuego, el efecto podría ser aún más crítico: allí, el 5,5 % del empleo privado estaría comprometido por esta apertura indiscriminada.
Uno de los factores que agrava este panorama es la apreciación del tipo de cambio. Si se mantuvieran los niveles de 2023, el impacto sería algo menor: el número de empleos en riesgo bajaría a 355.158, lo que representa una diferencia de más de 76.000 puestos. No obstante, el escenario actual plantea un riesgo considerable si no se implementan políticas que acompañen esta apertura.
Entre los sectores más vulnerables se destacan la industria textil, la fabricación de calzado, la metalmecánica, los productos de madera y el rubro electroelectrónico. Estos sectores, que ya enfrentan una competencia internacional fuerte, serían los primeros en sentir el impacto de una reducción abrupta de los aranceles y la falta de incentivos a la producción nacional.
MOL
