Tiempos de Libertad. Motosierra para los discapacitados y el dólar después de las urnas

El “coimasgate” o “audiogate” impactó al Gobierno nacional por doble vía, porque viene a confirmar sospechas bien fundamentadas y preexistentes que ponen en duda el honor y buen nombre de la hermana Karina, vaca sagrada del credo libertario vernáculo, y, por otro lado, provocó que la sociedad y los medios pusieran más atención en el poco transparente proceso de auditorías que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

 
Los audios en los que puede escucharse a Diego Spagnuolo, quien hasta hace cinco minutos era titular de la ANDIS y una persona muy cercana a los Milei, quejarse por los insistentes pedidos de “Lule” Menem para que las empresas beneficiarias de licitaciones en la compra de medicamentos tributen una colaboración de 3% para Karina, (en los audios se entiende que es un porcentaje que viene a sumarse a un esquema recaudatorio que ya estaba montado) se difunden al mismo tiempo que la mencionada ANDIS elimina pensiones por discapacidad en un proceso de auditorías que enfrentas serios y múltiples cuestionamientos.

 
 
Obligan a los beneficiarios de pensiones por discapacidad a cumplir con complejos trámites administrativos, lidiar con sistemas informáticos colapsados, concurrir a entrevistas a las que muchos no fueron citados o fueron citados fuera de tiempo y a ser evaluados por gente que no cuenta con la idoneidad para hacerlo.

La intención del Gobierno nacional de auditar un área que siempre estuvo sospechada está fuera de crítica. Que en las últimas dos décadas se entregaron en Argentina pensiones por invalidez a personas perfectamente saludables es un dato que no acepta discusión, pero las auditorías que lleva adelante el Gobierno de Milei no parecen tener por objetivo detectar esos casos, más bien son un mero ejercicio de recorte fiscal.

El pecado de los libertarios es cortar con motosierra en lugares en los que se deberían cortar con bisturí.
El pecado de los libertarios es cortar con motosierra en lugares en los que se deberían cortar con bisturí.

No se audita con el objetivo de conocer la verdad, se audita para cumplir una meta fiscal.

El resultado es que lo que se planteó como una depuración termina en un recorte a lo bruto en el que justos pagan por pecadores.

Ese recorte afectó a más de 10 mil familias misioneras que perdieron sus pensiones en un procedimiento irregular. Eso no pasó desapercibido para el Gobierno provincial que tomó el toro por las astas y actuó en consecuencia: esta semana presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal mediante el cual se solicita una medida de no innovar que obligue al Gobierno nacional a barajar y dar de nuevo, al menos en Misiones.

Si la Justicia acompaña el pedido de la Provincia, los que perdieron sus pensiones las recuperarían, al menos hasta que el Gobierno nacional esté en condiciones de llevar adelante una auditoría transparente que ofrezca garantías.

El encargado de anunciar dicha acción judicial fue el vicegobernador, Lucas Romero Spinelli, que mencionó entre las irregularidades detectadas en el proceso de auditoría que lleva adelante el Gobierno nacional: citaciones que nunca llegan o que llegan a domicilios inexistentes, verificaciones médicas que no se cumplen y exigencias que no contemplan la situación de personas que en muchos casos no tienen posibilidad de movilizarse hasta los lugares a los que son citados.

En el marco de esa auditoría nacional esta semana se convocó a cientos de pensionados por discapacidad a concurrir a una entrevista en San Ignacio. Personas con todo tipo de dificultades llegaron desde distintos puntos de la provincia, los citaron en un restaurante abandonado y los sometieron a horas de espera en el calor y ni siquiera había lugar para sentarse.

Fueron entrevistados por jóvenes sin ningún tipo de preparación y a todos se les extendió una constancia con sello y firma falsificados de un cardiólogo de Pergamino, Buenos Aires, que no tenía ni idea de que estaban usando su nombre.

Los que aguantaron horas de espera en la calle, volvieron con una “Constancia de Asistencia Evaluación ANDIS”, que no es más que un papel sin sello ni membrete de ninguna entidad oficial avalado por la firma de un supuesto médico llamado Leandro Peñaloza, cuyo número de matrícula aparece ilegible en la constancia.

La supuesta constancia, intima a los discapacitados a “remitir copia de la documentación, de la constancia de atención brindada por el profesional a ANDIS, en un plazo máximo de 30 días, bajo apercibimiento de tener por no presentado el trámite con las consecuencias que puede implicar”.

A todo esto, resulta que sí existe un médico cardiólogo llamado Leandro Peñalosa, ejerce esa profesión desde hace más de cinco décadas en la ciudad de Pergamino, Buenos Aires, y ante una consulta del diario Clarín aseguró que no tiene nada que ver con el asunto y anticipó que hará una denuncia penal por usurpación de identidad.

El Consejo Provincial de Discapacidad, con la coordinación de Tatiana Antúnez, viene documentando desde el primer día las irregularidades en las auditorías, entre ellas se cuentan sistemas informáticos colapsados que no dan respuesta, sedes improvisadas y un protocolo que confunde entrevistas con auditorías. 

Operación K
Al mismo tiempo que se ajusta a los discapacitados, se acumulan las evidencias que dan cuenta de un esquema de contratos con sobreprecios para la compra de medicamentos que son retribuidos con coimas.

El escándalo inició con la difusión de audios en los que puede escucharse a Spagnuolo quejarse por una suerte de intervención en la ANDIS a cargo de “Lule” Menem, lugarteniente de El Jefe en el armado territorial de LLA, con el objetivo de incrementar el porcentaje de retornos que abonaban las droguerías amigas a cambio de suculentos contratos con sobreprecios.

En recientes apariciones públicas, Milei redujo el escándalo a “una opereta kuka”.

La explicación resulta insuficiente, porque aunque la obtención de los audios y su difusión en plena campaña puedan formar parte de una operación política, eso no le quita veracidad al contenido de las conversaciones inmortalizadas en una seria de audios que promete tener continuidad.

El que denuncia a Lule y a Karina en esos audios no forma parte del elenco K, al contrario, es una persona muy cercana a Milei (los registros de ingresos a Casa Rosada dan cuenta de ello) y era funcionario al momento en el que fue grabado.

Por otra parte, el contexto da veracidad a los dichos de Spagnuolo: la Droguería Suizo Argentina que aparece mencionada como beneficiaria de los contratos, fue la preferida por este gobierno desde que asumió, no solo a la hora de definir los contratos sino también al momento de autorizar pagos.

No solo en la ANDIS sino en todos los ámbitos en los que tienen injerencia Karina y Lule. Por ejemplo, la obra social OSPRERA fue intervenida por el Gobierno nacional a pedido de Lule Menem, desde que opera esa intervención, la Suizo Argentina cobró unos siete mil millones de pesos, suerte que no tuvieron otros acreedores de dicha obra social.

Ni siquiera dentro del universo libertario hay unanimidad a la hora de buscar responsables por las filtraciones. Mientras el presidente denuncia sin pruebas pero sin dudas una “opereta kuka”, desde el entorno de Karina miran con recelo al comandante de las fuerzas del cielo, el asesor sin cartera, Santiago Caputo.

El que por estos días aparece como el más debilitado vértice del triángulo de hierro tiene un motivo para desatar la tormenta del «coimasgate», porque fue desplazado por los terrenales de Karina de todas las listas, y los medios para hacerlo, porque maneja muchos de los hilos de los servicios de inteligencia.

Otra sospechada es la legisladora Marcela Pagano, también enfrentada con Karina y los Menem. Está en pareja con Franco Bindi, empresario de medios con fuertes vínculos con los servicios inteligencia.

Tal vez para despegarse de esas sospechas, la propia Pagano acusó abiertamente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el único que salió fortalecido con el escándalo y que tiene entre sus funcionarios a José Luis Vila, con historial en la SIDE.

Más allá de las explicaciones a medias y la búsqueda de culpables que inició el Gobierno nacional, las encuestas revelan que el escándalo melló la imagen del presidente y del resto de las figuras implicadas.

Dos encuestas nacionales indicaron que entre 10 y 16 de quienes pensaban votar a LLA antes de que de conocieran los audios, cambiaron de opinión. Más de 95% de los encuestados dijo estar al tanto del caso (un porcentaje que supera ampliamente al escándalo de Libra) y las mediciones que se hicieron siguiendo las reacciones en redes sociales muestran una aplastante mayoría de posteos negativos para el Gobierno. 

Es la economía
La crisis política generada por los audios de Spagnuolo coincide con un momento de alta volatilidad en la economía. El Gobierno nacional lo atribuye al “riesgo K” generado por votaciones adversas al oficialismo en el Congreso, pero los entendidos en la materia apuntan a otras causas.

El histórico rector del CEMA y quien fuera jefe del equipo de asesores de Milei en campaña, Carlos Rodríguez, lo resumió con la precisión de un haiku: “Lo que pone nervioso al mercado, más que el riesgo K, es la casi segura devaluación post elecciones”, escribió en su cuenta de X.

Lo que están viendo muchos economistas es que el Gobierno está adoptando una serie de medidas desesperadas por contener al dólar a efectos de evitar una corrida que repercuta en los precios y en las urnas.

Suba de tasas de interés a valores que más que duplican la inflación, sucesivos incrementos en los encajes bancarios, crecientes intervenciones en futuros y otras medidas técnicas de corte dirigista que apuntan a restar liquidez en el mercado, todo confluye en un mismo objetivo: evitar que los pesos vayan al dólar.

El pack antidevaluatorio resultó efectivo para contener la cotización de la divisa, pero de sostenerse en el mediano plazo generará costos crecientes en materia de actividad económica y de costo fiscal, lo que lleva a varios analistas a pensar como Rodríguez, que una vez cumplido el trámite electoral habrá cambios en la economía y el más cantado de ellos es la suba del dólar.

Otro de los que abona la teoría de la presión cambiaria es el expresidente del instituto IERAL de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, quien anticipó que “antes o después” de las elecciones el tipo de cambio subirá “irremediablemente” porque “este tipo de cambio vigente es de desequilibrio, ese es el problema. Desde el Gobierno creen que el de enfrente es gil cuando dicen que no intervienen (pero) este tipo de cambio no es libre”, advirtió.

El incremento en la demanda de divisas para atesoramiento va en el mismo sentido. En julio los argentinos compraron 3.041 millones de dólares para atesoramiento, en términos netos, el segundo dato más alto en, al menos, 18 años.

Para sostener el dólar en un contexto de tipo de cambio sin intervenciones ni restricciones sería necesario un mayor ingreso de divisas. Lo ideal sería que ingresaran en forma de inversiones genuinas, pero eso no viene ocurriendo a pesar de los esfuerzos del Gobierno por brindar facilidades para incentivar a los inversores.

En un contexto internacional poco atractivo para atraer capitales hacia mercados de mayor riesgo, como el argentino, la inversión extranjera directa se desplomó más de 90% en el primer trimestre del año en relación a igual período del año pasado. Si bien el grueso de esta baja se dio por cancelación de deuda comercial, también hubo retrocesos en la reinversión de utilidades y en los aportes de capital.

En ese dato incide la salida de multinacionales como Telefónica que se suma a otras tres que se fueron en la primera mitad del año en curso. 

Luz verde para la producción y la industria de Misiones
La intervención del Gobierno provincial destrabó la concertación del sector tealero, lo que permitió un acuerdo por unanimidad que fijó el precio de garantía del brote verde de té en 95 pesos por kilo, valor que se volverá a conversar en caso de que se mueva el tipo de cambio.

En un contexto muy difícil para el sector, por el atraso cambiario y el crecimiento exponencial que tuvieron otros oferentes de té en el mundo, industriales y productores llegaron a un acuerdo que lleva tranquilidad al sector primario. Nadie se hará millonario con el té en la campaña próxima a iniciarse, pero habrá trabajo y una retribución relativamente justa para todos.

Las negociaciones estaban trabadas hasta que el Gobierno comprometió un paquete de asistencia que consiste en una bonificación del 20% en la energía de los secaderos por seis meses, la posibilidad de que tanto productores como secaderos puedan descontar cheques diferidos a tasa bonificada y prefinanciación de exportaciones vía CFI al 2,5% anual.

Se trata de beneficios que permiten bajar los costos tanto a industriales como a productores y esa reducción en los costos permitió acercar las posiciones en la mesa de diálogo hasta llegar a un acuerdo.

El secretario de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, destacó que la Provincia está haciendo un enorme esfuerzo por facilitar el trabajo de quienes producen, invierten y exportan.

En la misma dirección se inscribe la renovación del convenio con el Banco Nación que pondrá casi 100.000 millones de pesos en créditos a disposición de actividades como la yerba, foresto-industria, té, agro, micro y pequeñas empresas, con tasas bonificadas por la Provincia.

El gobernador Hugo Passalacqua lo definió sin grandilocuencia —“pequeñas soluciones para grandes problemas”—, pero hay una decisión estratégica: orientar crédito hacia maquinaria, innovación, biomasa, certificaciones, capital de trabajo. El ministro Adolfo Safrán completó el cuadro con FOGAMI para avalar pymes y sinceró la macro: coparticipación volátil y actividad caída. Aun así, la rueda productiva no se deja a la intemperie: se la empuja con financiamiento, garantías y política sectorial. 

Mejora la yerba mate
En el último tramo de una cosecha que resultó muy difícil para el productor, la yerba mate muestra datos alentadores.

La actualidad no es buena, porque los precios de la hoja verde se desmoronaron después de la desregulación que el Gobierno nacional impuso al sector justo cuando las condiciones de mercado ponían al sector primario en una posición desventajosa por una cosecha récord que generó condiciones de sobreoferta.

Pero la estadística arroja evidencias que se avecinan tiempos mejores. De enero a julio, las exportaciones crecieron 34% interanual y las ventas al mercado interno lo hicieron en 12%, mientras que la cosecha de hoja verde disminuyó 12%. Sumadas exportaciones y ventas al mercado interno, la demanda de yerba aumentó 15%.

La lógica de oferta y demanda indica que con mayor demanda y menor producción, los precios deberían aumentar, pero esa situación todavía no se verifica. El fuerte incremento en los costos de financiamiento, determinantes para un sector que es altamente demandante de crédito, conspira contra la posibilidad de mejorar los precios al productor.

El banco le cobra más caro a la industria y la industria traslada ese mayor costo al productor, es lo que suele suceder.

Para el ministro del Agro de la Provincia, Facundo López Sartori, el desmantelamiento de las funciones principales del INYM es causa fundamental para que esta mejora registrada en el mercado yerbatero no se traslade a los productores, lo que lo llevó a exigir al Gobierno nacional que al menos cumpla con el compromiso legal que tiene de nombrar a un presidente para el organismo yerbatero. 

RIGI para Misiones
La Legislatura provincial confirmó la adhesión de Misiones al RIGI, sistema que busca sumar un andamiaje jurídico que dé estabilidad a proyectos de más de USD 200 millones en sectores donde Misiones tiene ventajas como la foresto-industria, turismo, energía y bioeconomía. “Habrá debate —y debe haberlo— sobre resguardos y equilibrios con proveedores locales. Pero si algo enseña la historia misionera es que la mejor defensa del interés provincial no es la tribuna sino la letra fina: reglas claras, seguridad jurídica y una mesa de control político-técnico que impida privilegios y capture beneficios para el territorio. En ese filo, otra vez, Misiones asume el timón”, indicaron desde el Gobierno provincial. 

El candidato del modelo misionero
El presidente de la Cámara de Representantes y candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Oscar Herrera Ahuad, se puso al hombro una campaña que se plantea como una reafirmación del modelo misionerista que el mismo dirigente supo aplicar cuando le tocó gobernar la provincia.

En tiempos de relatos que suenan vacíos de tan repetidos, Herrera se plantea dudas respecto a algunos de los supuestos logros que declama el Gobierno nacional. Cuestiona los números de que muestran a la pobreza bajando al mismo tiempo que se destruyen miles de fuentes de empleo, denuncia los riesgos de desregular sin control (de ANMAT a fentanilo) y recuerda que la seguridad jurídica es condición del desarrollo, no un adorno retórico.

“Herrera Ahuad encarna la defensa integral del proyecto misionero frente a un clima nacional de ajuste y zigzag. Su candidatura abre una oportunidad concreta de llevar esa coherencia al Congreso: discutir con datos, con gestión detrás, con la autoridad de quien caminó hospitales, cooperativas, aserraderos y aulas”, plantean desde el oficialismo. 
    
MOL