La Justicia ordenó 15 allanamientos por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

La Justicia federal ordenó este jueves 15 allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Nueve de los procedimientos se realizan en la Ciudad de Buenos Aires y los seis restantes en distritos bonaerenses, según confirmaron fuentes judiciales.

Los operativos, que no incluyen detenciones, buscan celulares, computadoras y documentación electrónica vinculada con la supuesta red de pedidos de sobornos a laboratorios proveedores del organismo.

La investigación se inició a partir de los audios del exjefe de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que hace referencia a una presunta operatoria irregular que involucraría a la Secretaría General de la Presidencia y al asesor Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente Javier Milei.

El caso escaló en las últimas horas luego de que la Cámara de Diputados aprobara la interpelación de Karina Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones, prevista para el próximo miércoles a las 14, con el objetivo de que brinden explicaciones sobre el manejo del organismo y las denuncias de corrupción.

Mientras tanto, el Gobierno nacional avanza con una auditoría interna en la ANDIS, centrada en las compras de medicamentos a distintas droguerías. Según fuentes oficiales, parte de las operaciones bajo investigación no figuran en los portales públicos y fueron ejecutadas sin trazabilidad administrativa del Ministerio de Salud.

“Ya entraron los primeros documentos para que podamos avanzar”, confirmaron desde el Ejecutivo, en referencia a los archivos incautados durante el primer allanamiento. En la Casa Rosada reconocen que existen indicios de sobreprecios y que se evalúa reformar el esquema autárquico de contrataciones del organismo, para que pase a depender directamente de la cartera sanitaria.

La Agencia Nacional de Discapacidad, que cuenta con 921 empleados y un presupuesto de 3,74 billones de pesos, destina la mayor parte de sus recursos a seguridad social (3,1 billones), además de partidas para salud y asistencia social. El sumario interno podría extenderse hasta seis meses y sus resultados se conocerían recién después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El caso Spagnuolo se convirtió en un nuevo foco de conflicto político para el oficialismo, en medio de las tensiones por los DNU de Javier Milei, las presiones inflacionarias y el impacto de las causas judiciales que atraviesan al Gobierno.