La otra cara de la actividad forestal: infracciones que ponen en riesgo los bosques nativos

A través de operativos permanentes en rutas, inspecciones en establecimientos forestales y controles en zonas protegidas, se busca garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, prevenir la tala ilegal y promover un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos.

En el marco de este trabajo constante, los equipos técnicos y los inspectores forestales lograron identificar una serie de infracciones reiteradas que revelan las maniobras más comunes utilizadas para burlar los controles y explotar de forma irregular la madera nativa. Entre las prácticas más habituales se encuentra el transporte ilegal de madera aserrada oculta en cargas de especies implantadas, como pino y eucalipto. Estas especies no requieren documentación para su traslado, motivo por el cual algunos transportistas las utilizan como cobertura para trasladar madera nativa que carece de autorización, intentando evitar así la fiscalización en rutas provinciales. 

Otra de las irregularidades detectadas con mayor frecuencia está relacionada con la adulteración de la documentación forestal. Durante los operativos, los inspectores proceden a la retención y análisis de las guías forestales que amparan el transporte de la madera. A partir de ese cotejo se detectaron casos de datos falsos en los registros de transportistas, diferencias entre la carga declarada y la efectivamente transportada, e incluso el uso de una misma guía para amparar distintas cargas. Estas situaciones son muy dañinas para el sistema de control, ya que afectan la trazabilidad del recurso forestal y dificultan la identificación del origen real de la madera.

Para hacer frente a estas maniobras, el Ministerio fortaleció los controles móviles, que permiten verificar en tiempo real la validez de la documentación, y posteriormente realizar un análisis administrativo detallado en gabinete. Cuando se comprueba una infracción, se aplican sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión de autorizaciones y de los registros oficiales, dependiendo de la gravedad de cada caso.

El trabajo de fiscalización no se limita al transporte. También alcanza directamente a los predios que cuentan con Planes de Manejo o autorizaciones de Cambio de Uso del Suelo otorgadas por la Dirección General de Bosques. En estos casos, los inspectores forestales se trasladan a terreno para constatar que las actividades desarrolladas se ajusten a lo aprobado en cada plan. Allí se verifica qué especies están siendo aprovechadas, en qué cantidad, en qué sectores del predio y bajo qué modalidad de intervención.

A partir de estas inspecciones, se detectaron situaciones en las que se extrajeron volúmenes superiores a los autorizados, se aprovecharon especies no contempladas en los planes aprobados o se modificaron las condiciones originales establecidas en las autorizaciones. A ello se suman los casos de tala fuera del área habilitada, una infracción considerada gravísima, ya que implica la intervención directa sobre lotes o parcelas que no fueron evaluadas ambientalmente ni incluidas dentro de los permisos otorgados.

En paralelo, se desarrolla un exhaustivo trabajo de revisión administrativa y técnica de los expedientes correspondientes a los Planes de Manejo Sostenible y Planes de Cambio de Uso del Suelo que se encuentran en trámite o ejecución. Este análisis se realiza en gabinete y se complementa con información obtenida a partir de imágenes satelitales, uso de drones y sistemas digitales de gestión forestal.

Como resultado de estas constataciones, durante el período 2024-2025 se procedió a la suspensión inmediata de nueve planes por incumplimientos a la legislación vigente. Las principales causales fueron la realización de desmontes sin autorización previa, el desarrollo de actividades forestales en zonas no habilitadas y la intervención sobre áreas ambientalmente protegidas. 

Entre las situaciones más delicadas detectadas se encuentran las intervenciones en zonas categorizadas como rojas y amarillas, áreas que, por su elevado valor de conservación, cuentan con restricciones especiales. También se constató el daño en fajas de protección de cursos de agua, bosques protectores y zonas buffer, sectores fundamentales para resguardar los recursos hídricos y la biodiversidad de la provincia.

La utilización de nuevas tecnologías se convirtió en una herramienta clave para fortalecer la capacidad de control del Estado. El monitoreo mediante imágenes satelitales permite detectar cambios en la cobertura forestal, identificar desmontes ilegales y realizar seguimientos de largo plazo. A su vez, el uso de drones facilita la inspección de zonas de difícil acceso, mejorando la eficacia de los procedimientos y reduciendo los tiempos de detección.

Cabe señalar que este sistema integral de control no tiene como objetivo exclusivo la aplicación de sanciones, sino fundamentalmente la prevención y el ordenamiento de la actividad forestal. La fiscalización permanente apunta a desalentar prácticas ilegales, promover la formalización del sector y garantizar que el aprovechamiento del recurso se realice dentro del marco legal.

En este sentido, el control forestal es considerado una política pública prioritaria, orientada no solo a resguardar el ambiente, sino también a proteger a los productores que trabajan dentro de la ley, promoviendo condiciones de competencia justa y sustentable.

Misiones es una de las provincias con mayor riqueza biológica del país, y sus bosques nativos cumplen una función esencial en la regulación climática, la conservación del suelo y la protección del agua. Por eso, cada operativo, cada inspección y cada expediente analizado forman parte de una estrategia más amplia de conservación, cuyo objetivo final es asegurar que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de este patrimonio natural único.