Jorge Villalba
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) se encuentra en el ojo de la tormenta tras el allanamiento ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en las oficinas de su director, Fernando Julián Martínez. El magistrado investiga un posible nexo entre el funcionario y la empresa proveedora de alimentos en el penal de Ezeiza, acusada de distribuir comida en mal estado a los reclusos.
La causa se originó tras un habeas corpus que denunció la mala calidad de los alimentos en la cárcel de Ezeiza, lo que llevó al juez Villena a prohibir a la empresa Foodrush participar en futuras licitaciones. Sin embargo, con la llegada de la empresa Bio Limp, los problemas persistieron, lo que motivó la reapertura de la investigación bajo la carátula de «Envenenamiento».
El allanamiento en las oficinas de Martínez, quien asumió su cargo en 2024, se realizó el pasado viernes a las 11:30 de la mañana, coincidiendo con el día de la licitación para la provisión de alimentos en Ezeiza. La última conexión del celular del funcionario, extraviado según él mismo, se registró una hora antes del procedimiento judicial, lo que levantó sospechas sobre un posible aviso previo.
Durante el operativo, se descubrió que Bio Limp compartía camiones y empleados con Foodrush, lo que sugiere una cartelización del servicio de alimentos en el penal. «Villena podría haber detenido ahí mismo a Martínez, porque lo que hizo fue muy grave», afirmó una fuente cercana al caso, destacando la gravedad de la situación.
A pesar de la evidencia, la fiscal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de las actuaciones de Villena, argumentando irregularidades en la habilitación de medidas en un día inhábil y en el secuestro del teléfono de Martínez. «Si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez», señalaron fuentes allegadas al magistrado.
La causa también reveló que Martínez se movilizaba en una camioneta perteneciente a Enrique «Quique» Antequera, prófugo de la Justicia y vinculado a la feria La Salada. Esta situación incrementa las sospechas sobre los vínculos del director del SPF con sectores delictivos. Villena, quien se comunicó con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recibió su apoyo para continuar con la investigación. «La ministra mostró una excelente predisposición», aseguró el juez, quien se enfrenta a un posible desafío a la Justicia por parte del director del SPF.
El caso sigue abierto y se espera que las investigaciones avancen para determinar la responsabilidad de los implicados en la supuesta cartelización y la calidad de los alimentos que los reclusos reciben en el penal de Ezeiza
