Jorge Villalba
La discusión se originó cuando la concejal Mirta Barrios solicitó un informe al Ejecutivo municipal al darse cuenta de que la obra comenzó sin que el proyecto completo haya sido presentado al Concejo Deliberante para su revisión.
Por su parte, el intendente Vilchez afirmó en una nota que no hay una obligación legal de someter este tipo de iniciativas a la aprobación del Concejo, dado que se trata de una inversión privada sin uso de fondos públicos.
El pedido de informes está dirigido a aclarar varios puntos sobre la obra, incluyendo quién la ejecuta, cuál es su costo, si ya se otorgó la concesión y bajo qué condiciones.
La solicitud se basa en la Ordenanza 17/2024, que autoriza a la Intendencia a elaborar un proyecto para el desarrollo de la zona costera con servicios gastronómicos. Barrios explicó que su preocupación surgió al observar que la obra arrancó sin que el proyecto se presentara formalmente al Concejo. “La ordenanza permite elaborar un proyecto, pero este nunca llegó al cuerpo deliberativo. Además, el intendente mencionó otra ordenanza que no se relaciona con este caso”, apuntó la concejal.
Barrios subrayó que la normativa citada por Vilchez está relacionada con el uso de espacios verdes para abordar un problema habitacional, y no para proyectos turísticos o concesiones. “Esto genera dudas sobre por qué se omitieron pasos legales”, agregó.
En su respuesta oficial dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, el intendente enmarcó la obra dentro de la Ordenanza 06/2025, que permite al Departamento Ejecutivo autorizar el uso de ciertos espacios públicos para iniciativas privadas.
Vilchez explicó que el proyecto es una inversión completamente privada destinada a la construcción de una confitería y otros equipamientos, sin la inyección de recursos municipales ni la necesidad de licitaciones públicas. “Al tratarse de una obra que no usa fondos públicos, no estamos legalmente obligados a solicitar aprobación previa ni a enviar informes al Concejo Deliberante, salvo por las comunicaciones institucionales habituales”, afirmó.
El intendente también destacó que la iniciativa se enmarca en políticas locales que buscan promover el turismo, generar empleo y dinamizar la economía a través de la participación del sector privado. Criticó lo que consideró intentos de frenar inversiones mediante “interpretaciones” administrativas y aseguró que su gestión no permitirá que “el oportunismo político obstaculice inversiones que beneficien a la comunidad”. “Lo que algunos intentan detener con cuestionamientos, nosotros lo convertiremos en hechos”, concluyó.
A su vez, Mirta Barrios reiteró que su petición no tiene como objetivo frenar el desarrollo o la inversión privada, sino asegurar el cumplimiento de los procedimientos legales y el papel de supervisión del cuerpo legislativo.
