Jorge Villalba
La retórica triunfalista del Gobierno nacional, plagada de slogans de alta efectividad en las redes sociales, choca de manera cada vez más notoria con una realidad diaria de grandes sectores de la población que ya no esperan “irse para arriba como pedo de buzo” y hasta se olvidaron de las promesas de ganar en dólares, pero que sí necesitan algún tipo de mejoría.
El presidente Milei les planteó un contrato electoral que incluía una primera etapa de esfuerzo a cambio de un crecimiento sostenido y duradero que llegaría después. Pero esa segunda etapa todavía no empezó, al menos no para la mayoría de los argentinos, a pesar de que desde el oficialismo repitan con insistencia que “todo marcha de acuerdo al plan”.
Se valora la reducción de la inflación y se percibe un mayor orden en las variables macroeconómicas. El dólar se mantiene en una relativa estabilidad y las tasas de interés tienden a bajar, pero esta paz económica libertaria se parece cada vez más a la paz de los cementerios.
La promesa de un crecimiento “en V”, de una dolarización redentora o del retorno inmediato a la jerarquía de potencia mundial, está chocando frontalmente contra una estructura de ingresos degradada y un esquema fiscal donde el peso del ajuste no fue equitativo.
El desánimo social no nace de una consigna ideológica, sino de una frustración aritmética. Según el Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora, más del 70% de los argentinos considera que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esta percepción, si bien es subjetiva, encuentra explicación en datos duros de consumo masivo que muestran una degradación lenta pero progresiva del poder de consumo.
Misiones no es ajena a esta realidad que golpea en todo el país, con el condimento que agrega la frontera. Según el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censo (IPEC) el consumo en supermercados acumuló en octubre de 2025 seis meses consecutivos en terreno negativo en la comparación interanual.
La caída afecta a la canasta básica y particularmente al consumo de carne vacuna, lo que evidencia que el “ajuste virtuoso” prometido por el Gobierno Nacional no tocó tanto a la casta como sí afectó al consumidor.
El filo de la motosierra
El superávit fiscal es la bandera que más alto flamea en el discurso oficial de enumeración de logros. Revertir tantos años de déficit no es un asunto menor, pero un dato que suele omitir la narrativa de la motosierra quedó en evidencia en un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Según consta en dicho trabajo, en los dos primeros años de gestión del presidente Milei, el esfuerzo fiscal para reducir la presión tributaria fue casi totalmente aportado por las provincias. En el agregado, el peso de la recaudación sobre el Producto Bruto Interno (PBI) cayó en 0,8 puntos porcentuales, no solo por la caída de ingresos tributarios, sino también por el crecimiento económico, de acuerdo con la metodología utilizada por el INDEC para esta última variable.
El trabajo analiza cómo evolucionó la distribución de los impuestos a través de la coparticipación federal y compensaciones entre 2023 y 2025. Plantea que el Gobierno nacional aportó solo el 8% del ajuste en la presión tributaria, mientras que las provincias corrieron con el 92%.
Las provincias hicieron la mayor contribución a la caída de la presión tributaria durante la era de Javier Milei
Los logros fiscales que exhibe Nación se alcanzaron a costa de la parálisis total de la obra pública, la eliminación de subsidios al transporte y energía en el interior y una poda drástica de transferencias no automáticas a las provincias.
Esta dinámica sitúa a provincias como Misiones en una situación paradójica. El Estado provincial, que durante años mantuvo una administración fiscal prudente, sin endeudarse en moneda dura y preservando el superávit primario, hoy debe gestionar la escasez extrema bajo un modelo nacional que ajusta sin distinguir territorios ni tiempos productivos.
Activo silencioso
Misiones representa un caso de estudio de resiliencia fiscal. Al no haber sucumbido a la tentación del crédito externo fácil en años anteriores, hoy posee un activo silencioso: una deuda controlada en un país asfixiado por compromisos en dólares. No obstante, esa cautela tiene límites ante un mercado interno nacional que no reacciona.
Sectores clave para la economía regional, como la yerba mate, la madera, el comercio transfronterizo y la construcción, sienten el impacto de un modelo que seca la plaza de pesos. En este contexto, el intento de algunos voceros libertarios por instalar una imagen de crisis financiera en la provincia —alegando supuestos defaults— ha chocado con la verificación técnica de los datos.
El diputado nacional libertario Diego Harfield salió desde la playa a cruzar al presidente del IMAC, Roque Gervasoni, quien había anunciado un recorte en la cantidad de trabajadores bajo contrato en esa dependencia. El funcionario provincial atribuyó los despidos al ajuste de recursos al que el Gobierno nacional somete a las provincias, lo que quedó reflejado en el citado informe del IARAF.
Hartfield intentó desacreditar ese argumento, planteó que el problema de fondo sería un supuesto desorden fiscal que habría llevado a la provincia a un hipotético default y pidió más ajuste.
Los dichos del extenista libertario van en contra de la calificadora de riesgo Moody’s que le asignó a la deuda de Misiones la nota BB+, la más alta para cualquier provincia argentina y muy superior a la que ostenta el Estado nacional.
El informe de la calificadora subraya que la solidez crediticia de Misiones se apoya en márgenes operativos saludables, un bajo stock de deuda y una exposición insignificante al dólar. Destaca además que la estructura de sus pasivos es una de las más conservadoras entre las provincias, ya que casi no tiene obligaciones en moneda extranjera, lo que la resguarda de los vaivenes bruscos en el tipo de cambio.
Más allá de dimes y diretes, queda en claro que el marketing político tiene un límite ineludible, que es la realidad de la gente que pierde su empleo. Festejar un ajuste macroeconómico mientras las economías regionales se apagan no es una estrategia de comunicación, es un divorcio con el territorio que se representa.
Camino al escepticismo
La economía argentina se encuentra hoy en una fase de revisión de creencias. La sociedad, que inicialmente brindó un cheque en blanco para un cambio profundo, empieza a realizar preguntas incómodas:
La idea de que el orden macroeconómico, por sí solo, generaría un derrame inmediato ha perdido peso ante la ausencia de reactivación.
La evidencia de que las provincias y los asalariados han soportado el grueso del ajuste erosiona la épica del sacrificio compartido.
Las etiquetas rimbombantes y los diagnósticos terminales lanzados en redes sociales no compensan la falta de gestión en el mundo real.
Pese al incremento en las dudas, el respaldo a Milei sigue siendo fuerte. La gente no cambia de idea de un día para el otro, pero la espera por resultados concretos no será eterna.
A no confundir, el argentino promedio no se volvió anarcocapitalista, se cansó de ver fracasar a los gobiernos peronistas, sufrió otro desengaño con el rejunte de Cambiemos y encontró una alternativa con Milei.
Los libertarios ya demostraron que pueden ser distintos a lo que hubo hasta ahora, pero todavía les falta demostrar que pueden ser mejores.
Administrar lo que hay
El escenario para 2026 muestra una gestión provincial que, sin espacio para el triunfalismo, se dedica a la amortiguación de impactos. Administrar con recursos propios, sostener programas de estímulo al consumo (como los programas «Ahora») y mantener la infraestructura básica se ha vuelto una tarea de resistencia técnica.
El contraste es evidente: mientras el Gobierno Nacional confía en que el «ordenamiento» macro derramará por gravedad en algún momento incierto, la economía real —la de las provincias, la de los colonos misioneros, la de los comerciantes— demanda respuestas que el marketing libertario ya no puede suministrar. El vacío de resultados es hoy el mayor desafío para la sostenibilidad de un relato que empieza a mostrar sus fisuras ante una sociedad que ya no solo escucha, sino que observa y compara.
Humo blanco el Europa para el acuerdo con el Mercosur
Tras más de 25 años de negociaciones intermitentes y complejas, se concretó un significativo avance para la concreción del tan postergado acuerdo UE-Mercosur: el Consejo de la UE (integrado por los 27 estados miembros) aprobó por mayoría cualificada la autorización para firmar el acuerdo de asociación y el acuerdo comercial interino con el Mercosur.
Esta decisión superó las resistencias de países como Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría (que votaron en contra), mientras que Bélgica se abstuvo. El apoyo clave vino de Alemania, España, Italia (que cambió de posición tras concesiones adicionales) y otros miembros.
Esta aprobación política permite que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajen a Asunción —que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur— para la firma oficial prevista el 17 de enero de 2026. Será un acto protocolario de gran simbolismo, con la presencia de los mandatarios de los países del Mercosur.
El avance del acuerdo encuentra a Misiones con todos los deberes terminados. La estrategia productiva provincial de impulsar la agricultura basada en bioinsumos y prácticas orgánicas tendrá premio doble, porque estuvo pensada para facilitar el ingreso a mercados como el europeo, que demanda ese tipo de producción.
La yerba, té, miel, frutas y hasta la madera que en Misiones se produce con procedimientos amigables con el medio ambiente y bajo certificaciones que garantizan la ausencia de trabajo infantil encontrarán a partir de la aprobación de este acuerdo, mayores facilidades para acceder a mercados que demandan y reconocen económicamente el esfuerzo que implica la producción orgánica.
El pacto busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo, abarcando aproximadamente 700-800 millones de consumidores y un PIB conjunto superior a los 20-22 billones de dólares. Elimina aranceles en el 91-92% de las exportaciones en ambas direcciones (con reducciones progresivas en los casos restantes).
Para la UE: ahorro estimado de 4.000 millones de euros anuales en derechos arancelarios para sectores como automóviles, maquinaria, productos químicos, farmacéuticos, vinos y lácteos.
Para el Mercosur: acceso preferencial (eliminación o reducción arancelaria) para el 99% de las exportaciones agrícolas (carne vacuna, soja, miel, etanol, biocombustibles), aunque con cuotas y salvaguardas para proteger a los productores europeos.
El acuerdo también incorpora capítulos sobre desarrollo sostenible, derechos laborales, protección ambiental y diálogo político, reforzando la cooperación en temas globales como el cambio climático y la gobernanza multilateral.
La firma del 17 de enero será un paso simbólico importante, pero no implica entrada en vigor inmediata. El acuerdo es «mixto» y requiere ratificación por el Parlamento Europeo (donde hay oposición fuerte, especialmente de eurodiputados franceses, polacos e irlandeses), la aprobación por los parlamentos nacionales de la UE (en algunos casos) y la ratificación por los congresos de los países del Mercosur.
Se espera que, sin grandes obstáculos, pueda entrar en vigor progresivamente hacia finales de 2026 o inicios de 2027 (con aplicación provisional de la parte comercial pura antes).
MOL
