Jorge Villalba
La concesión se realizó de manera directa, sin la posibilidad de que otros oferentes compitieran por el contrato. Esta iniciativa se basa en la ordenanza 29/23, la cual fue aprobada a pocos días de que finalizara el mandato de los concejales, lo que ha generado suspicacias sobre la transparencia y la ética del proceso. Dicha ordenanza menciona que el Municipio de San Javier ha sido gravemente afectado por la crecida del Río Uruguay, que ha inundado zonas portuarias y áreas adyacentes, complicando así el estacionamiento de camiones que utilizan el Paso Fronterizo.
Sin embargo, es importante destacar que la historia reciente no ofrece antecedentes que respalden la afirmación de que el río Uruguay haya alcanzado la playa de camiones o la báscula municipal. Este punto se convierte en un punto de debate, ya que la falta de pruebas históricas pone en tela de juicio la necesidad real de esta concesión.
La concesión tiene una duración de diez años, con la opción de extenderse por otros diez. Desde el punto de vista económico, la decisión parece ir en contra de los intereses del municipio. La báscula municipal, por ejemplo, genera actualmente un ingreso considerable. Cada camión que pasa por el lugar debe abonar una tarifa de $10,000 pesos. Si consideramos el volumen de tráfico que se prevé con la próxima construcción del puente internacional, es evidente que la recaudación podría incrementarse de manera significativa.
Los oyentes de FM Auténtica San Javier y lectores de Primero Misiones han expresado inquietudes sobre este tema, preguntándose por qué un espacio municipal, que aunque haya estado en abandono, no presenta pérdidas económicas sustanciales y, de hecho, podría convertirse en una fuente de ingresos aún mayor, está siendo otorgado a un particular. La situación del Frigorífico Municipal es un ejemplo de cómo los espacios públicos muchas veces carecen de la atención y el mantenimiento adecuado, pero eso no debería justificar su entrega a intereses privados.
El futuro de la concesión plantea distintos escenarios. Por un lado, existe el riesgo de que la privatización de la playa municipal genere una dependencia de intereses particulares que podría, a largo plazo, perjudicar al municipio. Si la concesión resulta ser desfavorable para el municipio, este podría perder un valioso recurso que comparte ingresos directos con la comunidad. Además siguiendo esta lógica, se abandona los espacios públicos que generan recursos para después entregar a manos privadas?
Por otro lado, se abre una discusión más amplia sobre la gestión de los bienes públicos y el rol de los concejales y las autoridades locales en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. La falta de competitividad en el proceso de concesión y el timing de la aprobación de la ordenanza plantean interrogantes sobre la transparencia administrativa y la participación ciudadana.
La concesión de la playa municipal de San Javier representa un caso paradigmático que pone de manifiesto la complejidad de la relación entre lo público y lo privado. A medida que se concrete la entrega de este espacio a Walter Feldman, la comunidad deberá permanecer atenta y activa en la defensa de sus intereses, asegurando que el bien común no se vea comprometido en favor de beneficios particulares. La discusión sobre este tema promete generar un debate que podría marcar un precedente en la gestión de los espacios públicos en la localidad y más allá.
