Gracias al efusivo apoyo de la propia tropa y la aceptación resignada de aliados circunstanciales, el Gobierno nacional logró aprobar en Diputados la reforma laboral, que ya venía con media sanción pero que ahora deberá pasar nuevamente por la Cámara alta porque se eliminó el polémico artículo que recortaba los ingresos de los trabajadores en uso de licencias médicas. De no mediar imponderables, el nuevo régimen laboral será ley esta semana.
El trámite legislativo confirmó que en el tablero político post elecciones de octubre los partidos políticos tradicionales perdieron relevancia. Lo que alguna vez fue la alianza Cambiemos y los componentes que la integraron están al borde de la extinción, mientras que el peronismo atraviesa un período de balcanización con pronóstico reservado.
Los partidos de alcance nacional no contienen, no aglutinan, no convencen y en ese río revuelto son los gobernadores y las fuerzas provinciales quienes terminan definiendo las votaciones.
Por paradójico que suene, la compleja situación de la economía termina operando a favor de los intereses libertarios en la negociación con los jefes territoriales. La crisis del consumo y del empleo registrado se traduce en una caída de la recaudación que impacta de lleno en las arcas de las provincias.
La escasez empuja al pragmatismo y la necesidad siempre tiene cara de hereje. La prioridad principal hoy para gobernadores e intendentes pasa por la propia gobernabilidad. Lo que depende directamente de la disponibilidad de recursos para pagar salarios y sostener los sistemas de educación, salud y seguridad.
En ese contexto, las provincias no tienen mucho margen de negociación frente a un gobierno que apela invariablemente a la ley del garrote y la zanahoria para sumar adhesiones. Incluso legisladores que responden gobernadores peronistas, como los de Salta, Catamarca y Tucumán levantaron sus manos a favor de la reforma.
El entramado de alianzas que logró el Gobierno nacional, que hace bastante tiempo dejó de lado la prédica anticasta para abrazar las más tradicionales prácticas de la rosca política, resultó tan bien diseñado que incluso diputados que votaron en contra del proyecto fueron funcionales a su aprobación dando quorum.
¿Modernización o regresión?
La polémica detrás de esta reforma radica en que reduce derechos laborales y afecta a las cajas previsionales (a la nacional y a las que no fueron transferidas a esa órbita, como la de Misiones) a cambio de una reducción en los costos laborales que pagan los empresarios.
El argumento que esgrime el oficialismo es que mientras menor sea el costo de tener a sus trabajadores en blanco, menor será la resistencia de los empleadores a “blanquear” a sus empleados, lo que debería reducir la informalidad.
Quienes están en contra de la medida aseguran que la reducción de derechos laborales no llevará a un aumento del empleo registrado.
Recuerdan que la fallida experiencia de la flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza no sirvió para combatir el desempleo y que el crecimiento más pronunciado del trabajo registrado se consiguió de 2002 en adelante, bajo imperio de un esquema legal más protector que el actual, con medidas como la doble indemnización para despidos injustificados.
Argumentan que el empleo aumenta cuando se incrementa la actividad económica, no cuando el trabajador pierde derechos.
El triunfo de la emoción
Entre ese difuso colectivo que suele denominarse «la gente común», que se expresa en espacios compartidos de la vida cotidiana o más comunmente a través de las redes sociales, la discusión se plantea en el terreno de lo emotivo antes que en el racional contraste de argumentos.
El hartazgo de la política juega en la opinión pública a favor del experimento libertario. Impera en buena parte de la población un impulso destructivo que lleva a mucha gente a apoyar medidas que van en contra de sus propios intereses. La consigna es romper todo para empezar de cero, aunque nadie tenga muy en claro cuándo ni cómo será la supuesta reconstrucción.
El problema es que en esa pulsión destructiva no se miden las consecuencias.
En la tribuna opositora impera una lógica parecida: urge una imperiosa necesidad de que el Gobierno nacional fracase lo más pronto posible para evitar males mayores.
Los extremos liberan sus fantasías de destrucción sin notar la relación directa que existe entre la política, las instituciones y las decisiones de los gobiernos y lo que ocurre en la vida cotidiana.
Pero las administraciones provinciales y municipales están obligadas a nadar contra esa corriente, por convicción o por instinto de supervivencia. Por naturaleza, están inclinadas a preservar lo que hay y a intentar construir a partir de esas bases. Para quien es responsable por la gestión de un territorio, el pragmatismo y la racionalidad no son optativos.
Para provincias como Misiones, embarcarse en una gesta contra un Gobierno nacional, al que le quedan por lo menos dos años de mandato, acarrearía consecuencias nefastas no solo para la administración provincial sino fundamentalmente para la gente. Los programas Ahora, el Boleto Educativo Misionero, la atención en el hospital público y la educación pública están en juego.
“Detrás de cada votación en el Congreso hay un intento de cuidar recursos para el aguinaldo, para el salario, la ayuda escolar, la continuidad de políticas que amortiguan la crisis”, fundamentan desde la Provincia.
Economía en parálisis
En la actual hoja de ruta de la política económica, el Banco Central (BCRA) trazó una línea clara: la prioridad absoluta es la desinflación. Sin embargo, este camino no es gratuito. La estrategia de mantener tasas de interés reales positivas y una política monetaria contractiva está generando una presión creciente sobre la actividad económica, planteando un escenario donde el éxito financiero de corto plazo podría colisionar con la realidad de la economía real.
El dato de inflación de enero, que se ubicó por encima de las expectativas del mercado, ha confirmado que la inercia de precios es más resistente de lo previsto. Con un IPC que difícilmente perfore la zona del 2% mensual en el corto plazo —especialmente por el impacto de los aumentos en las tarifas de servicios públicos—, el BCRA se ve obligado a estirar el horizonte de tasas elevadas, posiblemente hasta junio.
Esta política busca dos objetivos inmediatos: absorber liquidez para evitar que los pesos presionen sobre el dólar y sostener el atractivo del carry trade. Mientras la tasa rinda por encima de la inflación y el tipo de cambio se mantenga estable, el Gobierno logra cierta paz financiera. No obstante, este equilibrio es «quirúrgico» y depende de una fragilidad extrema en la demanda de pesos.
El costo más visible de este esquema recae sobre el nivel de actividad. Como señalan diversos economistas y consultoras como LCG, la economía argentina promedia un crecimiento nulo desde mediados de 2025, con señales claras de caída en los últimos meses.
El impacto negativo se canaliza a través de tres vías principales:
Enfriamiento del crédito: Con tasas de interés reales positivas, el acceso al financiamiento se vuelve prohibitivo tanto para las familias como para las empresas. El crédito, motor fundamental de la inversión y el consumo de bienes durables, se retrae ante condiciones financieras más exigentes.
Caída del consumo: La política contractiva reduce el ingreso disponible y encarece el costo de oportunidad de gastar. En un contexto donde la morosidad de las familias ha escalado a niveles inéditos (alcanzando el 9,3% en diciembre según datos recientes), el margen para sostener el consumo interno es mínimo.
Inversión en pausa: La incertidumbre sobre cuándo cederá la inflación, sumada al alto costo del capital, lleva a que muchos proyectos de inversión se posterguen. El sesgo «pro-importador» y la falta de crédito genuino configuran un escenario dispar donde solo sectores muy específicos (como el agro o la energía) logran mantenerse a flote.
El mercado debate hoy el trade-off (intercambio) entre estabilidad y crecimiento. Expertos como Federico Glustein y Leo Anzalone coinciden en que la política contractiva se mantendrá como ancla mientras la inflación no logre estabilizarse. La mirada está puesta en el segundo trimestre: el ingreso de divisas por la cosecha gruesa de soja podría ofrecer un respiro y permitir una mayor demanda de pesos genuina.
Sin embargo, el riesgo político de este esquema no es menor. Mantener una economía «fría» durante dos años de gestión puede erosionar el capital social del programa económico. Si la inflación no afloja lo suficiente como para permitir una baja de tasas, el impacto recesivo podría profundizarse, transformando la actual moderación en un estancamiento prolongado.
Gestión a prueba de crisis
La que pasó fue una semana intensa para Misiones en materia de gestión. Tras negociaciones intensas, se confirmaron aumentos salariales para las fuerzas de seguridad y docentes que se ejecutarán en dos tramos, en febrero y abril. Salud y Administración Central serán convocadas en marzo para discutir sus actualizaciones. En un contexto donde la mayoría de las provincias congelan o postergan incrementos, el Gobierno de Misiones busca mejorar la situación de los empleados públicos en la medida de sus posibilidades presupuestarias.
Se lanzaron nuevamente los programas Ahora Escolar y Ahora Textos, con cuotas sin interés y reintegros para aliviar el gasto de las familias en el regreso a clases. Se acreditará la Ayuda Escolar el 25 de febrero, con $91.000 por hijo y $227.500 por hijo con discapacidad.
La Provincia invirtió $1.150 millones para acondicionar más de 300 escuelas antes del inicio del ciclo lectivo. Sostiene el Boleto Educativo Misionero para 400 mil estudiantes, aun con caída de coparticipación.
Además Misiones mejoró su desempeño en el Índice de Transparencia Presupuestaria de CIPPEC, alcanzando 7,55 puntos y ubicándose entre las jurisdicciones más consistentes del NEA.
El gobernador Passalacqua recorrió el Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos, único organismo público de su tipo en el país, que incorporó un nuevo móvil para reforzar colectas en el interior y garantizar sangre segura en todo el sistema sanitario.
Todo eso ocurre en paralelo al grito, al insulto, al clima de demolición.
La gestión provincial se desarrolla en un contexto social y político complejo. Si bien la administración destaca su experiencia en el manejo de crisis financieras y técnicas, el factor emocional es el que parece marcar el pulso de la opinión de las mayorías.
El clima social actual refleja un agotamiento emocional y una creciente polarización que desafía las formas tradicionales de construcción política en la región. La demanda ciudadana exige caos sin tomar conciencia real de los efectos de esa demanda. Apostar por la preservación y por la construcción en medio de tanta pulsión destructiva es un acto revolucionario.
MOL
