Ni siquiera queda el recurso de apuntar contra los sindigarcas después de haber tranzado con lo más rancio de la patria sindical, que a cambio de hacer la vista gorda frente a una reforma laboral que avanza sobre los derechos de los trabajadores, conservaron las enormes cajas de las obras sociales y de los aportes compulsivos de empresas y trabajadores.
Ni los kukas, ni la casta política, ni el nido de ratas del Congreso, ni los sindicatos resultan buenos villanos en el contexto actual, lo que obligó a los constructores del relato libertario a buscar nuevos enemigos para sostener la épica de la revolución cultural.
Lo encontraron recorriendo un camino ya trillado por el kirchnerismo: ahora los malos con los empresarios que buscan sostener privilegios a costa del bolsillo del argentino de a pie.
El mensaje disciplinador apunta sus cañones a figuras como “Don Chatarrín de los Tubitos Caros”, apodo que se ganó el CEO de Techint, Paolo Rocca, por activar el procedimiento antidumping después de haber perdido una licitación para un gasoducto en Vaca Muerta; “Don Gomita Alumínica”, que no es otro que Javier Madanes Quintanilla, a quien Milei acusa de haber cerrado FATE para presionar por una baja en los aranceles al aluminio que afectan a su otra empresa, Aluar y el “Señor Lengua Floja”, el sincericida Roberto Méndez, CEO de la cadena de neumáticos Neumen, quien reconoció que en vigencia plena del proteccionismo kirchnerista robaban con márgenes de ganancia superiores al 70%.
Ante la imposibilidad o el desinterés del Gobierno nacional por detener el proceso de destrucción de la industria y del empleo registrado, se busca dotarlo de una pátina de justicia simbólica. Porque si los “empresaurios” son los villanos, entonces la fundición de sus empresas es un acto de justicia.
Este argumento conecta en forma directa con el concepto freudiano del thánatos, que representa el impulso inconsciente hacia la destrucción y que está muy presente en la retórica de las nuevas derechas. Como en el libro del Apocalipsis, muy transitado por las corrientes evangelistas que simpatizan con tendencias políticas antedichas, la destrucción aparece como un acto de justicia inexorable y necesario para la purificación.
El problema es que cuando el thánatos se aplica a la industria nacional, la destrucción se extiende al empleo, no solo a los trabajadores que se desempeñan de manera directa en las empresas de ese sector sino también en los que se benefician del efecto multiplicador que la industria genera en la prestación de servicios y el comercio.
Los datos son contundentes, desde que asumió Milei cerraron más de 22.000 empresas en la Argentina y se perdieron más de 320 mil empleos registrados, según datos oficiales de la SRT.
Desde el Gobierno nacional desestiman la crisis del empleo registrado argumentando que los informes oficiales del INDEC revelan un crecimiento del empleo en general, pero no aclaran que ese incremento se explica íntegramente por un aumento en la cantidad de trabajadores informales (más de 200 mil en los últimos dos años) y de los monotributistas, categoría que suma a 130 personas más que en 2023.
Si bien las encuestadoras y observatorios de opinión pública coinciden en marcar una leve caída en la imagen de Milei y de su gestión, todos coinciden en que el presidente conserva un núcleo duro que alcanza a un tercio del electorado. Número más que suficiente para enfrentar a una oposición que por ahora no está en condiciones de competir, por falta de figuras y por ausencia de un programa alternativo.
En buena parte de la gente que sigue respaldando el experimento libertario conviven en franca contradicción el thánatos, ese impulso destructivo que tan bien interpretan Milei y sus comunicadores, con el instinto de autoconservación.
Esa contradicción es la que lleva a empleados públicos a votar motosierra y reclamar aumento salarial, a productores yerbateros a votar desregulación y exigir precios mínimos o a dirigentes tabacaleros a militar libertad y bloquear el acceso a empresas acopiadoras.
La falla en el sistema
La tribuna libertaria trajina estudios de TV y de streaming, llena minutos de radio y se multiplica en las redes sociales con la misión de promocionar las virtudes de una macroeconomía más ordenada, pero tanto triunfalismo choca de frente contra la situación real de la gran mayoría de las familias cuya capacidad de consumo se redujo notoriamente.
Los datos de la economía evidencian las paradojas de un modelo diseñado para el crecimiento de algunos y la destrucción de otros. Según el INDEC, la actividad económica creció 4,4% interanual en 2025, pero el empleo formal cayó 2,9%. La economía mueve cada vez más dinero, pero esos recursos están concentrados en menos manos.
El crecimiento está lejos de ser homogéneo, sectores beneficiados por el modelo actual despegan y otros se desploman. Con la particularidad de que los sectores que atraviesan una etapa de bonanza, como la agricultura extensiva, la minería y la intermediación financiera, no demandan mano de obra, mientras que las actividades que sí generan empleo de calidad, como la industria, el transporte, la construcción y el comercio, están en severo retroceso.
Entonces la economía crece, pero el empleo registrado retrocede y la gran mayoría de la gente tiene cada vez menos plata y el mes se le hace cada vez más largo.
El cuadro se completa con una política fiscal regresiva que beneficia a los sectores más pudientes con reducciones en los impuestos a la compra de bienes suntuarios, como los autos importados y medidas de corte excepcional como el blanqueo o la ley de inocencia fiscal, mientras que a los monotributistas los castiga con una recategorización compulsiva ejecutada con tanta mala saña como para considerar cualquier acreditación en billeteras virtuales (incluso desde cuentas propias) como un ingreso laboral.
La inflación es otro factor que afecta cada vez más. La IPC revirtió su proceso de caída en junio del año pasado y desde entonces viene en aumento, pero el número oficial no refleja ni por asomo el aumento real en los costos de las familias, porque gastos relevantes como alquileres, transporte, combustibles, tarifas de servicios y alimentos muy consumidos como la carne, aumentaron muy por encima de la inflación oficial.
La receta libertaria para defender al bolsillo del soberano no dista mucho de la aplicada por anteriores experiencias de liberalismo ortodoxo: sostener el dólar lo más abajo posible mediante tasas de interés positivas y abrir el mercado interno a importaciones de productos terminados, que gracias al dólar contenido y al tan mentado “costo argentino”, llegarán al país a precios más bajos que los productos nacionales.
Con una inflación oficial corriendo al 3% mensual y una inflación real por encima de esos valores en un contexto de estabilidad del tipo de cambio, el incentivo a importar aumenta mes a mes.
La industria nacional entonces enfrenta un doble desafío: por un lado debe competir con el ingreso de productos importados más baratos y por el otro las tasas positivas (necesarias para sostener el tipo de cambio) enfrían el crédito para el consumo y la inversión, lo que resiente la demanda.
Además, esta vez la apertura comercial se practica en un mundo marcado por la guerra comercial entre China y EE UU, conflicto que se libra con armas tradicionales como el proteccionismo por parte de quien domina el mercado interno más grande del mundo y el dumping a cargo del dueño del aparato industrial más potente de la historia de la humanidad.
Ese es el caldo en el que se está cultivando la destrucción de la industria nacional y un cambio profundo en la estructura del empleo, que muta desde la seguridad del trabajo registrado hacia formas de cuentapropismo de baja remuneración.
Impacto provincial
La debacle la economía real y de la producción local victimiza a las provincias. La recaudación se desmorona y las transferencias de Nación caen bajo el filo de la motosierra. El margen de maniobra para gobiernos provinciales y municipios se estrecha.
Misiones, por su estructura productiva, siente con más fuerza estos ciclos, porque las economías regionales están más expuestas a los procesos de crisis, por cuestiones de escala y de márgenes de utilidad.
En ese escenario, el Gobierno provincial intenta sostener una estrategia distinta: administrar con prudencia y hacer lo posible con herramientas limitadas.
En los últimos días el gobernador Hugo Passalacqua anunció la eliminación de 114 cargos jerárquicos para simplificar la estructura y cuidar recursos. No se trató de un gesto “pour la galerie” sino de una reconfiguración administrativa orientada a reducir gastos políticos y optimizar la inversión pública en áreas prioritarias. “Si los ingresos caen, hay que ordenar puertas adentro antes de pedir esfuerzos afuera”, razonaron desde el Gobierno provincial.
“Si los ingresos caen, hay que ordenar puertas adentro antes de pedir esfuerzos afuera”,
Además, la Provincia formalizó convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinados a canalizar financiamiento productivo y fortalecer la infraestructura estratégica. Estos acuerdos contemplan una partida de 5.500 millones de pesos para pequeñas y medianas empresas, con el objetivo primordial de sostener y fomentar el empleo. La gestión provincial sostiene que, ante el escenario actual, la prioridad es asignar los recursos disponibles en áreas con mayor impacto directo en el mercado laboral.
En cuanto al consumo interno, los programas «Ahora» alcanzaron niveles destacados de ventas durante 2024 y 2025, movilizando aproximadamente 100 mil millones de pesos en el mercado local el último año. Si bien estos programas no corrigen las variables macroeconómicas, actúan como herramientas de apoyo para el comercio y el empleo.
Complementariamente, el Gobierno mantiene una agenda de presencia territorial, que incluye inversiones en las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA) y la participación en eventos productivos locales, como la Fiesta del Té en Campo Viera.
En el ámbito político, se observa un cambio de tendencia en la comunicación gubernamental hacia un perfil de menor exposición y mayor enfoque en la gestión operativa. Esta estrategia busca priorizar la eficiencia del gasto y una administración de proximidad.
No obstante, la escasez de recursos plantea desafíos ante las demandas de sectores gremiales y empresariales. Históricamente, Misiones ha mantenido una estructura estatal proporcionada a su demografía y una política fiscal de austeridad.
Lejos de la retórica que apela a seducir al electorado apelando al impulso de destrucción alimentado por el hartazgo, el Gobierno provincial se propone resistir la sequía sin romper el tejido social.
«La economía no se ordena solo recortando. Se ordena cuando vuelve a crecer. Y crecer, en una provincia como Misiones, significa cuidar el empleo, sostener a quienes producen y no abandonar a quienes dependen del Estado para atravesar la tormenta”, argumentó convencido un funcionario provincial de primera línea en un intento por resumir una línea de gobierno que suena contracultural cuando se analiza el panorama nacional.
