Jorge Villalba
Cada vez más compañías, desde la industria hasta el comercio y el agro, enfrentan un contexto crítico que les lleva a optar por concursos preventivos, defaults y procesos de quiebra. El deterioro del consumo interno y el aumento en los costos operativos, junto con dificultades para acceder al crédito, comparten un mismo hilo conductor en estos casos.
La empresa de electrodomésticos Goldmund, conocida por su marca Peabody, solicitó un concurso preventivo para reestructurar sus deudas. La firma busca tiempo para ajustar su situación financiera en un mercado cada vez más desafiante.
En el sector comercial, la situación es grave. Garbarino, una histórica cadena minorista, fue liquidada tras más de cuatro años de trámites judiciales sin conseguir un inversor que la rescatara.
El sector agropecuario también siente el impacto. Italar, una compañía agrícola de Chaco, pidió su concurso preventivo debido a campañas productivas adversas y un endeudamiento que supera los 16.000 millones de pesos.
En el ámbito tecnológico, Bioceres S.A., con deudas superiores a 39 millones de dólares, ha iniciado un proceso de quiebra. Del mismo modo, la industria textil es severamente afectada, destacando concursos preventivos de empresas como Hilados S.A. y Emilio Alal S.A., que citan reducción del consumo y aumento de importaciones como causas principales.
Incluso empresas del sector de infraestructura están en la cuerda floja. Alic S.A., dedicada a la venta de luminarias LED, ha solicitado un concurso preventivo por problemas de liquidez y caída de ventas vinculadas a la paralización de la obra pública.
Estos casos reiteran que el concurso preventivo se está convirtiendo en un recurso indispensable para las empresas argentinas que intentan evitar un colapso definitivo, en un entorno económico incierto que exige la renegociación de deudas para sobrevivir.
