OSECAC advierte que miles de monotributistas podrían perder la cobertura médica

El sindicato de Comercio y OSECAC ha alertado al Gobierno nacional sobre el riesgo de que los monotributistas queden sin cobertura médica debido al desajuste entre los aportes realizados y los costos del sistema de salud.

Armando Cavalieri, secretario general del sindicato, y Carlos Pérez, titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, para discutir la crítica situación del sistema sanitario.

El informe indica que el costo promedio del Programa Médico Obligatorio es de más de $100,000 mensuales por adulto, y para los adultos mayores, oscila entre $160,000 y $170,000. Sin embargo, el aporte de un monotributista es de solo $22,000 mensuales. Este monto apenas cubre el costo de una consulta médica, ya que las radiografías oscilan entre $80,000 y $150,000 y los análisis clínicos completos pueden costar entre $200,000 y $300,000. Las cirugías, por su parte, varían entre $1,000,000 y $2,500,000, además de tratamientos de alta complejidad.

Héctor Cavalieri advirtió que “el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje”, lo que exige medidas urgentes para garantizar la cobertura de los monotributistas. Esta preocupación surge en el contexto de un debate sobre cómo asegurar la viabilidad financiera de la salud para quienes tributan bajo este régimen.

Entre las soluciones propuestas se considera equiparar los aportes de los monotributistas con los de los trabajadores en relación de dependencia o, alternativamente, eliminar el aporte de salud en el régimen, lo que representaría un cambio significativo en la financiación de estas prestaciones.

Desde OSECAC, Carlos Pérez intentó tranquilizar a los afiliados, asegurando: “No estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales”. No obstante, Cavalieri advirtió que “más de 300,000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC, y si no se discute y resuelve este problema estructural, podrían quedar al margen del sistema”.

Este debate subraya la necesidad de encontrar una solución que equilibre la equidad y la sostenibilidad: por un lado, proteger el acceso a la salud de los trabajadores independientes, y por el otro, garantizar la capacidad operativa de las obras sociales. A medida que avancen las negociaciones entre gremios, obras sociales y el Estado, será crucial definir qué mecanismos de aportes y subsidios se implementarán para reorganizar financieramente el régimen sin desproteger a los afiliados.