Polémica por controles en frontera: cuestionan que Gendarmería asuma funciones aduaneras

La controversia surgió luego de que, tras allanamientos a funcionarios, la Justicia dispusiera que personal de Gendarmería Nacional Argentina realizara controles de vehículos y documentación en zona primaria aduanera, tareas que corresponden a la Dirección General de Aduanas.

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Según especialistas en derecho administrativo, la medida genera serios cuestionamientos legales. En la zona primaria aduanera —el espacio donde se realiza el control del ingreso y egreso de mercaderías—, la función de Gendarmería es de apoyo en materia de seguridad, pero no de control aduanero directo.

El eje del debate gira en torno al principio de competencia, que determina qué puede hacer cada órgano del Estado y bajo qué condiciones. “No se trata de un tecnicismo, sino de la base que garantiza orden, previsibilidad y legalidad en la administración pública”, señalan fuentes jurídicas consultadas.

En este marco, cobra relevancia el principio de legalidad, establecido en la Constitución de la Nación Argentina. A diferencia de los ciudadanos, que pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe, los funcionarios públicos solo pueden actuar dentro de las atribuciones que la ley les concede expresamente. Actuar fuera de ese marco puede derivar en la nulidad de los procedimientos y en eventuales sanciones.

Otro punto central es el rol del Poder Judicial. Juristas advierten que un juez no puede redistribuir competencias entre organismos del Estado, ya que estas están definidas por leyes y normas vigentes. Alterarlas implicaría, en los hechos, asumir funciones propias del Poder Legislativo, lo que entraría en tensión con el principio de división de poderes.

En este contexto, crece la preocupación por las consecuencias jurídicas de los procedimientos realizados. Si se confirma que fueron llevados a cabo por personal sin competencia legal, podrían ser declarados nulos, afectando causas y controles vinculados al comercio exterior.

Mientras tanto, la situación abre interrogantes incómodos dentro del propio sistema: si estas irregularidades son producto de una medida excepcional ante un contexto específico o si, por el contrario, responden a una decisión que podría tener efectos más amplios en la operatoria aduanera.