Jorge Villalba
El Gobierno nacional finalizó la política de salarios congelados para el Gabinete que se extendió durante dos años. A través del decreto DNU 931/2025, publicado el 2 de enero, se autorizaron incrementos que superaron el 100% para la plana mayor del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los sueldos del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel permanecieron sin cambios.
La recomposición salarial benefició a ministros, secretarios y subsecretarios, quienes vieron una escalada significativa en sus haberes. Un ministro, que en diciembre cobraba un sueldo bruto de $3.584.006, pasó a percibir $7.129.501 en enero. Para mayo, su remuneración ascenderá a $8.020.866. Este incremento acumulado entre diciembre y mayo representa un 123%.
Por su parte, los secretarios pasaron de un salario de $3.282.709 a cobrar $6.530.145 en enero y recibirán $7.346.575 en junio, correspondiente al sueldo de mayo. En tanto, los subsecretarios, que en diciembre percibían $2.981.513, cobraron $5.930.989 por enero y su sueldo de mayo alcanzará los $6.672.510. Los nuevos salarios quedaron atados a los futuros porcentajes de aumento de la administración pública nacional.
Desde el oficialismo justificaron la medida debido a la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los salarios de los funcionarios durante los dos años de congelamiento. Fuentes del Gobierno aclararon que, a pesar del significativo aumento, el porcentaje sigue por debajo de la inflación acumulada, que calculan en un 194%. La decisión se tomó en un contexto de presión interna por la fuga de empleados de alto rango hacia el sector privado, donde los sueldos resultaban más competitivos.
En el texto del decreto, la Casa Rosada alegó que era necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado contaran con un esquema de remuneraciones “adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.
Además, en los considerandos de la norma se añadió una defensa de la profesionalización del Estado. “Un esquema de autoridades superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas, en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado nacional”, señalaron en el decreto. El texto también sostuvo que el ordenamiento salarial era posible sin afectar las finanzas públicas. “Teniendo en consideración el superávit fiscal alcanzado y el orden macroeconómico que ha logrado esta administración, corresponde implementar un ordenamiento equitativo en la estructura salarial sin comprometer la sostenibilidad fiscal”, puntualizaron.
Los nuevos haberes de los funcionarios contrastan con otras remuneraciones del sector público y privado. Según cálculos del gremio ATE, el promedio salarial de los trabajadores estatales nacionales es de $1.200.000, con un ingreso mínimo de $600.000. Por otro lado, hasta marzo, los senadores cobraron $11,6 millones en bruto, mientras que los diputados rondaron los $7 millones.
La escala salarial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación detalla que un juez del máximo tribunal percibe un básico de $9.900.643. Muy lejos de esas cifras se ubica la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que para enero de 2026 se ubicó en $1.646.344. Este indicador refleja el promedio de los trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.
MOL
