Jorge Villalba
El aumento de la morosidad entre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en Argentina, registrado en el inicio de 2026 en todo el país, refleja el deterioro de la economía en un contexto de crisis nacional y recesión. Se da con dificultades de financiamiento, caída de ventas y altos costos crediticios que ponen en riesgo la continuidad de miles de firmas.
El escenario financiero de las PyMEs atraviesa una fragilidad extrema. La retracción del crédito y la pérdida de capacidad de pago ya se traducen en un fuerte incremento de incumplimientos. Según datos oficiales, la cartera PyME en situación irregular —con atrasos superiores a 90 días— alcanzó el 8,2% en enero.
El deterioro fue acelerado. La cantidad de empresas con deudas impagas de más de tres meses creció un 93,5% interanual respecto a enero de 2025, de acuerdo a un informe de la Asociación de Bancos Públicos y Privados. Además, la morosidad más grave —con atrasos superiores a 180 días— aumentó un 84,9% en el último año.
Mora récord: pese a las disposiciones del BCRA los bancos no bajan las tasas por la alta incobrabilidad
En este contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó una medida para dar alivio al sistema. La autoridad monetaria flexibilizó los encajes bancarios, reduciendo la integración mínima del 75% al 65%. El objetivo es liberar liquidez para que los bancos puedan asistir a las PyMEs y evitar una ola de quiebras.
Desde el sector financiero reconocen que el impacto no será inmediato. Las entidades analizarán cada caso de forma individual y la normalización llevará tiempo. Sin embargo, destacan que la prioridad es evitar que las empresas queden fuera del sistema.
“Lo importante es que las empresas se mantengan dentro del sistema. Que no se caigan, porque eso significaría directamente la quiebra”, señalaron desde un banco.
Un problema transversal
El incremento de la morosidad no distingue sectores. Servicios, comercio, agro, construcción, industria y minería muestran un deterioro generalizado. Esto confirma que no se trata de crisis puntuales, sino de un problema estructural vinculado a la recesión económica y al endurecimiento de las condiciones financieras.
El sistema de garantías también refleja la tensión. La morosidad en las Sociedades de Garantía Recíproca alcanzó el 3,1%, mientras que en los fondos públicos llegó al 5,2%, niveles que encienden señales de alerta.
A su vez, se profundiza la brecha con las grandes empresas. Mientras estas lograron sostener mejores indicadores, las PyMEs sufren con mayor intensidad la caída del financiamiento. Los bancos, en una postura defensiva, acortaron plazos y endurecieron requisitos para nuevos préstamos.
Crédito caro y riesgo creciente
El acceso al crédito se volvió más restrictivo y costoso. Las tasas para adelantos en cuenta corriente —una herramienta clave para financiar el capital de trabajo— son significativamente más altas para las PyMEs que para grandes compañías.
A esto se suma un factor de riesgo adicional: cerca del 29% del crédito PyME está nominado en dólares. En un contexto de volatilidad cambiaria, esto incrementa la presión sobre las empresas y complica aún más su capacidad de pago.
La combinación de inflación persistente, tasas elevadas y caída en las ventas genera un efecto de “pinza” sobre la rentabilidad. Muchas empresas recurren a financiamiento de corto plazo para sostener operaciones, lo que alimenta un círculo de endeudamiento difícil de revertir.
Radiografía federal
El fenómeno tiene alcance nacional, aunque con diferencias regionales. Las mayores tasas de morosidad se registran en provincias con estructuras productivas más vulnerables, como Formosa (13,8%), Salta (11,9%) y La Pampa (11,4%).
En contraste, distritos como Misiones (6,1%) o San Luis (6,3%) muestran niveles relativamente más bajos, aunque dentro de un contexto general de fragilidad.
El diagnóstico es claro: en medio de la crisis económica y la recesión, las PyMEs enfrentan un escenario cada vez más complejo. Las medidas del BCRA buscan ganar tiempo, pero el desafío de fondo sigue siendo reactivar la economía y recomponer el acceso al financiamiento para sostener el entramado productivo.
