Jorge Villalba
Los números son contundentes. La falta de pago en tarjetas de crédito ya ronda el 11%, mientras que en el sistema no bancario —financieras, mutuales y billeteras virtuales— supera el 25% y en algunos casos alcanza el 30%, niveles que no se registraban desde la crisis de 2001.
Detrás de estos datos hay una realidad concreta: salarios que no logran recomponerse al ritmo del costo de vida y cuotas que, con la baja de la inflación, dejaron de licuarse. Así, lo que antes se diluía con el tiempo hoy pesa cada vez más en el bolsillo.
El resultado es un escenario donde miles de trabajadores, jubilados y familias ven cómo gran parte de sus ingresos se va en deudas, intereses y descuentos automáticos, reduciendo al mínimo el dinero disponible para vivir.
Frente a este cuadro, provincias como Santa Fe ya comenzaron a diseñar planes de alivio, con refinanciación de deudas, tasas más bajas y límites a los descuentos salariales, en un intento por contener una situación que amenaza con profundizar el malestar social.
Mientras desde el Gobierno nacional se destacan indicadores de desaceleración inflacionaria, en la economía real el panorama es otro: el endeudamiento crece, la mora se dispara y cada vez más familias quedan al borde del sistema.
El interrogante que se abre es inevitable: si el orden macroeconómico puede sostenerse cuando, en paralelo, se deteriora la capacidad de pago de la sociedad.
