Jorge Villalba
El proyecto, impulsado en la Cámara de Representantes y promovido por Carlos Rovira, no se limita a los casos de corrupción. Va mucho más allá y amplía el filtro a situaciones que hasta ahora no impedían competir.
Si la iniciativa avanza, no podrán ser candidatos:
Personas con condenas penales, incluso sin sentencia firme
Deudores alimentarios
Contribuyentes con deudas fiscales
Conductores con infracciones graves acumuladas
Acusados por ciberdelitos como grooming o fraude digital
En algunos casos, ni siquiera hará falta una condena firme: bastará con estar en proceso judicial avanzado para quedar fuera.
El proyecto también incorpora una exigencia inédita:
👉 test toxicológico obligatorio para todos los candidatos
Quienes no puedan acreditar condiciones aptas o antecedentes de rehabilitación podrían ser excluidos automáticamente.
La presión no será solo para los candidatos. Los partidos políticos también deberán revisar a fondo sus listas, ya que podrían enfrentar sanciones si presentan postulantes que no cumplan con los requisitos.
Además, cualquier ciudadano podrá impugnar candidaturas, lo que abre la puerta a un escenario de fuerte disputa política y judicial.
La iniciativa sube la vara y endurece el acceso a la política en un año electoral clave.
Para algunos, se trata de un avance en transparencia. Para otros, de un filtro que podría dejar afuera a muchos actores del sistema político.
Lo cierto es que, si se aprueba, el mapa electoral en Misiones podría cambiar antes de empezar la campaña.
