Jorge Villalba
La medida, formalizada por decreto y firmada por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, implica un incremento acumulado de hasta el 123,8% que comenzará a impactar plenamente en junio.
QUIÉNES RECIBEN LA SUBA
El aumento alcanza a la primera línea del Poder Ejecutivo:
Ministros y secretarios con rango ministerial
Secretarios y subsecretarios
Directores nacionales
Autoridades de empresas públicas y entes autárquicos
En términos salariales, los cambios son significativos:
Ministros: de $3,5 millones a más de $8 millones
Secretarios: de $3,2 millones a $7,3 millones
Subsecretarios: de $2,9 millones a $6,7 millones
Quedan afuera el propio Presidente y la vicepresidenta, cuyos sueldos continúan congelados.
Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de un “descongelamiento” de salarios que no se actualizaban desde diciembre de 2023 y que busca equiparar a la conducción política con el resto del sector público.
Sin embargo, la decisión llega en un momento sensible:
Caída del poder adquisitivo
Ajuste del gasto
Recortes en distintas áreas del Estado
El decreto incluye una cláusula: si reaparece el déficit fiscal, los aumentos se suspenden automáticamente. Es decir, la medida intenta mantenerse dentro del equilibrio que el Gobierno considera central.
Aun así, el contraste es inevitable.
Porque mientras se pide esfuerzo a amplios sectores de la sociedad, la recomposición en la cúpula estatal reabre una discusión incómoda:
hasta dónde llega el ajuste y dónde empieza la excepción.
En términos políticos, el Gobierno enfrenta un desafío delicado.
Sostener el equilibrio fiscal es una bandera clara, pero decisiones como esta obligan a afinar el mensaje.
No se trata solo de números.
Se trata de percepción.
Y en tiempos de ajuste, cada decisión que involucra a la dirigencia pesa el doble.
