Jorge Villalba
Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET), el gasto real destinado a educación superior cayó un 28,9% entre 2023 y 2025, mientras que para 2026 se proyecta un recorte acumulado del 41,2%.
El impacto también golpea de lleno a docentes y trabajadores universitarios. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 293,4%, mientras que los salarios del sector perdieron un 33,7% de poder adquisitivo.
Actualmente, un profesor titular con dedicación exclusiva percibe un salario básico de $1.582.283, apenas por encima de la Canasta Básica Total medida por el INDEC para una familia tipo, que en marzo se ubicó en $1.434.464.
Desde el ámbito universitario advierten que el deterioro financiero ya afecta no sólo el dictado de clases sino también el funcionamiento general de las instituciones y hospitales universitarios.
El economista Javier Curcio, integrante del IIEP y director del Departamento de Economía de la UBA, sostuvo que “si no se cumple la ley de financiamiento universitario, la inversión en educación superior caerá por debajo del 0,5% del PBI, el nivel más bajo desde la salida de la convertibilidad”.
Además, recordó que desde 2002 el sistema universitario creció fuertemente tanto en cantidad de instituciones como en matrícula estudiantil, aunque sin una actualización proporcional de recursos.
El conflicto ya atraviesa al Congreso y a la Justicia. La ley de financiamiento universitario aprobada por el Parlamento fue vetada en dos oportunidades por el presidente Javier Milei, bajo el argumento de que no cuenta con financiamiento genuino.
Actualmente, la disputa llegó a la Corte Suprema luego de que la Justicia ordenara aplicar la norma y el Gobierno apelara la decisión.
Desde la conducción de la Universidad de Buenos Aires, el vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que “las universidades siguen funcionando gracias al enorme esfuerzo de docentes y estudiantes”, y remarcó que “no quedan demasiadas instancias abiertas después de los vetos y las decisiones judiciales incumplidas”.
Por su parte, desde la Secretaría de Políticas Universitarias cuestionaron el carácter político de las protestas y advirtieron que podrían revisarse transferencias presupuestarias si las universidades no garantizan recuperación de clases y exámenes.
En este contexto, el sistema universitario llega a una nueva jornada de movilización nacional atravesado por reclamos salariales, caída presupuestaria y una fuerte disputa política sobre el futuro de la educación pública en Argentina.
