Jorge Villalba
El Gobierno de Misiones oficializó, mediante el Decreto N.º 657 publicado en el Boletín Oficial, la creación de un régimen de beneficios destinado a centros que brindan atención a personas con discapacidad. Tiene como objetivo garantizar la continuidad de los servicios ante la falta de financiamiento del Estado nacional. La medida tendrá vigencia desde mayo hasta el 31 de diciembre de 2026. Cubrirá costos básicos de funcionamiento como energía eléctrica y agua potable.
La iniciativa surge en un contexto de deuda acumulada y retrasos en los pagos por parte de Nación. Esta situación, según se advierte en los considerandos del decreto, genera “una grave afectación en el flujo de fondos” y configura una “emergencia prestacional inminente”. Esto pone en riesgo la operatividad de los centros y la continuidad de tratamientos esenciales para una población especialmente vulnerable.
En este marco, la Provincia resolvió intervenir con un esquema de asistencia directa. El programa, se denomina “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”. El mismo establece un subsidio que cubrirá consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 metros cúbicos de agua por institución.
Los fondos serán transferidos directamente a las prestatarias como Energía de Misiones S.A., Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) y cooperativas para su aplicación efectiva a los centros beneficiarios. El alcance del beneficio y su implementación quedan bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, en articulación con el Ministerio de Salud Pública.
Requisitos para acceder al beneficio
Para acceder al programa, los establecimientos deberán contar con categorización vigente otorgada por la autoridad sanitaria provincial y acreditar que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. Además, deberán cumplir con requisitos formales como la coincidencia entre el domicilio declarado y el lugar efectivo de prestación del servicio.
Desde la Provincia remarcaron que la medida tiene carácter excepcional y transitorio, y responde a la necesidad de sostener prestaciones garantizadas por la Ley Nacional 24.901. La misma establece la cobertura integral para personas con discapacidad en materia de salud, educación y rehabilitación.
En ese sentido, la decisión apunta a evitar la interrupción de tratamientos y asegurar la continuidad de servicios en un escenario crítico de financiamiento, trasladando al ámbito provincial una responsabilidad que, según se señala, corresponde al Estado nacional.
