

El Gobierno endureció su postura y rechazó el reclamo de ex policías que exigen ser reincorporados
En medio de la tensión generada por las manifestaciones de ex efectivos que reclaman volver a la Policía de Misiones, el Gobierno provincial difundió un duro posicionamiento institucional en el que dejó en claro que las desvinculaciones “ya fueron resueltas dentro del marco legal vigente” y que no habrá reincorporaciones por presión pública.
Jorge Villalba
El documento oficial sostiene que las medidas adoptadas contra los ex uniformados no respondieron a situaciones menores ni aisladas, sino a una evaluación integral de conductas consideradas incompatibles con la función policial y con la responsabilidad institucional que implica integrar la fuerza de seguridad provincial.
Según el texto, las decisiones administrativas se tomaron luego de analizar acciones que “pusieron en riesgo la estabilidad institucional, el normal funcionamiento del sistema de seguridad y la confianza pública depositada en la institución”.

En ese sentido, el Gobierno remarcó que los involucrados tuvieron acceso a todas las instancias administrativas y judiciales previstas por la ley para ejercer su defensa y cuestionar las resoluciones adoptadas.
“La reincorporación a la fuerza no depende de manifestaciones públicas ni de mecanismos de presión”, advirtieron desde el Ejecutivo provincial, al tiempo que señalaron que cualquier revisión debe realizarse exclusivamente a través de los canales legales correspondientes.
Además, el comunicado enfatiza que la Policía de Misiones posee un régimen institucional específico y exigencias particulares vinculadas a la función de seguridad pública, condiciones que —según remarcan— fueron “deliberadamente inobservadas e infringidas” por parte de quienes hoy impulsan los reclamos.
El posicionamiento oficial aparece en un contexto de creciente visibilidad de las protestas protagonizadas por ex efectivos policiales y penitenciarios que vienen reclamando públicamente su reincorporación a las fuerzas de seguridad provinciales.
Sin embargo, desde el Gobierno dejaron entrever que consideran agotada la discusión administrativa y sostienen que los planteos actuales “carecen de novedad, sustento jurídico y oportunidad”, ya que las respuestas institucionales habrían sido emitidas anteriormente por escrito y dentro de los plazos legales establecidos.
La publicación del documento marca además una señal política fuerte por parte del Ejecutivo provincial, que busca reafirmar autoridad institucional en uno de los temas más sensibles vinculados al funcionamiento de las fuerzas de seguridad.


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