Jorge Villalba
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná hizo lugar a dos amparos ambientales vinculados a fumigaciones realizadas en zonas rurales del departamento Diamante y ordenó ampliar significativamente las distancias de resguardo para la aplicación de fitosanitarios.
La resolución establece que, hasta tanto la provincia de Entre Ríos realice estudios de impacto ambiental y monitoreos específicos sobre estas prácticas, las fumigaciones terrestres deberán realizarse a una distancia mínima de 1.095 metros de las viviendas, mientras que las aplicaciones aéreas no podrán efectuarse a menos de 3.000 metros.
Además, la jueza María Fernanda Miotti declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley provincial que regula el uso de productos fitosanitarios, al considerar que representaban un retroceso en la protección de derechos vinculados a la salud y al ambiente.
Salud, producción y una discusión que sigue abierta
El fallo se originó a partir de denuncias presentadas por vecinos que aseguraron haber sufrido consecuencias derivadas de las fumigaciones realizadas en campos cercanos a sus viviendas.
Uno de los casos analizados por la Justicia incluyó estudios médicos y ambientales que fueron incorporados al expediente y que llevaron al tribunal a aplicar el principio precautorio, una herramienta jurídica utilizada cuando existen indicios de posibles daños a la salud o al ambiente.
La decisión generó reacciones inmediatas. Mientras organizaciones ambientales celebraron la resolución, entidades vinculadas al sector agropecuario cuestionaron las restricciones al considerar que podrían afectar la producción y generar incertidumbre para los productores.
Un debate que también atravesó a Misiones
Aunque el fallo corresponde a Entre Ríos, la discusión no resulta ajena a Misiones.
Durante los últimos años, distintos municipios, comunidades rurales, docentes y organizaciones ambientales impulsaron debates sobre las fumigaciones cerca de escuelas, viviendas y cursos de agua. También hubo reclamos vinculados a la protección de pequeños productores, trabajadores rurales y familias asentadas en zonas agrícolas.
La provincia, además, posee una realidad productiva diferente a la de las grandes zonas agrícolas extensivas del país. La presencia de chacras familiares, cultivos diversificados, producción yerbatera, tabacalera, forestal y hortícola hace que la convivencia entre producción y población rural sea mucho más cercana en numerosos puntos del territorio.
Por esa razón, especialistas sostienen que la discusión ya no pasa únicamente por producir más o menos, sino por encontrar mecanismos que permitan compatibilizar la actividad económica con la protección de la salud y del ambiente.
¿Podría ocurrir algo similar en Misiones?
La respuesta es que cualquier ciudadano o grupo de vecinos podría acudir a la Justicia si considera que existe un riesgo para su salud o para el ambiente derivado de determinadas prácticas productivas.
Justamente por eso, el fallo de Entre Ríos trasciende las fronteras provinciales. Más allá de sus efectos concretos sobre los productores involucrados, la sentencia vuelve a instalar una pregunta que atraviesa a buena parte de las economías regionales argentinas: cómo producir, proteger el ambiente y garantizar la salud de las personas al mismo tiempo.
Una discusión compleja, con posiciones encontradas, pero que parece estar lejos de quedar cerrada.
