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Jorge Villalba
La iniciativa fue presentada desde el bloque Innovación Federal y busca crear un mecanismo de financiamiento automático para docentes de nivel primario y secundario, tanto de gestión estatal como privada, incluyendo a los establecimientos incorporados al sistema educativo provincial.
"Buscamos el financiamiento necesario para el crecimiento y desarrollo de nuestros jóvenes", afirmó Herrera Ahuad al defender la propuesta.
El proyecto plantea que los recursos actualmente asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sean distribuidos de manera automática entre las provincias con destino específico a la educación.
Según la iniciativa, el 70 por ciento de los fondos se utilizará para complementar los salarios de docentes, directivos y personal no docente en actividad, mientras que el 30 por ciento restante será destinado a quienes desempeñan tareas en escuelas ubicadas en contextos de mayor vulnerabilidad social.
Además, los remanentes existentes al cierre de 2025 serían orientados a obras de infraestructura escolar y al fortalecimiento de la educación técnico-profesional.
Entre los argumentos expuestos en el proyecto se menciona la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes registrada en los últimos años, la reducción de la inversión educativa y los conflictos que afectaron el normal desarrollo de las clases en distintas jurisdicciones del país.
La propuesta declara la emergencia a partir del 1 de marzo de 2026 y establece un plazo de vigencia de cinco años, con mecanismos de evaluación periódica e informes trimestrales al Congreso Nacional.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que los fondos serían distribuidos con criterios automáticos y federales, evitando mecanismos discrecionales de asignación.
A su vez, las provincias que adhieran al régimen no podrán reducir el gasto educativo en términos reales durante la vigencia de la emergencia, garantizando que los aportes nacionales complementen las inversiones provinciales y no las sustituyan.
El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de llegar al recinto.
