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Jorge Villalba
Más de 700 trabajadores de Granja Tres Arroyos recibieron telegramas de despido en los últimos días y la medida provocó una profunda conmoción en Capitán Sarmiento, una localidad bonaerense de alrededor de 15.000 habitantes donde la actividad de la empresa representa una parte fundamental de la economía local.
No se trata solamente de cientos de puestos de trabajo perdidos. Detrás de cada despido hay una familia que depende de ese ingreso y, en una ciudad pequeña, el impacto rápidamente se traslada a comercios, proveedores, servicios y a toda la actividad económica.
La planta tenía más de 1.000 trabajadores y, según los relevamientos difundidos sobre el conflicto, más de 700 fueron despedidos en la última semana. La magnitud de la medida generó preocupación entre los trabajadores y sus familias, que comenzaron a movilizarse y a reclamar una solución.
La situación se agravó luego de que la empresa comunicara la suspensión de las tareas operativas en la planta de Capitán Sarmiento a partir del 1 de septiembre. El argumento empresarial hizo referencia a problemas de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas que, según la firma, afectaban el normal desarrollo de la actividad.
El impacto sobre una ciudad de 15.000 habitantes
La dimensión de los despidos adquiere especial importancia por el peso que tiene Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento.
La planta empleaba a más de 1.000 personas en una localidad de unos 15.000 habitantes. Es decir, una parte significativa de la población económicamente activa estaba vinculada directa o indirectamente con la actividad de la empresa.
Por eso, el conflicto rápidamente dejó de ser solamente laboral.
Familias que durante años organizaron su vida alrededor de esos puestos de trabajo ahora enfrentan incertidumbre económica, mientras comerciantes y prestadores de servicios observan con preocupación lo que puede ocurrir con el consumo y el movimiento económico de la ciudad.
También existen trabajadores con muchos años de antigüedad en la empresa y familias que llegaron a Capitán Sarmiento desde otras localidades para trabajar en la planta.
La Provincia intervino y ordenó la reincorporación
Ante la magnitud del conflicto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de cinco días.
La medida contempla la reincorporación de los trabajadores despedidos y abre una instancia de negociación entre la empresa, los trabajadores y las organizaciones sindicales.
El conflicto alcanza en total a unos 1.200 trabajadores de distintas plantas de Granja Tres Arroyos y su asociada Wade: alrededor de 700 en Capitán Sarmiento, 50 en Pilar y 450 en Esteban Echeverría.
La intervención oficial busca evitar que el conflicto derive en una crisis laboral todavía mayor y mantener activas las plantas mientras las partes intentan encontrar una salida.
Una crisis que excede a una empresa
El caso de Granja Tres Arroyos vuelve a poner en discusión la situación que atraviesa la industria avícola argentina.
La empresa ya había aplicado despidos en su planta de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde en agosto desvinculó a 255 trabajadores. En ese caso, la firma atribuyó la caída de la actividad a las dificultades para exportar, la sobreoferta en el mercado interno y el incremento de los costos.
En paralelo, la compañía atraviesa una situación financiera compleja y distintos establecimientos fueron afectados por suspensiones o paralizaciones de la producción.
El escenario abrió además una discusión política sobre las condiciones en las que están trabajando las empresas argentinas, el costo de producción, el mercado interno, las exportaciones y el nivel de actividad.
Para los trabajadores, sin embargo, la discusión tiene una consecuencia inmediata: conservar el empleo.
En Capitán Sarmiento, los más de 700 despidos pusieron esa realidad frente a toda la comunidad.
No cerró una fábrica, pero un pueblo entero quedó en alerta
La diferencia es importante: el conflicto no debe confundirse con un cierre definitivo de la planta.
La empresa suspendió las tareas y avanzó con despidos, pero la conciliación obligatoria dictada por la Provincia dispuso la reincorporación de los trabajadores y abrió una instancia para intentar encontrar una salida al conflicto.
Mientras tanto, Capitán Sarmiento atraviesa una situación que excede ampliamente las puertas de la fábrica.
Porque cuando una empresa de semejante tamaño despide a cientos de trabajadores en una ciudad pequeña, el impacto no termina en el trabajador que recibe un telegrama.
Se siente en el almacén, en el supermercado, en el taller, en el alquiler, en el transporte y en cada actividad que depende del movimiento económico generado por esos salarios.
Y esa es quizás la dimensión más profunda de esta crisis: más de 700 familias quedaron, al menos por ahora, frente a la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su principal fuente de ingresos.
