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Jorge Villalba
El Gobierno confirmó que son 12 los trabajadores desvinculados como parte de una reorganización de la Residencia Presidencial de Olivos. La medida también contempla la reasignación de otros empleados y el traspaso de la administración y la seguridad de la quinta a la Casa Militar.
Según explicaron fuentes oficiales, la decisión responde a una investigación interna vinculada con presuntas “filtraciones” de información sobre las actividades del Presidente y su círculo más cercano. Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es reforzar la seguridad y modificar el esquema de funcionamiento de la residencia presidencial.
La Casa Militar quedará así a cargo de la seguridad y tendrá también responsabilidades sobre la administración de la Quinta de Olivos. Desde el Gobierno aclararon que esto no significa necesariamente que todas las tareas civiles serán realizadas por personal militar, sino que quienes trabajen en relación con la residencia quedarán bajo esa estructura de conducción.
ATE salió al cruce de la decisión
Desde ATE cuestionaron la forma en que se produjeron las desvinculaciones. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, afirmó que los trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas y no pudieron ingresar a la residencia, quedando a la espera de los telegramas de despido.
“Los trabajadores no pudieron entrar a la Quinta de Olivos y los mandaron a sus casas a esperar el telegrama de despido”, sostuvo Catalano. El dirigente informó inicialmente que había diez despidos confirmados y señaló que el gremio mantenía contacto con los trabajadores afectados.
Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, anunció que el sindicato se declaró en estado de alerta y anticipó la posibilidad de medidas de fuerza si el Gobierno no revierte las desvinculaciones.
Un cambio en el funcionamiento de Olivos
La decisión no se limita a los despidos. El Gobierno resolvió avanzar con una modificación de la estructura administrativa de la Quinta de Olivos, que hasta ahora contaba con una Administración General de la Residencia Presidencial.
La nueva organización concentra la conducción en la Casa Militar y reduce el esquema de personal civil que desarrollaba tareas en la residencia.
De esta manera, el conflicto abierto entre el Gobierno y ATE combina una discusión laboral con una modificación en el sistema de seguridad y administración de la residencia presidencial.
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Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de una medida vinculada con la seguridad y las presuntas filtraciones de información, el gremio cuestiona que los trabajadores hayan sido desvinculados sin recibir explicaciones y reclama que las cesantías sean revisadas.
