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Jorge Villalba
La decisión fue formalizada mediante el Decreto N.º 1935, firmado por el gobernador, que instruye al Fiscal de Estado a ejercer la representación legal de la Provincia y promover las acciones y defensas que correspondan frente a los efectos de la derogación de la normativa nacional.
Passalacqua comunicó la decisión este viernes y sostuvo que la medida mantiene la postura de la Provincia en defensa de su territorio y sus recursos naturales.
“Con más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, expresó el gobernador.
El decreto provincial plantea que el nuevo escenario genera una situación de vulnerabilidad para Misiones, particularmente por sus características territoriales y fronterizas. El documento advierte además sobre posibles impactos en la autonomía provincial, los recursos naturales, las finanzas públicas, la estructura económica y social y cuestiones vinculadas con la seguridad provincial y municipal.
El antecedente nacional
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, en su artículo 154, dispuso la derogación de la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección sobre la adquisición de tierras rurales por parte de personas extranjeras.
Según fundamenta el Gobierno de Misiones, el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa “C.E.C.I.M. La Plata c/ PEN s/ amparo ley 16.986” tuvo como consecuencia la entrada en vigencia de esa disposición del DNU.
Ante este escenario, la Provincia resolvió recurrir a la vía judicial para defender sus intereses y plantear las acciones que considere correspondientes.
Desde el Gobierno misionero remarcaron especialmente la condición fronteriza de la provincia, que limita con Paraguay y Brasil, y la importancia estratégica de su territorio y sus recursos naturales.
“Es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente”, sostuvo Passalacqua al referirse a la decisión.
De esta manera, Misiones abre una nueva instancia judicial en torno al régimen de tierras rurales y busca que sus planteos sean considerados frente al cambio normativo producido a nivel nacional.
