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Jorge Villalba
Hay decisiones políticas que se miden en porcentajes, partidas presupuestarias y planillas de gastos. Pero cuando se habla de salud pública, detrás de cada número hay personas, familias y realidades que no siempre aparecen en los informes oficiales.
Este jueves 15 de octubre, el Gobierno nacional dio un nuevo paso en la reformulación de su política de medicamentos. Mediante la Resolución 1447/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud derogó el listado de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención aprobado en 2021 y lo reemplazó por una nómina específica de seis principios activos destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares.
Los medicamentos incluidos son aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. El nuevo listado servirá como referencia para la adquisición, planificación logística y provisión de medicamentos en los efectores públicos de atención primaria.
La pregunta es inevitable: ¿qué pasa con todas las demás necesidades sanitarias de la población que se atendían con el esquema anterior?
El cambio no es menor. El listado aprobado en 2021 contemplaba 128 presentaciones de medicamentos esenciales para distintas necesidades sanitarias, mientras que la nueva resolución establece seis principios activos enfocados en la salud vascular. La diferencia representa una reducción drástica de la variedad de tratamientos contemplados en este instrumento nacional.
Es importante aclarar que la resolución no prohíbe que las provincias compren otros medicamentos ni elimina, por sí sola, todas las obligaciones sanitarias provinciales. Sin embargo, modifica la referencia nacional para la adquisición y provisión de medicamentos en la atención primaria, en un contexto en el que ya se registraban fuertes caídas en los recursos y las entregas del Plan Remediar.
La decisión oficial prioriza un área sanitaria de enorme importancia: las enfermedades vasculares. Pero esa prioridad deja planteado un interrogante que el Gobierno debe responder con claridad: ¿cómo se garantizará el acceso a los medicamentos necesarios para tratar otras enfermedades frecuentes?
Los antibióticos, los medicamentos para afecciones respiratorias y los tratamientos para distintas enfermedades crónicas forman parte de las necesidades cotidianas de los centros de atención primaria. La reducción del listado nacional obliga a prestar especial atención a cómo se garantizará su provisión de ahora en adelante.
La nueva resolución no llega en medio de una situación de normalidad. Según un relevamiento publicado por Chequeado el 10 de julio de 2026, el presupuesto del Plan Remediar cayó un 72% en términos reales entre 2023 y 2026.
El mismo informe señaló que la cantidad de tratamientos entregados pasó de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una disminución del 52%. También advirtió que la reducción de las entregas afectó de manera desigual a las provincias y que Misiones se encontraba entre las jurisdicciones especialmente expuestas por la dependencia de la población del sistema público de salud.
Estos números ayudan a dimensionar el problema. Cuando Nación reduce su participación en la provisión de medicamentos, las provincias deben evaluar cómo responder a las necesidades que quedan sin cubrir. Pero no todas tienen la misma capacidad económica para hacerlo.
Y es precisamente allí donde la discusión deja de ser exclusivamente presupuestaria para convertirse en una cuestión de equidad sanitaria.
En las grandes ciudades, una persona puede tener varias farmacias a pocas cuadras, diferentes centros médicos y mayores posibilidades de trasladarse para buscar atención. En muchas localidades del interior, la realidad es distinta.
Hay familias que dependen del centro de salud de su barrio o de su paraje. Hay adultos mayores que necesitan medicación de manera continua, trabajadores rurales que viven lejos de los hospitales y pacientes que deben organizar un viaje para realizar una consulta médica.
En esos lugares, la entrega gratuita de medicamentos no representa un beneficio secundario: puede ser la diferencia entre continuar un tratamiento y tener que interrumpirlo por falta de recursos.
Si un medicamento deja de estar disponible en el centro de salud, el paciente puede verse obligado a comprarlo con dinero propio, buscarlo en otra localidad o recurrir a un establecimiento de mayor complejidad. No significa que todos esos escenarios vayan a producirse automáticamente por la nueva resolución, pero sí constituyen riesgos que las autoridades sanitarias deben anticipar y atender.
En provincias como Misiones, con comunidades rurales y población distribuida en localidades alejadas de los principales centros urbanos, la continuidad de la provisión adquiere una importancia especial.
Por eso, no alcanza con presentar una nueva lista de medicamentos y explicar que responde a criterios técnicos. También hace falta informar cómo se sostendrá el acceso a los tratamientos que quedan fuera de ella, qué recursos se destinarán a cubrir esas necesidades y qué mecanismos evitarán que los pacientes más vulnerables terminen pagando las consecuencias.
El Gobierno nacional puede argumentar que necesita ordenar las compras, establecer prioridades y utilizar de manera eficiente los recursos públicos. Esas son cuestiones legítimas de cualquier administración.
Pero la eficiencia no debería evaluarse solamente por cuánto dinero se deja de gastar. También debe medirse por la capacidad de prevenir enfermedades, evitar complicaciones y garantizar que una persona pueda recibir el tratamiento que necesita sin que su situación económica determine sus posibilidades de atención.
La sensibilidad de una política sanitaria se pone a prueba cuando debe responder a las necesidades de quienes tienen menos alternativas. No es lo mismo reducir una partida administrativa que modificar las herramientas mediante las cuales miles de personas acceden a medicamentos esenciales.
Tampoco es justo trasladar automáticamente a las provincias una responsabilidad mayor sin explicar cómo se financiará esa transición, especialmente cuando las jurisdicciones tienen capacidades fiscales muy diferentes.
Si el objetivo es mejorar el sistema, la discusión debe incluir garantías concretas: continuidad de los tratamientos, abastecimiento de los centros de salud, información transparente y mecanismos para que ninguna persona quede desprotegida por su lugar de residencia o su nivel de ingresos.
La resolución publicada este jueves marca un cambio importante en la política nacional de medicamentos esenciales. Sus efectos concretos dependerán, entre otras cuestiones, de cómo se instrumenten las compras, de qué otros programas continúen vigentes y de la capacidad de las provincias para responder a las necesidades que no queden cubiertas por el nuevo esquema.
Por eso, la discusión no debe limitarse a la cantidad de medicamentos que aparecen en una lista. Debe centrarse en una pregunta mucho más importante: quién garantiza que una persona sin obra social pueda acceder al tratamiento que necesita.
En el interior profundo de la Argentina, donde la distancia, los ingresos familiares y las dificultades de transporte pueden convertirse en barreras sanitarias, cualquier retroceso en la provisión pública exige explicaciones y respuestas concretas.
Porque detrás de cada medicamento que deja de llegar puede haber una familia obligada a reorganizar sus gastos, un paciente que debe viajar más lejos o un centro de salud que pierde capacidad para resolver problemas cotidianos.
La discusión sobre el gasto público es necesaria. Pero también lo es recordar que la salud no puede depender exclusivamente de la capacidad de pago de cada ciudadano.
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Un Estado puede revisar sus programas y modificar sus prioridades. Lo que no debería hacer es perder de vista a las personas que dependen de ellos. Y cuando se trata de medicamentos esenciales, la responsabilidad de explicar cómo se garantizará la atención es tan importante como la decisión de cambiar el sistema.
