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Jorge Villalba
El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, en el marco de su política de reducción del gasto y reorganización de las estructuras estatales.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, unos 20.000 trabajadores estarían en condiciones de adherir al régimen. El período de inscripción está previsto del 1 al 30 de noviembre, con posibilidad de una prórroga de hasta 30 días.
El programa alcanza a personal de planta permanente y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado comprendidos en la normativa, con exclusiones para determinados sectores. Las compensaciones varían según la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada empleado. Quienes se incorporen al régimen no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años.
Desde el Gobierno sostienen que la reducción de la estructura estatal permitirá optimizar los recursos públicos y avanzar en una disminución de impuestos. Sin embargo, la iniciativa vuelve a abrir el debate sobre las consecuencias de una política de ajuste que tiene entre sus protagonistas a los trabajadores del Estado.
Detrás de cada puesto de trabajo hay una persona, una familia y años de experiencia acumulada. Para quienes evalúan adherirse, la decisión implica analizar una compensación económica por única vez frente a la pérdida de un ingreso mensual y la incertidumbre sobre las posibilidades de reinsertarse laboralmente.
También está en discusión el impacto que la reducción de personal puede tener sobre el funcionamiento de los organismos públicos y la atención que reciben los ciudadanos. El propio régimen contempla que las autoridades puedan rechazar solicitudes cuando la desvinculación afecte la prestación de servicios.
El nuevo plan se suma a otras iniciativas de reducción de personal impulsadas por la administración nacional desde diciembre de 2023. En este escenario, la discusión excede el número de empleados que dejarán sus cargos y alcanza al modelo de Estado que se busca construir, las funciones que debe garantizar y el costo que las transformaciones representan para quienes dependen de un salario.
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Mientras la Casa Rosada presenta los retiros como una herramienta de reorganización administrativa, la cuestión de fondo sigue abierta: cuánto puede reducirse la estructura estatal sin deteriorar los servicios públicos y quiénes terminan soportando las consecuencias sociales del ajuste.
