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Jorge Villalba
La Policía de Misiones presentó al Gobierno provincial un plan integral de contingencia para anticipar posibles inundaciones, crecidas de los ríos y emergencias sanitarias durante el período 2026-2027. La iniciativa busca fortalecer la prevención y organizar los recursos disponibles ante eventuales episodios de lluvias extraordinarias asociados al fenómeno de El Niño.
El dispositivo contempla la participación de casi 10 mil efectivos policiales distribuidos en toda la provincia, además de la coordinación con municipios, organismos especializados y organizaciones comunitarias. Los primeros relevamientos se concentran en sectores vulnerables próximos a los ríos Paraná y Uruguay.
La presentación se realizó con la participación del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza; el jefe de Policía, comisario general Sandro Alberto Martínez; y el subjefe de la fuerza, comisario general Raúl David Maslowski, quien expuso los principales lineamientos del plan.
También participaron autoridades de las áreas de Seguridad, Asuntos Municipales y Protección Civil, representantes de Defensa Civil y los jefes de las 15 Unidades Regionales, estos últimos mediante conexión virtual.
El plan se incorpora a la Mesa de Coordinación Operativa del Gobierno de Misiones, que ya trabaja en el seguimiento de las actuales crecidas, la evaluación de escenarios futuros y la identificación de recursos disponibles para atender eventuales contingencias.
Bajo la conducción del gobernador Hugo Passalacqua, la mesa busca articular las acciones de los distintos organismos para anticipar necesidades y organizar una respuesta coordinada ante situaciones de riesgo.
Las perspectivas climáticas consideradas para el período 2026-2027 plantean la necesidad de reforzar la vigilancia, ante la posibilidad de una intensificación del fenómeno de El Niño entre noviembre y diciembre, con efectos que podrían extenderse durante los primeros meses del próximo año.
En Misiones, las inundaciones no dependen exclusivamente de las lluvias registradas dentro del territorio provincial. Las precipitaciones intensas en Brasil también pueden elevar los caudales de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, con consecuencias para las localidades ribereñas, los puentes, las rutas y los caminos rurales.
Uno de los principales ejes del operativo es la recopilación anticipada de información territorial. A través de sus 15 Unidades Regionales, la Policía ya comenzó a relevar sectores expuestos a inundaciones y otras situaciones de emergencia.
Las tareas incluyen la identificación de familias asentadas en áreas inundables, personas que necesitan asistencia especial, comunidades que podrían quedar aisladas y caminos o accesos susceptibles de interrupción.
También se registrarán posibles centros de evacuación, medios de transporte, sistemas alternativos de comunicación y recursos disponibles en cada municipio.
La información será incorporada a una base centralizada de la Jefatura de Policía para elaborar un mapa provincial de riesgo. El objetivo es establecer prioridades de intervención, determinar qué familias podrían necesitar evacuación y anticipar dónde sería necesario disponer de transporte, provisiones y asistencia.
La planificación contempla no solo los rescates y las evacuaciones, sino también las consecuencias que pueden producir las inundaciones sobre el abastecimiento y la salud de las poblaciones afectadas.
Una crecida extraordinaria puede dejar comunidades sin acceso terrestre, interrumpir la provisión de agua potable y dificultar la llegada de alimentos, medicamentos y otros elementos esenciales.
Por ese motivo, el plan prevé identificar fuentes de agua segura, depósitos, vehículos de abastecimiento, reservas de combustible, medicamentos y establecimientos que puedan utilizarse como centros de alojamiento temporal.
Además, se proyecta una articulación con el Ministerio de Salud Pública para prevenir enfermedades relacionadas con el contacto con aguas contaminadas y los riesgos derivados de la proliferación de mosquitos y roedores durante y después de las inundaciones.
En las tareas de asistencia también tendrán participación los municipios, las iglesias y las organizaciones comunitarias, junto con Protección Civil, Defensa Civil, Bomberos, Vialidad, hospitales y las áreas de Desarrollo Social.
El dispositivo establece cuatro etapas operativas: preparación, vigilancia reforzada, preemergencia y emergencia activa.
La primera comprende la actualización de los relevamientos y la planificación de los recursos. A medida que aumente el riesgo, se prevé intensificar la vigilancia, preparar los centros de evacuación y disponer los medios necesarios para intervenir.
En una emergencia activa, las acciones podrán incluir evacuaciones, asistencia a las familias afectadas, control de accesos peligrosos y protección de bienes en las zonas comprometidas.
La Jefatura de Policía centralizará la información remitida por los comandos regionales para organizar los recursos propios y canalizar los requerimientos que deban atender otros organismos.
El despliegue será progresivo, de acuerdo con los niveles de alerta, con el objetivo de responder a las contingencias sin descuidar los servicios habituales de seguridad en la provincia.
La Policía provincial cuenta con casi 10 mil efectivos distribuidos en dependencias de todo el territorio misionero. Esa estructura representa uno de los principales recursos para sostener los relevamientos preventivos y colaborar en eventuales emergencias.
La presencia de las 15 Unidades Regionales permitirá mantener contacto con las autoridades locales, verificar puntos críticos, actualizar la situación de los caminos y detectar necesidades de las familias que viven en zonas expuestas.
La planificación también contempla reuniones con intendentes, la identificación de centros de evacuación y la evaluación de los recursos que podrían necesitar refuerzos ante un escenario de lluvias intensas y nuevas crecidas.
Con los primeros relevamientos en marcha, el Gobierno provincial busca anticiparse a posibles emergencias y mejorar la coordinación entre las distintas áreas del Estado. La información recopilada permitirá definir prioridades y organizar las acciones de prevención, evacuación y asistencia ante los escenarios climáticos previstos para los próximos meses.
