Tiempos de Libertad. El PRO y LLA van a la guerra por Ficha Limpia mientras el Gobierno prioriza la inflación y lo sufren las reservas

Las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires son una prueba de supervivencia para lo que queda del PRO, mientras que para La Libertad Avanza representan una oportunidad para despegarse definitivamente de un aliado circunstancial que siempre aspiró a cogobernar.

Golpeado por el constante éxodo de dirigentes y de votos que cambian el amarillo por el violeta, Mauricio Macri necesita demostrar que su partido todavía seduce a alguien y el único territorio en el que podría lograrlo es su pago chico, donde gobierna desde 2007.

 El presidente y su hermana aspiran a que eso no ocurra. La extinción del PRO consolidaría a La Libertad Avanza como fuerza monopólica desde la centro hasta el extremo derecho del dial ideológico.

Por eso a Macri y a Milei les importa menos confrontar con el kirchnerismo, o con cualquier otra forma de peronismo, que resolver lo que se plantea como la gran interna de la derecha argentina.

En pleno desarrollo de esa disputa, el PRO esperaba anotarse un triunfo con la sanción de la Ley de Ficha Limpia. De hecho, Macri había elegido a la autora y principal impulsora del proyecto, la diputada Silvia Lospennato, como cabeza de lista en CABA.

El proyecto ya contaba con media sanción de Diputados y el jueves iba a ser tratado por Senadores. El poroteo previo a la sesión anticipaba una aprobación ajustada, pero el resultado terminó siendo negativo, por un voto.

Los que terminaron inclinando la balanza fueron los dos senadores misioneros del Frente Renovador, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que quedaron en medio del fuego cruzado entre amarillos y libertarios.

Desde el PRO recordaron que los libertarios habían bloqueado el trámite legislativo del proyecto de Ficha Limpia en un anterior intento por sancionar la ley y creyeron ver que esa escena se repetía en la sesión del jueves.

Mauricio Macri y los suyos están seguros de que los libertarios operaron tras bambalinas con el objetivo de negarle un triunfo político a Lospennato y evitar que Cristina Kirchner saliera de competencia. “Este Gobierno defraudó a todos los argentinos”, reprochó el expresidente cambiemita.

Sin pruebas pero sin dudas, desde el PRO salieron a denunciar un pacto entre la renovación misionera y el Gobierno nacional para bloquear la sanción que esperaban con ansias.

El primero que salió a desmentir esa versión fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “Salen noticias que son ridículas. Como la última que he leído, que es una operación clara: que el Presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley. Absoluta mentira”, afirmó. Para despejar dudas, agregó: “El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: ‘No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera’. Con lo cual, eso es una falsedad total”, señaló.

El propio Milei también salió a desmentir esa versión. Consideró que el proyecto no se aprobó porque el PRO, urgido por la agenda de campaña, mandó al recinto un dictamen que no tenía los votos asegurados, terminó perdiendo y luego intentó utilizar ese resultado como argumento en su pelea con LLA por los votos porteños. “No estaban los votos, fue todo una operación mediática teñida de amarillo”, dijo en una transmisión maratónica del canal de streaming “Carajo” que compartió junto a Daniel Parisini —“el Gordo Dan”— y vocero devenido en candidato, Manuel Adorni.

“No se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia”, expresó en otra de sus intervenciones, para luego recordar que el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde 2007 y nunca sancionó una ley similar a la que se rechazó el jueves en el Senado.

Desde la renovación misionera también desmienten la existencia de un acuerdo con Milei. “Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, representantes del Frente Renovador de la Concordia, votaron en contra de la iniciativa, alineados con una postura histórica del misionerismo: no aceptar imposiciones discursivas ni agendas diseñadas desde los grandes medios de comunicación de Buenos Aires”, afirmaron fuentes calificadas de ese espacio político.

Recordaron además que en Misiones rige desde hace años una legislación electoral que impide que personas con condena firme puedan ser candidatas. La diferencia respecto al malogrado proyecto de Ficha Limpia es que mientras que en Misiones se exige que la condena esté firme para impedir que una persona pueda presentarse como candidata, el proyecto que impulsaba el PRO pretendía que esa prohibición fuera efectiva para condenados en segunda instancia con derecho a apelación, lo que podría interpretarse como contrario al principio de inocencia que consagra la Constitución Nacional.

Desde el Gobierno provincial aseguraron que sus senadores votaron en contra de Ficha Limpia siguiendo la doctrina según la cual “el poder está en la gente” y es la gente la que tiene la facultad y la responsabilidad de elegir a sus gobernantes, sin proscripciones. “A la Justicia lo que es de la Justicia, y a la política, lo que es de la política”, argumentaron.

Remarcaron que el voto en contra de Ficha Limpia es coherente con la decisión de no impedir la candidatura del candidato opositor Ramón Amarilla, policía retirado que actualmente está preso, acusado de sedición entre otros cargos.

“La habilitación de su candidatura responde a un principio básico de cualquier democracia moderna: evitar la proscripción arbitraria. Fue una señal institucional de respeto por el debido proceso. En clara coherencia con el rechazo a la ficha limpia, para no darle ese poder a la justicia y que sean los votantes los que decidan”, señalan.

También hay quienes ven en la jugada de Carlos Rovira, un movimiento de ajedrez con el doble objetivo de ponerle un necesario final a la eterna disputa Macri-Cristina y al mismo tiempo darle un golpe de KO a las aspiraciones del macrismo, no solo dentro de CABA sino también a sus ambiciones de incidir en el Gobierno nacional.

Ya sea un efecto buscado como parte de una maniobra política o el simple efecto secundario de una decisión que tuvo otras motivaciones, el voto de los senadores misioneros aceleró la fractura entre el PRO y LLA, lo que deja al Gobierno nacional más dependiente del respaldo que puedan darle fuerzas provinciales como la renovación misionera. Ese cambio que se produjo en el tablero político nacional beneficia a la Provincia que ahora está en condiciones de negociar frente a Nación con mayor fortaleza.

Reservas Vs inflación
El contexto de la economía nacional puso al Gobierno frente al dilema de tener que elegir entre dos objetivos muy importantes: reducir la inflación o acumular reservas.

A cuatro semanas de vigencia del nuevo esquema cambiario con cepo flexibilizado y tipo de cambio flotante dentro de un límite establecido, los resultados demuestran que la prioridad está puesta en la inflación, aún a riesgo de reducir las magras reservas.

El dólar se mantiene tranquilo, por debajo de la línea media de la banda de flotación y durante la semana incluso se ubicó por debajo de los 1.150 pesos. Pero las reservas cayeron en más de 1.100 millones de dólares, no porque el Central haya salido a vender sino porque optó por pagar con reservas los vencimientos de deuda que tenía.

Con el dólar en baja y en plena temporada alta de liquidación de exportaciones del campo, el Central podría haber optado por salir a comprar dólares para evitar el uso de reservas para el pago de compromisos, pero eligió mantenerse firme en su postura de no comprar mientras la cotización se mantenga por encima del piso de la banda, aunque esté habilitado a hacerlo.

Ocurre que para comprar dólares, debería liberar pesos y eso podría tener impacto inflacionario. Por otro lado, gastar reservas conspira contra el cumplimiento del compromiso asumido con el FMI que establece un incremento de 5.000 millones de dólares a junio y 9.000 millones a fin de año.

Aunque el FMI opte por hacer la vista gorda frente a un eventual incumplimiento de esas metas, como suele hacerlo cuando simpatiza ideológicamente con el gobierno de turno, sí habría un impacto negativo por el lado del Riesgo País lo que a su vez dificultaría volver a los mercados de crédito.

Un informe de la consultora C-P cuestiona que el uso de dólares prestados como moneda de cambio para pagar deudas, incluso en condiciones favorables para que el Central salga a comprar, refleja un interés del Gobierno por mantener baja la cotización del dólar, lo que de hecho implica subsidiar el precio del dólar para importaciones, turismo y la Formación de Activos Externos (FAE).

Al respecto, Pablo Moldovan, director de la entidad, explicó al diario Ámbito, que “la apreciación cambiaria que impulsa el Gobierno es en el corto plazo muy expansiva, ya que ayuda a reducir la inflación y mejorar los ingresos reales de quienes mantienen el empleo, a la vez que los ingresos en dólares aumentan el poder de compra sobre productos y servicios importados”.

En los próximos nueve meses se cumplen vencimientos por más de 16.000 millones de dólares, una cifra demasiado alta para cubrirla solamente con el dinero del FMI que llegó para engrosar las reservas. El camino alternativo más usual sería recurrir al mercado de crédito para financiar los vencimientos, pero solo sería viable con una baja del riesgo país, que a su vez requiere que el país incremente sus reservas.

El ministro de Economía Luis Caputo confía en captar divisas incentivando el carry trade, aunque ello obligue a levantar las tasas con el costo que ello implica en materia de actividad y la segunda alternativa que maneja es buscar los dólares que faltan con un nuevo blanqueo que apunte a los dólares bajo el colchón.

El presidente ya anticipó que trabajan en una medida que permita a quienes tengan dólares no declarados, poder usarlos sin ningún tipo de consecuencias legales o como dijo Milei “sin que sus dedos queden marcados”.

Todavía no se conocen los detalles dicha norma, que a los efectos prácticos sería un nuevo blanqueo, el segundo en lo que va del gobierno libertario. 

IA con responsabilidad
La Legislatura provincial aprobó el jueves la primera Ley Integral de Inteligencia Artificial de la Argentina. La norma regula el uso ético, responsable y orientado al desarrollo de la inteligencia artificial en sectores clave como educación, salud, producción y gestión pública.

Este hito legislativo vuelve a ubicar a Misiones en la vanguardia nacional. Desde el Gobierno provincial destacaron que no se trata de una medida aislada, sino que forma parte de una estrategia sostenida desde hace más de una década, que comenzó con la Escuela de Robótica, continuó con el Silicon Misiones y se amplifica con la incorporación de contenidos tecnológicos en todos los niveles del sistema educativo. “La ley sancionada ahora es el marco normativo necesario para consolidar esa política y proyectarla hacia el futuro”, señalaron.

Destacaron además que en Misiones ya se trabaja con inteligencia artificial en proyectos concretos: análisis de datos para prevenir enfermedades, plataformas para mejorar el rendimiento escolar, sistemas de automatización en el agro y herramientas digitales para mejorar la atención ciudadana. “La nueva ley no es solo una declaración de principios; es una herramienta para garantizar que el desarrollo tecnológico tenga un impacto directo en la vida de la gente”, indicaron.

Entre sus ejes principales, la norma establece la creación de un Observatorio Provincial de Inteligencia Artificial, la promoción de estándares éticos y de transparencia, y el fomento de la capacitación de recursos humanos en tecnología avanzada. Además, contempla incentivos para emprendimientos y startups vinculadas a IA, fortaleciendo así el ecosistema de innovación que ya funciona en Misiones con el acompañamiento del Estado provincial.

Esta política pública responde a una visión que entiende al conocimiento como motor del desarrollo. La inteligencia artificial, bien utilizada, puede reducir desigualdades, generar empleo calificado y mejorar la calidad de vida.

“Misiones crea su propia agenda, así como en materia electoral marcó diferencias con la discusión nacional, en materia tecnológica vuelve a liderar con acciones concretas. La ley de inteligencia artificial es un nuevo paso en la consolidación de un modelo político con identidad propia, que combina gobernabilidad, innovación y autonomía”, señalaron tras la aprobación dela norma.

 MOL