Tiempos de Libertad. Las provincias se plantaron y Milei atravesó su semana más negra

La impresionante seguidilla de derrotas que sufrió el libertario en el Congreso esta semana es resultado directo del aislamiento que se autoimpuso. La estrategia de destratar a los aliados, desatender compromisos asumidos con las provincias y de evitar acuerdos para “ir por todo” en todos los terrenos generó costos que el Gobierno nacional deberá gestionar con sabiduría para evitar que la rebelión en la granja se generalice.

 
Con todos los puentes rotos, el Presidente atravesó la peor semana parlamentaria desde que asumió. Fueron ocho golpes consecutivos en cuestión de días.

 
 
En Diputados falló la cuestionable estrategia libertaria de clausurar las comisiones para evitar debates y los proyectos de Emergencia Pediátrica y de financiamiento para las universidades tuvieron sus respectivos dictámenes.

Dos días después llegó el plato fuerte. El Senado convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad, el incremento a las jubilaciones y el regreso de la moratoria previsional.

Además, se dio media sanción al proyecto de ley que impulsan 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño para que se coparticipen los ATN y parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles, plata de las provincias que la Nación venía reteniendo en buena parte. La última derrota fue el rechazo al veto presidencial por la declaración de emergencia en Bahía Blanca.

La oposición dejó una muestra clara de que tiene la fuerza suficiente para imponer agenda y para torcerle la mano al Gobierno, incluso con las mayorías especiales necesarias para revertir vetos.

La buena noticia para el Gobierno nacional es que estos resultados no responden a una alianza de fondo que conecte a todas las fuerzas no libertarias, más bien es el resultado de una confluencia circunstancial de intereses que la desidia política del oficialismo dejó que sucediera.

Los gobernadores volvieron a ser factores determinantes. Así como hace poco más de un año le daban al Presidente un voto de confianza con la sanción de la Ley de Bases y la delegación de facultades, ahora le marcaron la cancha en una puja que es más vieja que la Independencia: la de la distribución de los recursos federales.

Donde más pesan los mandatarios provinciales es en el Senado, allí el oficialismo perdió todas las votaciones con más de dos terceras partes de los votos en contra, salvo en el proyecto de la vuelta de la moratoria previsional, el que menos consenso tiene.

La disconformidad de los gobernadores con el gobierno central inició con el incumplimiento de varios de los compromisos, especialmente en materia de obra pública, asumidos durante la trabajosa negociación para sacar adelante la Ley de Bases.

Los puentes terminaron de romperse con la caída de la coparticipación y la negativa del Gobierno nacional a repartir fondos que por ley corresponden a las provincias y que el Ejecutivo viene reteniendo.

En lo que va del año se sucedieron reuniones en las que los mandatarios provinciales presentaron sus planteos ante funcionarios nacionales que siempre escucharon pero nunca respondieron. Milei nunca se dignó a recibirlos.

El desinterés central por negociar juntó a opositores acérrimos con dialoguistas y aliados circunstanciales para dar forma a dos proyectos de ley que traducen los reclamos de los gobernadores.

Lo que plantean esas iniciativas que el jueves tuvieron media sanción en Senadores es que los fondos que por ley deben destinarse a ATN y parte de la recaudación del impuesto a los combustibles sean repartidos de manera automática entre las provincias junto con la coparticipación.

En el caso de los ATN, lo que ocurre con este y con anteriores gobiernos es que la Nación subejecuta los fondos (lo que le permite quedarse con recursos que corresponden a las provincias) y los distribuye según criterios discrecionales, generalmente a cambio de favores políticos.

Algo parecido pasa con el impuesto a los combustibles, parte del cual debería ser destinado al financiamiento de obras viales. Aquí también hay una marcada subejecución que permite a la Nación quedarse con recursos que deberían ir a resolver problemas en territorios provinciales y obliga a los gobernadores a destinar dineros propios a ejecutar obras que antes hacía Nación.

Después del veto
Frente a la golpiza que recibió en el Congreso, el Ejecutivo anticipó que vetará todo lo aprobado por entender que atenta contra el equilibrio fiscal y apuesta a ganar tiempo para recomponer canales de diálogo con gobernadores y aliados circunstanciales.

Para sostener los vetos necesitará al menos un tercio de los votos en alguna de las cámaras. El sistema está pensado para que la voluntad presidencial se imponga frente al Congreso, pero la debilidad legislativa de este gobierno le juega en contra.

En Senadores el panorama es más hostil, la apuesta libertaria pasará entonces por repetir aquello de los 87 héroes en Diputados.

Para ganar tiempo, el Gobierno estirará todo lo posible los plazos para la presentación de los vetos y su posterior tratamiento legislativo.

De las tres leyes sancionadas el jueves, la que tiene mayores posibilidades de sobrevivir al veto presidencial es la de Emergencia en Discapacidad, que en ambas cámaras superó holgadamente las dos terceras partes de los votos, entre los cuales se cuentan los de los senadores del Frente Renovador Neo de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, no así el de Martín Goerling (PRO) que se ausentó.

La ley que restituye la moratoria previsional es la más expuesta a los efectos de un veto, porque apenas logró la mayoría simple en las dos votaciones.

Mientras que la ley que obliga al Gobierno a aumentar 7,2% las jubilaciones y eleva el bono que reciben los jubilados de la mínima de 70 mil a 110 mil pesos será materia de negociación. Cuando se votó en Diputados, no alcanzó los 170 votos necesarios para insistir con la ley, pero tampoco tuvo la cantidad de rechazos necesaria para blindar un eventual veto presidencial. Hubo 19 abstenciones y 29 ausencias que podrían terminar definiendo la suerte de esa sanción.

La duda más grande pasa por los dos proyectos que impulsan los gobernadores, que ya consiguieron media sanción en Senadores. Si los mandatarios que respaldaron con su firma estos proyectos se mantuvieran firmes en sus posturas, sobran los votos para convertirlos en leyes y resistir eventuales vetos en ambas cámaras.

La ventaja que tiene el Gobierno nacional es que el receso invernal del Congreso le dará más tiempo para negociar.

La reacción inicial del Presidente fue la usual, acusó a los gobernadores de golpistas, de ser “parte del problema y no de la solución”, de interesarse solamente “por la de ellos” para cerrar caracterizándolos, con la fina elegancia que lo destaca, como “una constelación de hijos de puta a la enésima potencia”.

Como siempre, el que dio indicios de cómo avanzará la negociación fue el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien salió a aclarar que “no todos los gobernadores son lo mismo”. Previsiblemente, buscará romper la débil unidad de los gobernadores negociando por separado.

En este toma y daca que se acelerará en los próximos días, el dinero no es la única moneda de cambio, también lo serán las alianzas políticas. Es que a varios gobernadores no solo les molestó que el Gobierno nacional no cumpliera con obras prometidas y que los pusiera del lado del filo de la motosierra, también les preocupan las ambiciones territoriales libertarias que impulsan la armadora Karina y los Menem.

A las puertas del Cielo
La bizarra participación presidencial en una ceremonia celebrada en una iglesia evangélica encabezada por un pastor que asegura haber financiado la construcción de su templo gracias a la conversión milagrosa de pesos en dólares, no solo volvió a asociar Milei con personajes de dudoso prestigio, sino que también le valió el rechazo de buena parte de la comunidad religiosa.

El mandatario se despachó con un discurso encendido en el que volvió a condenar el concepto de justicia social, al que equiparó al pecado capital de la envidia, y afirmó que el Estado es la representación “del maligno en la tierra”, lo cual convertiría al presidente (en tanto cabeza del Estado en Argentina) como una suerte de delegado demoníaco.

Representantes de la Iglesia Católica salieron al cruce de los dichos presidenciales. En su homilía con ocasión del te deum del día de la independencia y en el marco del “jubileo de los gobernantes” que celebra la Iglesia Católica, el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, dejó en claro que «la doctrina social de la iglesia no ha dejado nunca de subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia social».

Alberto Barros, sacerdote de la Diócesis de Posadas, tildó de “delirantes y peligrosas” las afirmaciones del presidente de la Nación sobre el Estado y la justicia social. Cuestionó su “ignorancia, crueldad y encono” hacia la Iglesia Católica y dijo que el verdadero “virus” es la indiferencia ante el sufrimiento ajeno.

Iglesias evangélicas también respondieron a través de una carta pública titulada “No es Moisés… es como el Faraón” que lleva la firma conjunta de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), de la Pastoral Social Evangélica y la Asociación de Iglesias Pentecostales de Argentina (AIPA). “El presidente argentino Javier Milei suele compararse públicamente con Moisés en tanto libertador del pueblo o paladín de la libertad. Sin embargo, alcanza con repasar su modo de gestión y las medidas que promueve para decir que se asemeja más al Faraón que con crueldad maltrató y esclavizó al pueblo de Dios”, afirma el documento.

Estado suficiente
En las antípodas del discurso presidencial y del desmantelamiento de las políticas nacionales de contención social, el Gobierno provincial sostiene la idea de un Estado suficiente, que tenga la capacidad de intervención necesaria para cumplir un rol activo en materia social, pero cuyo tamaño no ahogue el desarrollo de la iniciativa privada ni impida cumplir con el objetivo del orden fiscal.

La idea no es competir con el mercado, sino llegar donde el mercado no llega, allí donde las lógicas mercantilistas no resuelven las necesidades de la gente.

La entrega de anteojos y prótesis, el boleto educativo gratuito, las antenas de conectividad en zonas rurales y la cobertura sanitaria extendida son ejemplos claros de una política que busca el desarrollo de la economía sin desconocer derechos fundamentales de las personas.

En materia de salud pública, Misiones refuerza su infraestructura bajo un concepto que sintetizó el vicegobernador Lucas Romero Spinelli: “La salud es un derecho, no un privilegio”. Las estadísticas respaldan esta afirmación: ya se registraron 100.000 consultas médicas más que el año pasado, producto de la creciente demanda pero también de la confianza en el sistema público.

La Cámara de Representantes provincial también dio muestras de sensibilidad social, con la aprobación de una ley específica para el abordaje integral del cáncer de páncreas. Promovida por el diputado Martín Cesino, esta normativa garantiza el acceso a diagnósticos tempranos, tratamientos adecuados y acompañamiento profesional para los pacientes. Es la cuarta ley sanitaria del año, lo que revela una política sistemática en materia de salud.

Con el mismo concepto de Estado suficiente, la Provincia también busca apuntalar el desarrollo de las Pymes, muchas de ellas afectadas por el comercio fronterizo. Durante la semana se lanzó el programa Ahora Pymes, una herramienta financiera para dinamizar el tejido empresarial local. Con financiamiento de hasta 10 millones de pesos en 12 cuotas sin interés, se orienta a operaciones entre pymes misioneras que buscan invertir y crecer. La medida es resultado de una alianza estratégica con el Banco Macro.

En la misma línea, el gobernador Hugo Passalacqua anunció la prórroga de dos líneas de crédito clave: una de corto plazo para capital de trabajo, y otra de inversión tecnológica, con tasas bonificadas que bajan significativamente el costo financiero para emprendedores y empresas. Entre enero y junio ya se canalizaron más de $12.500 millones en préstamos, que sostienen el empleo, estimulan la producción y reafirman la confianza del sector privado en la política provincial.

Por último, se confirmó la realización de la 15° edición del Black Friday en Posadas, del 31 de julio al 3 de agosto. Este evento, que combina consumo, turismo y entretenimiento, es otro ejemplo de cómo la sinergia entre el sector público y el privado puede mover la economía real. Con promociones, cuotas sin interés y fuerte apoyo institucional, el Black Friday no solo reactiva ventas, sino que fortalece el vínculo entre los comerciantes y la comunidad.

MOL