Tiempos de Libertad. La flexibilización laboral de Milei y la reconfiguración del Gobierno provincial

Ya está funcionando a pleno el Congreso con su nueva configuración, resultado de las elecciones de octubre pasado. Ahora sí el Gobierno de Javier Milei tiene un contexto mucho más amigable para avanzar en la agenda de reformas que propuso como eje de la segunda mitad de su mandato.

 
La primera meta para el oficialismo será la aprobación de una ley de Presupuesto, que sería la primera en la era libertaria. Después de una serie de reuniones con gobernadores y dirigentes “sin territorio” de la oposición dialoguista, desde el oficialismo aseguran que tienen los números para cantar la primera victoria. 
 
Pero las topadas más difíciles son las que vendrán después. Mientras se debate el Presupuesto, el Gobierno espera avanzar también con una reforma laboral diseñada para abaratar costos.

Ni bien se conoció el proyecto oficial, se plantearon varias polémicas, entre ellas la retroactividad. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, salió a aclarar que las condiciones que establezca la nueva ley regirán para todos, no solo para las relaciones laborales que se inicien con posterioridad a la sanción de dicha ley.

Uno de los puntos centrales que plantea el proyecto es el reemplazar el actual régimen de indemnizaciones, que con la nueva ley dejarían de ser pagadas por los empresarios y serían afrontadas por un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) conformado con dinero que ahora va a Anses.

El empleador deberá aportar 3% de su masa salarial al FAL, pero en contraprestación se reducirá en igual proporción los aportes patronales que efectúe a la ANSES. Es decir que a los efectos prácticos será la ANSES quien aporte al fondo de despidos.

De acuerdo con estimaciones de especialistas en la materia, la instrumentación de este fondo implicará un desfinanciamiento de la ANSES del orden de los 3.000 millones de dólares por año, dinero de las jubilaciones que será transferido al sector privado.

En este punto se puede señalar una contradicción gigante por parte del Gobierno nacional que sistemáticamente rechaza todos los proyectos que impliquen un costo fiscal, pero impulsa una reforma laboral que acarrea un enorme costo fiscal para el sistema jubilatorio.

Desde la oposición señalan que uno de los objetivos ocultos de esta reforma sería justamente el de desfinanciar al sistema de previsión social y así preparar el terreno para el retorno de las AFJP.

El proyecto también prevé reducir el monto de las indemnizaciones mediante una modificación en los conceptos que se toman en cuenta para calcular el salario promedio, unidad que determina el monto de cada indemnización.

Además, se otorga a las empresas flexibilidad para fraccionar vacaciones en períodos no menores a siete días y para reconfigurar la jornada laboral de sus empleados. Se permitirán jornadas diarias de hasta 12 horas a través de un mecanismo denominado “banco de horas” a través del cual se podrán acumular horas extra para luego compensarlas con francos o días de descanso en el futuro.

Desde el Gobierno se empeñan en destacar que tanto el fraccionamiento de las vacaciones como la modificación de las jornadas de trabajo bajo el esquema del banco de horas deberán practicarse “de común acuerdo” entre empleado y empleador, omitiendo que la relación entre un trabajador y su jefe es asimétrica por naturaleza y que el primero suele tener poco margen para no prestarse “de común acuerdo” a lo que decida su jefe.

El objetivo del proyecto en definitiva es abaratar el costo que deben afrontar las empresas para despedir personal y dotarlas de mayor flexibilidad para organizar sus actividades. Desde el Gobierno nacional entienden que de esa manera se generan condiciones más propicias para la generación de empleo.

El razonamiento es similar al planteado cuando se aprobó la flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza, con la recordada “ley Banelco”. Desde este punto de vista, se supone que si se reducen o directamente se eliminan los costos que implica despedir a un empleado, el empresario tendrá menos reticencia a contratar nuevo personal.

Lo que muestra la historia reciente es que ningún cambio en la legislación laboral motoriza por sí mismo la creación de empleo, sino que eso depende del crecimiento de la actividad en los sectores que son demandantes de mano de obra.

Vale como antecedente, la mencionada reforma laboral del año 2000 que no sirvió ni siquiera para desacelerar la destrucción del empleo, que sí se recuperó años más tarde gracias a la reactivación de la economía que inició en 2003. De hecho, los períodos de mayor crecimiento del empleo no coindicen con los años de flexibilización laboral sino con los años de crecimiento de la economía, incluso bajo imperio de regulaciones como la doble indemnización.

Y este nuevo intento de reforma laboral llega en otro momento de caída del empleo en todo el país. Según estadística oficial, desde que asumió Milei hasta agosto último, 19.164 empresas cerraron sus puertas y se perdieron 276.292 empleos registrados, la mayoría de ellos en el sector privado.

Según datos oficiales del INDEC, el uso de la capacidad instalada de la industria cayó a 61% en octubre y en el sector textil ya está por debajo del 35%.

En esta situación de caída de la demanda y de la producción, la gran mayoría de las empresas espera la reforma laboral no para contratar sino para despedir personal. 

Cambios en Misiones
Se comenzaron a confirmar algunos de los cambios en el gabinete provincial que distintas fuentes venían anticipando fuera de micrófono. El más relevante de ellos es la designación de Carlos «Kako» Sartori, intendente de Campo Grande y presidente de la Codeim (órgano que nuclea a todos los intendentes misioneros) como ministro Coordinador o Jefe de Gabinete, quien asumirá en los próximos días en reemplazo de Héctor “Kiko” Llera.  Mientras que al frente del municipio de Campo Grande asumirá el concejal Marcelo Mulder, muy cercano al todavía intendente.

La llegada de Sartori al gabinete viene a darle una participación más directa a los intendentes en los espacios en los que se toman las decisiones más relevantes a escala provincial. “Los intendentes no serán meros ejecutores, sino actores centrales de la toma de decisiones”, explicaron fuentes del Gobierno provincial.

También se confirmaron cambios en segundas líneas. Manuel “Manolo” Sánchez y Astrid Baetke serían incorporados como subsecretarios en áreas clave de la cartera de Desarrollo Social que lidera Fernando Meza.

Para la Subsecretaría de la Juventud, Passalacqua eligió a Astrid Baetke, exdiputada provincial que recientemente finalizó su mandato y destacada por su trabajo alineado con la Mesa de Mujeres Renovadoras.

En tanto que Manolo Sánchez estará al frente de la subsecretaría de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también dentro del ministerio de Desarrollo Social. Sánchez se venía desempeñando como Coordinador Operativo, con un enfoque principal en la planificación y ejecución de programas sociales y asistenciales.

Desde el Gobierno anticiparon que esta es solamente una “primera tanda” de un proceso de recambio que no solamente sería de funcionarios, ya que también podría haber modificaciones en la estructura del gabinete. Una segunda etapa de reordenamiento está planificada para marzo. 

Perfil NEO
El recambio legislativo también abrió un nuevo capítulo en la política misionera basada en la construcción de gobernabilidad a partir del diálogo en una nueva Cámara de Representantes que tendrá una participación opositora que, si bien no es suficiente para desafiar la mayoría renovadora, es superior a la de anteriores composiciones.

Desde el oficialismo encararon esta nueva etapa con apertura al diálogo para la búsqueda de consensos. “Gobernar también es integrar, escuchar y articular con todos los espacios opositores que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de la provincia”, definieron desde el bloque oficialista.

La asunción de Sebastián Macías como presidente de la Legislatura va en ese sentido. Desde el gobierno lo definen como un fiel exponente del “misionerismo NEO”, dialoguista, conocedor del territorio y con un marcado perfil técnico siempre orientado a la búsqueda de soluciones concretas. “No va a ser un hombre que se meta en la pelea estéril, no lo vas a ver nunca en la trinchera”, aseguraron quienes trabajaron con él.

En la misma tónica, al conductor político del espacio gobernante, el diputado Carlos Rovira, se lo vio con tono afable durante la sesión especial de elección de autoridades, recorriendo el recinto, saludando uno por uno a todos sus pares de la oposición. En un país que desde hace muchos años está atravesado por la grieta, en el que el agravio y la descalificación se convirtieron en moneda corriente para la política, la escena fue valorada como una señal de búsqueda de consenso, concordia y construcción desde el diálogo.

El resultado de esta búsqueda fue una elección de autoridades en la que coincidieron casi todos los bloques en torno a una propuesta que cumplió con la tradición legislativa de reservar la presidencia para la fuerza ganadora de las últimas elecciones y las vicepresidencias quedaron en manos de las otros dos frentes más votados.

De resultas que la presidencia quedó en manos del renovador Sebastián Macías, la vicepresidencia primera fue para Adrián Nuñez (LLA) y la vicepresidencia segunda quedó en manos de Walter Ríos (Por la Vida y los Valores).

En este punto conviene apuntar que el oficialismo contaba con la mayoría legislativa necesaria para imponer a sus propios candidatos en todos los cargos que se eligieron, también podría haber sostenido la tradición de reservar para la oposición solamente la vicepresidencia segunda, pero en cambio optó por abrir el juego en un gesto de generosidad política.

Esta apertura al diálogo dentro de la provincia tiene su correlato en el plano nacional, donde Misiones negocia con el gobierno libertario. El articulador de este esquema político es Carlos Rovira, que desde su rol estratégico viene impulsando las negociaciones con la Nación, reclamando con firmeza que se salden las deudas pendientes con Misiones y que se respete su autonomía.

Nada de esto desconoce la gravedad del momento. Son tiempos difíciles. Y el Gobierno nacional tiene una responsabilidad política y moral indelegable: hacer funcionar la economía, devolverle esperanza a la gente y terminar con la malaria cotidiana. En ese marco, Misiones dio una señal clara al priorizar el pago del aguinaldo a los trabajadores, postergando para enero a los funcionarios políticos. Un gesto concreto que habla de prioridades y sensibilidad social en plena “motosierra” nacional. 

Nuevo presidente para el INYM de siempre
Después de casi dos años de acefalía que siguieron a la renuncia de Juan José Szychowski, el INYM tiene desde el viernes un nuevo presidente: Rodrigo Correa, un contador público posadeño afiliado a La Libertad Avanza y cercano a figuras importantes del ecosistema libertario como el flamante secretario Comunicación del Gobierno nacional, el misionero Javier Lanari.

Correa es un profesional reconocido, especializado en tributación, tiene emprendimientos en el sector cárnico y el comercio, pero no acredita antecedentes en el sector yerbatero, lo que ya le valió cuestionamientos incluso antes de asumir.

La designación de un presidente para el INYM generó expectativas en parte del universo yerbatero que lo interpretó como un gesto del Gobierno nacional a favor del sector. Pero a no engañarse, Correa no viene a devolver al instituto ninguna de sus facultades. El INYM seguirá sin definir precios para la materia prima y sin adoptar ninguna medida tendiente a regular el mercado.

Correa asume en representación de un Gobierno nacional que ya dejó suficientemente clara su postura absolutamente contraria a cualquier forma de regulación. De hecho, creó un ministerio de Desregulación cuyo titular, Federico Sturzenegger, no se cansa de celebrar la baja de los precios de la yerba mate como uno de los mayores éxitos de su gestión. 
MOL