Tiempos de Libertad. El Presupuesto que Milei no quería, la nueva regla cambiaria y el mercado reconoce la solidez fiscal de Misiones

El oficialismo nacional jugó a todo o nada en la votación del proyecto de Presupuesto y se quedó con casi nada. Pretendió imponer a sus aliados circunstanciales una serie de condiciones que no estaban acordadas de antemano y perdió en la votación de un capítulo clave. De resultas que lo que se proponía como un presupuesto superavitario, terminó en uno deficitario. Remató la faena con un acuerdo con el peronismo para designar representantes en la AGN, lo que enfureció al PRO, la UCR y a Provincias Unidas, que se quedaron afuera. 

La votación del Presupuesto empezó a definirse mucho antes de que el proyecto se tratara en las comisiones. En cada uno de los contactos del ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores y en cada llamada del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a dirigentes de la oposición. En la lógica del garrote y la zanahoria, solo en la primera quincena de diciembre la Nación repartió ATN por 66 mil millones de pesos, un tercio de lo disponible para todo el año. 
 
Gracias a estas negociaciones, el Gobierno nacional se había granjeado una mayoría para sancionar un Presupuesto austero, pero no tenía asegurados los porotos para aprobar todos los ajustes que pretendía, incluidos recortes en áreas sensibles como educación, discapacidad y asignaciones familiares.

Los puntos más polémicos que el oficialismo pretendía aprobar eran la derogación de las emergencias en universidades y en discapacidad, leyes sancionadas por el Congreso, luego vetadas por el Ejecutivo y reafirmadas por ambas cámaras.

Sabiendo que no tenía los números para desactivar esas leyes, los libertarios optaron por una estrategia a todo o nada. Modificaron el articulado del proyecto a efectos de concentrar en un mismo capítulo, el número XI, todos los ajustes polémicos, incluidas las mencionadas leyes, además de beneficios para algunas provincias (como la coparticipación para CABA) y financiamiento para la Justicia, (por si a algún juez se le ocurriera analizar la constitucionalidad del artículo).

Luego cambiaron la forma de votar en particular. En vez de hacerlo artículo por artículo se votaría por capítulos, forzando a los diputados a votar el paquete completo, sin posibilidades de hacer sintonía fina.

El tiro les salió por la culata, porque el intento de meter por la fuerza la derogación de dos leyes sancionadas y confirmadas por dos terceras partes del Congreso dentro de un paquete cerrado, resultó un sapo muy difícil de tragar para muchos de los aliados circunstanciales del Gobierno, que votaron el contra del Capítulo XI.

Si los libertarios hubieran seguido el procedimiento estándar, se hubieran aprobado los ajustes que estaban consensuados y los demás se hubieran rechazado, pero al meterlos a todos en el mismo paquete, se terminaron quedando sin nada.

El enojo en las filas libertarias fue tal que el presidente barajó la posibilidad de vetar el Presupuesto que él mismo había mandado, pero eso hubiera ido en contra de las exigencias del FMI y de Estados Unidos que exigen la sanción de un presupuesto y una mayor atención a la calidad institucional.

Hasta el cierre del presente envío, se imponía dentro del Gobierno la idea de adoptar una estrategia de reducción de daños que procure, no ya derogar las emergencias en discapacidad y universidades. sino reducir el costo fiscal de estas medidas.

Es que tras la votación del presupuesto esas leyes de emergencia se convirtieron en las que ostentan mayor respaldo institucional en la historia legislativa del país: fueron sancionadas, luego confirmadas por dos tercios de ambas cámaras en rechazo al veto presidencial y finalmente respaldadas nuevamente por Diputados durante la votación del Presupuesto.

Más allá de que el Gobierno ahora tendrá que arreglárselas con un Presupuesto diferente al que diseñaron, el tropiezo del Capítulo XI reveló lo frágil del entramado de alianzas que tejió el Gobierno nacional con el amplio abanico no libertario del espectro político nacional.

Ese andamiaje precario quedó todavía más sacudido luego de la sorpresiva designación de autoridades de la Auditoría General de Nación (AGN) tras una votación entre gallos y media noche.

Había tres lugares vacantes. Tanto el PRO como el bloque de Miguel Pichetto tenían aspiraciones de quedarse con alguna de las sillas. Pero los libertarios terminaron negociando con el kirchnerismo y con el salteño Gustavo Sáenz.

En plena madrugada, cuando el recinto estaba medio vacío, Martín Menem avanzó con las designaciones en la AGN a pesar de que el asunto no estaba incluido en el temario. De la nada aparecieron en el lugar, a las 3 de la mañana, Rita Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio Forlón (La Cámpora) y Pamela Caletti (Sáenz) que se aprestaron a jurar.

El Jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, denunció que se estaba cometiendo un acto inconstitucional, porque la designación de los auditores no figuraba entre los temas de sesiones extraordinarias incluidos en el decreto de Milei. Adelantó que el PRO lo impugnará en la Justicia. 

Nuevo esquema cambiario

En el plano de la economía, lo más importante de la semana fue el anuncio de un cambio significativo en el sistema de bandas que instrumenta el Central para administrar el tipo de cambio.

Hasta este anuncio, la regla era que los límites inferior y superior de la banda se actualizaban mensualmente en un porcentaje fijo de 1%. A partir de ahora se moverán en igual porcentaje al que arroje el último índice de inflación disponible.

Es decir que cuando se actualicen las bandas en enero, se moverán 2,5%, que fue el dato de inflación de noviembre.

Si bien esto no implica que el dólar vaya a subir más rápidamente, porque eso en definitiva dependerá de la oferta y demanda de divisas, sí implica que el Gobierno está dispuesto a convalidar un ritmo más acelerado de devaluación.

Este cambio es consistente con el objetivo de acumular reservas, que se veía restringida por la rigidez del sistema anterior.

Con las bandas moviéndose a un ritmo muy inferior a los precios internos se estaba generando una apreciación del tipo de cambio real que con el correr de los meses hubiera generado una presión cambiaria difícil de contener, como ya ocurrió a fines del año pasado.

Si se hubiera mantenido esa dinámica, más tarde o más temprano esa presión cambiaria hubiera obligado al Central a salir a quemar dólares para mantener al tipo de cambio dentro de la banda. Teniendo en cuenta que el dólar actual está muy cerca del techo y que se avecina un período de alta demanda por las vacaciones, es esperable que el dólar tienda a aumentar en los próximos dos meses.

Con este cambio, el Gobierno resigna terreno en el objetivo de bajar la inflación, porque “aliviana” el ancla cambiaria, a cambio de una mayor flexibilidad necesaria para recomponer reservas y también mayor previsibilidad, porque en los mercados ya estaba instalada la duda respecto a la capacidad del Gobierno de sostener el esquema de bandas tal como venía funcionando hasta la semana pasada.

El crecimiento de la economía resulta crucial para el sostenimiento del sistema, porque incrementaría la demanda de dinero, lo que a su vez permitiría al Central inyectar liquidez a través de la compra de divisas sin que ese crecimiento en la base monetaria se traduzca en más inflación.

El Gobierno espera que esta modificación en la regla cambiaria, que ahora se ajusta mejor a lo que venía reclamando el mercado, facilite una reducción del riesgo país, objetivo imprescindible para que Argentina pueda volver a los mercados de crédito sin pagar las tasas prohibitivas que se pagaron en la última toma de deuda nacional. 

Los mercados reconocen el orden misionero
La semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaba con toda la fanfarria del caso que Argentina volvía a estar presente en los mercados internacionales de crédito. El funcionario explicó que el país había logrado colocar un bono con una tasa anual de 6,5% en dólares, pero omitió la letra chica escondía un dato sustancial, los bonistas habían pagado 910 dólares por cada 1.000 dólares en bonos, lo que elevaba la tasa real a 9,26%.

Una semana después Misiones también salió a buscar financiamiento. No para pagar vencimientos ni cubrir otras urgencias financieras como suele hacer Nación, sino para avanzar en una obra de infraestructura necesaria para el crecimiento de la provincia: una línea de alta tensión de 132 kV que llevará energía desde la estación San Isidro, en Posadas, hacia la zona Centro.

El caso es que cuando Misiones salió a buscar crédito, lo consiguió a una tasa de 5,9% anual, muy inferior a la que asumió el país en la última emisión de bonos en dólares. La diferencia no es menor: la tasa de 9,26% que se comprometió a pagar la Nación es 57% más alta que la que pagará Misiones.

La buena calificación fiscal de Misiones, construida a partir de años de orden financiero, sin endeudamiento para gastos corrientes ni pago de salarios, es la principal causa que explica el hecho de que la provincia pague menor tasa que la Nación.

Es cierto también que los créditos de organismos multilaterales como el que tomó Misiones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) ofrecen condiciones más favorables que las disponibles en el mercado financiero tradicional.

La nueva línea de alta tensión que se construirá con ese crédito apunta a mejorar la calidad del suministro eléctrico en más de 30 localidades de la zona Centro, una región que hoy enfrenta cortes frecuentes y limitaciones para el desarrollo productivo.

El secretario de Hacienda de la Provincia, Adolfo Safrán, reconoció que la escasez energética es uno de los principales cuellos de botella para la radicación de industrias y la expansión económica de la provincia. En ese contexto, la obra cobra aún más relevancia frente al parate generalizado de la obra pública en el país.

La licitación ya fue realizada y, según indicó el funcionario, la intención es que los trabajos comiencen durante el verano, con un plazo de ejecución estimado en dos años.

Otra novedad relevante en el plano económico provincial fue la confirmación de la continuidad de los programas Ahora, o al menos de la mayoría de ellos, anunció que corrió por cuenta del Gobernador, Hugo Passalacqua.

Los programas que ofrecen la posibilidad de comprar sin intereses y con reintegros, vencían a fin de año y su continuidad estaba en duda por el alto costo financiero que implica el sostenimiento de este esquema y por cierto grado de inacción que mostraron algunas cámaras empresariales a la hora de apoyar esta operatoria.

Los programas Ahora seguirán hasta marzo de 2026, a pesar del contexto fiscal adverso
Finalmente se hizo escuchar el clamor de los empresarios, especialmente de los comerciantes, que pidieron la continuidad de los Ahora a sabiendas de que en algunos rubros hasta el 80% del total de las ventas se canalizan a través de estos programa.s

Los programas Ahora seguirán hasta marzo de 2026, a pesar del contexto fiscal adverso. El Gobernador destacó que la decisión de sostenerlos responde a la voluntad política de amortiguar la crisis, proteger al comercio que es generador de empleo y al entramado productivo local. 

Nueva coordinación
En su primera semana como ministro Coordinador, Kako Sartori dejó en claro que su gestión tendrá un fuerte anclaje en los municipios. Jefes comunales de distintos puntos de la provincia coincidieron en destacar a quien hasta hace poco fuera su par de Campo Grande, por su experiencia, su conocimiento del funcionamiento de los municipios y, sobre todo, su capacidad para ordenar demandas en un contexto nacional complejo atravesado por la caída de la coparticipación y de la recaudación propia.

Es que Sartori ya venía realizando un trabajo de articulación entre los municipios y la Provincia en su gestión como presidente de la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (Codeim), un espacio que nuclea a más de treinta jefes comunales y que tiene como objetivo ordenar prioridades a la hora de plantear las necesidades de cada uno de los municipios.

Durante el acto del centenario de Puerto Libertad, el gobernador Passalacqua habló de una nueva etapa con “visión municipalista”. “En tiempos difíciles hay que ir por lo pequeño, por lo cotidiano, por lo que de verdad le interesa a la gente: llenar la olla, resolver lo urgente, atender lo inmediato. No como resignación, sino como estrategia”, dijo.

Ese enfoque se refleja con nitidez en la agenda del gobernador. En apenas un mes, Passalacqua recorrió la provincia como pocas veces se vio en los últimos años. Puerto Libertad, con un mensaje cargado de identidad, memoria y futuro en su centenario. San Pedro, incorporando más de 247 hectáreas de bosque nativo al sistema de áreas protegidas, reafirmando el perfil ambiental de Misiones. Posadas, recibiendo equipamiento médico de alta complejidad para el Hospital Favaloro, con el objetivo de descentralizar la atención y aliviar la demanda del Madariaga. Oberá y Leandro N. Alem, avanzando en una obra eléctrica estratégica de 132 kV que beneficiará a más de 100 mil familias y permitirá la expansión productiva de toda la zona centro. La Universidad Popular de Misiones, celebrando miles de egresos en oficios como herramienta concreta de inclusión social. La Universidad de las Fuerzas de Seguridad, formando profesionales con títulos universitarios en una experiencia inédita a nivel nacional. Y la agenda productiva, con la apertura del mercado de la India para la yerba mate misionera tras años de trabajo sostenido.

Las encuestas y sondeos de opinión confirman que el estilo de gestión de Passalacqua conserva un alto nivel de aceptación, según el último ranking federal de CB Consultora Opinión Pública, Passalacqua cerró 2025 con un 55,3% de imagen positiva, ubicándose entre los cinco gobernadores mejor valorados del país. No es un dato menor en un escenario nacional marcado por la desconfianza y el desgaste de la política.

En la capital provincial ocurre algo similar. Posadas es hoy una ciudad reconocida, ordenada, limpia, moderna, con espacios públicos cuidados y obras visibles. Una transformación que los vecinos perciben y valoran. La gestión de Stelatto logró consolidar un modelo de ciudad que genera consenso social, y eso también se refleja en los números: con 59,3% de imagen positiva, el intendente se ubicó entre los tres mejores del país, según el mismo relevamiento.

MOL