Jorge Villalba
La decisión sorprendió por el timing: hace apenas una semana el Directorio avanzó con una suba del valor de la “estampilla” (tasa de fiscalización) para incrementar la recaudación, pero aun así se comunicó el recorte de personal.
El ajuste llega en el peor tramo de la crisis yerbatera: precios de hoja verde que no cubren costos, endeudamiento de cooperativas y una cadena cada vez más concentrada, con pequeños productores y secaderos asfixiados entre la caída de ingresos y la pérdida de herramientas regulatorias. En ese marco, el INYM perdió funciones que antes cumplía: controles y verificación de calidad, dejando al mercado mucho más liberado.
El nuevo presidente del organismo, el contador público Rodrigo Martín Correa, fue designado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 873/2025, publicado a mediados de diciembre, tras un prolongado período de acefalía en la conducción. Su llegada fue leída en el sector como parte del reordenamiento institucional del INYM en la etapa libertaria, con una agenda de “reducción” del Estado y revisión de normas históricas.
En paralelo, una de las primeras decisiones de peso del Directorio con la nueva conducción fue impulsar el aumento de la estampilla: distintos medios informaron la actualización a $32,12 por kilo (cerca de 28%), con el argumento de que el valor estaba congelado desde 2023 y que los costos del Instituto se dispararon.
Con ese antecedente inmediato, los despidos conocidos este martes reabren preguntas incómodas: ¿Por qué aumentó la estampilla si ahora despide personal? ¿Dónde va a gastar el dinero de la recaudación si ya no realiza controles ni promoción?
