Tiempos de Libertad. Honestidad brutal de Trump, pax cambiaria con plaza seca y Misiones sostiene el superávit con el NEA en rojo

Lo que comenzó en 2019 como una bravuconada que en los pasillos de Bruselas tildaron de absurda, se transformó en las últimas semanas en la crisis diplomática más aguda entre Estados Unidos y Europa desde tiempos de la guerra fría. La insistencia de la administración de Donald Trump en anexar Groenlandia que derivó en la posterior imposición de sanciones económicas a Dinamarca y otros socios de la UE tras su negativa, marca un punto de inflexión en el orden mundial: el retorno a una realpolitik cruda donde la soberanía tiene precio y el territorio es un activo transferible.

 
Este escenario inédito plantea interrogantes urgentes sobre la vigencia del derecho internacional y expone un cambio radical en la narrativa de la política exterior estadounidense. 
 
Trump no ve a Groenlandia como una nación constitutiva del Reino de Dinamarca con autonomía propia, sino como un activo infrautilizado con una ubicación estratégica premium.

Para estados Unidos Groenlandia es el portaaviones natural más importante del hemisferio norte. Controlar la isla implica dominar las nuevas rutas marítimas y bloquear el acceso de Rusia y China al patio delantero (el trasero sería América Latina) de América del Norte.

Es además una fuente de recursos estratégicos que posee importantes reservas no explotadas de tierras raras, uranio y petróleo. En la guerra comercial contra China, asegurar estos suministros es vital para la independencia tecnológica de EE. UU.

Insólitamente, Trump pretende presentar su oferta de compra de Groenlandia como una suerte de ayuda financiera para Dinamarca, que anualmente destina unos 700 millones de dólares al año en subsidios a la isla, carga que dejaría de pesar sobre los hombros de Copenhague. 

El fin de la diplomacia
Quizás el aspecto más perturbador de esta crisis no es la oferta en sí, sino la ausencia total de la retórica que históricamente ha lubricado las intervenciones estadounidenses.

Durante décadas, ya fuera en Vietnam, Irak o las expansiones de la OTAN, Washington justificaba sus acciones bajo el paraguas de valores universales: la “defensa de la democracia”, la “protección de los derechos humanos” o la “libertad de los pueblos”.

En el caso de Groenlandia no siquiera un intento de construir una retórica de ese tipo. No hay alegaciones de que el gobierno local sea tiránico, ni de que los inuit estén siendo oprimidos. La administración Trump no ha intentado fabricar un casus belli moral. El mensaje es brutalmente honesto y transaccional: “Lo queremos, es estratégico, tenemos el dinero, véndanlo”.

Esta desnudez diplomática ha descolocado a las cancillerías europeas. Es difícil contraargumentar diplomáticamente cuando la otra parte no habla de valores, sino de precios. Al eliminar el componente moral, EE. UU. ha reducido la relación transatlántica a una mera negociación mercantil, donde las sanciones económicas actuales (aranceles al acero alemán, al queso danés y al vino francés) actúan como una técnica de presión comercial extorsiva, no como una herramienta de justicia política.

El rechazo europeo se cimenta en una interpretación del Derecho Internacional del siglo XXI, que choca frontalmente con la visión decimonónica de Trump.

Legalmente, una «compra» de territorio habitado, al estilo de la compra de Luisiana en 1803 o de las Islas Vírgenes Danesas en 1917, es hoy una aberración jurídica. Implicaría tratar a los 56.000 habitantes de Groenlandia como bienes muebles adjuntos a la tierra, una noción incompatible con los derechos humanos contemporáneos.

Sin embargo, los juristas de la Casa Blanca argumentan que, bajo acuerdos de defensa existentes (como el tratado de 1951) y la dependencia económica de la isla, existe un marco para una “transferencia de soberanía asistida”, ignorando deliberadamente la voluntad de Nuuk.

La geopolítica del garrote
La respuesta de Trump ante la negativa europea fue imponer sanciones económicas a aliados de la OTAN. Al utilizar el poderío económico del dólar y el acceso al mercado estadounidense como arma contra sus propios socios de seguridad, EE.UU. está debilitando la estructura de la alianza occidental más que cualquier maniobra rusa o china.

Europa se encuentra en una encrucijada imposible: si cede y negocia valida la idea de que la soberanía europea está en venta y sienta un precedente peligroso para otras regiones disputadas.

Si resiste se enfrenta a una guerra comercial con su principal socio en un momento de fragilidad económica global y se enfrenta a la posibilidad real de enfrentar una intervención militar directa del ejército más poderoso del mundo.

La crisis de Groenlandia simboliza el fin del orden liberal internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ha dejado claro que bajo la doctrina “America First”, los aliados son prescindibles si se interponen en el camino de los intereses estratégicos tangibles.

Al prescindir de la justificación de la “defensa de la democracia”, Trump ha inaugurado una era de honestidad brutal que resulta aterradora: un mundo donde los territorios son mercancía y donde el derecho internacional es solo una sugerencia que puede ser revocada por una sanción económica suficiente. Groenlandia, con su hielo y su silencio, se ha convertido en el campo de batalla donde se decide si el futuro de las naciones se vota o se compra.

A pedir de China y de Rusia
Al tratar de forzar la compra de Groenlandia mediante asfixia económica y al establecer lo que en la práctica opera como un “protectorate administrativo” sobre Venezuela —donde la Casa Blanca ha asumido competencias ejecutivas directas bajo la premisa de la seguridad regional—, la administración Trump no solo ha redefinido su patio trasero. Involuntariamente, ha enviado una carta de invitación a Xi Jinping y Vladimir Putin.

La premisa es devastadora para el derecho internacional: Si Estados Unidos puede reclamar soberanía absoluta sobre su hemisferio por razones de «seguridad nacional» y «necesidad estratégica», ¿bajo qué argumento moral puede prohibir a China y Rusia hacer lo mismo en sus propias fronteras?

La Doctrina Monroe (1823) nació como una advertencia defensiva: “América para los americanos”. Sin embargo, las acciones combinadas en el Ártico (Groenlandia) y el Caribe (Venezuela) han mutado esta doctrina en una política ofensiva de posesión.

Estados Unidos está comunicando al mundo que la soberanía de las naciones más pequeñas (Dinamarca/Groenlandia o Venezuela) es irrelevante cuando choca con los intereses existenciales de la superpotencia vecina. Este es exactamente el lenguaje que Pekín y Moscú llevan años esperando escuchar de Washington para legitimar sus propias agendas expansionistas.

Para el Partido Comunista Chino, la crisis de Groenlandia es un regalo diplomático. La narrativa estadounidense sobre Taiwán se ha basado históricamente en la defensa de la democracia y la autodeterminación de la isla. Pero, ¿cómo puede Washington defender la autodeterminación de Taipéi mientras ignora la de Nuuk en Groenlandia?

El precedente estadounidense habilita a China para reformular su reclamo sobre Taiwán y el Mar de China Meridional.

El argumento de la indivisibilidad de la seguridad al que recurre EE.UU. cuando dice que no puede tolerar siquiera la posibilidad de que potencias extranjeras tengan algún tipo de injerencia en territorios cercanos como Venezuela o Groenlandia, es el mismo que plantea China para avanzar sobre Taiwán.

Para Vladimir Putin este escenario es la validación final de su tesis sobre Ucrania. El Kremlin siempre ha sostenido que Ucrania no es simplemente un país vecino, sino parte integral de la esfera de seguridad rusa, una suerte de zona de amortiguación contra la OTAN.

La lógica aplicada por Trump en Venezuela (intervención directa por inestabilidad y riesgo geopolítico) es simétrica a la lógica rusa en el Donbás y Crimea. Si Washington puede declararse “presidente a cargo” de Venezuela para ordenar la casa, Rusia argumenta que tiene el mismo derecho y deber de intervenir en Kiev para proteger su flanco sur.

La hipocresía occidental se convierte en el escudo de Moscú. Ante cualquier futura sanción por avanzar sobre territorio ucraniano, el Kremlin simplemente señalará al Ártico y al Caribe. 

La UE y el Mercosur finalmente abren sus puertas
Tras más de dos décadas de negociaciones intermitentes, avances tímidos y retrocesos frustrantes, el acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) está a punto de concretarse. Como todo ejercicio de apertura económica, este acuerdo presenta oportunidades enormes para Argentina, pero también es una prueba de fuego para un tejido productivo nacional históricamente protegido y poco competitivo.

Para quienes ven el vaso medio lleno, el acuerdo ofrece la llave maestra para desbloquear el potencial exportador argentino. La eliminación gradual de aranceles para el 82% de las importaciones agrícolas del Mercosur es música para los oídos agroexportadores.

Argentina obtendrá cuotas preferenciales para carne bovina, aviar, miel, maíz y azúcar. Sectores de economías regionales, como el vitivinícola en Cuyo o el citrícola en el NOA, verán caer las barreras que hoy frenan su entrada a Europa.

Más allá de las commodities, el acuerdo funciona como un sello de calidad. Al adoptar estándares europeos en propiedad intelectual, compras públicas y servicios, Argentina envía una señal de seguridad jurídica que podría atraer inversión extranjera directa (IED) en sectores clave como la energía (Vaca Muerta) y la minería (litio), buscando socios que quieran diversificar sus cadenas de suministro lejos de Asia.

Misiones tiene oportunidades de crecimiento de sus exportaciones gracias a los avances que hubo, especialmente en los últimos años, en materia de producción libre de agroquímicos y de procesos de elaboración de alimentos, como yerba mate y té, que cumplen con los rigurosos estándares de la UE.

Esto se logró en buena medida gracias a políticas provinciales de apoyo a la producción amigable con el medio ambiente, pero también porque el sector privado invirtió reconvirtiendo molinos y secaderos para adaptar sus procesos.

Para la industria, golpeada por la apertura de exportaciones, este nuevo acuerdo podría traer más dolores de cabeza porque profundizaría la asimetría estructural entre ambos bloques en materia de productividad.

La industria manufacturera argentina, especialmente la metalmecánica y automotriz, enfrenta el desafío de competir con gigantes alemanes o franceses. Si bien la desgravación es gradual (hasta 15 años para sectores sensibles), el riesgo de quiebras en el conurbano bonaerense y en los polos industriales de Córdoba y Santa Fe es real si no se implementan reformas de competitividad interna (impositivas y logísticas) antes de la apertura total. 

Hoja de ruta
Aunque la voluntad política está sobre la mesa y los textos cerrados, el camino hacia la implementación efectiva es un campo minado burocrático y político. El acuerdo no entra en vigencia mañana.

Queda pendiente la revisión legal (legal scrubbing) para la que juristas de ambos bloques deberán revisar las miles de páginas del texto para asegurar la coherencia legal y eliminar ambigüedades técnicas, después debe ser traducido a los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea.

Lo siguiente será buscar la aprobación del Consejo Europeo integrado por los gobiernos de los 27 países miembros de la UE. Aquí reside el mayor peligro político a raíz del poder de lobby de la agroindustria de países como Francia, Irlanda o Polonia que podrían intentar vetar o dilatar el proceso. Luego la ratificación del Parlamento Europeo.

Finalmente, para la vigencia plena cada congreso nacional de los países del Mercosur y los parlamentos nacionales de la UE deben ratificarlo. 

Economía planchada, pero en paz
La economía argentina transita el inicio de 2026 en un escenario de dualidad técnica: mientras los dólares financieros perforan mínimos de dos meses, el programa monetario de la administración de Javier Milei enfrenta tensiones estructurales que condicionan su sostenibilidad a largo plazo y la reactivación de la inflación es un dato cada vez más preocupante.

La combinación de una iliquidez extrema en pesos y una oferta de divisas sostenida ha reconfigurado el tablero financiero, pero las consultoras privadas advierten que el éxito del ancla cambiaria aún no logra despejar las dudas sobre la reactivación del consumo y la salida definitiva del cepo.

La reciente caída de las múltiples cotizaciones del dólar responde a una política monetaria contractiva que secó la plaza de pesos. Según un informe de IEB (Invertir en Bolsa), el objetivo primordial es la desinflación, lo que ha derivado en niveles de iliquidez que se reflejan en las tasas altas y más volátiles.

Para Max Capital, la estrategia es clara: el Gobierno decidió utilizar el tipo de cambio como un ancla nominal para contener los precios. Esta visión se apoya en tres factores técnicos concurrentes:

-Participación BCRA-Tesoro: Una oferta de dólares coordinada que mantiene a raya la brecha.

-Instrumentos de Cobertura: La venta de instrumentos dólar-linked por parte del BCRA, que absorbe demanda de cobertura.

-Tasas Reales: El Tesoro ha convalidado tasas más altas en el tramo corto, incentivando el posicionamiento en moneda local.

Desde la consultora PPI (Portfolio Personal Inversiones) y el análisis de Gustavo Ber, se suma un componente conductual: el “efecto descanuto”. La recesión y la necesidad de financiar compromisos corrientes están obligando a empresas y particulares a liquidar tenencias de moneda dura, lo que inyecta una oferta adicional en un mercado con demanda privada todavía anestesiada por el cepo.

Los frentes abiertos
A pesar de la calma en la superficie cambiaria, la consultora Econviews, liderada por Miguel Kiguel, plantea que el plan monetario opera bajo condiciones de extrema sensibilidad. El informe destaca que, aunque el dato de inflación de diciembre (2,8%) fue alentador, el proceso de desinflación muestra una resistencia mayor a la esperada.

Econviews identifica tres frentes que condicionan el futuro inmediato:

Resistencia inflacionaria: Tras el mínimo de mayo pasado, la inflación ha mostrado ocho meses de subas moderadas pero persistentes, desafiando la velocidad de convergencia esperada por el Palacio Hacienda.

Actividad y consumo: Los indicadores de consumo no logran recomponerse de manera generalizada, lo que genera una paz basada en la debilidad de la demanda más que en la robustez de la oferta.

El riesgo país como llave: Para normalizar el acceso al crédito internacional y permitir un rollover de deuda eficiente, el informe subraya que el riesgo país debe perforar el piso de los 450 puntos básicos.

“Entre que no hay una tasa de política monetaria clara y que ni el BCRA ni el Tesoro hicieron mucho para suavizar la suba de tasas, queda confirmado que, por ahora, el que manda es el dólar”, sentencia el documento de Econviews.

El equilibrio actual es, por definición, transitorio. La pax cambiaria depende de que la brecha se mantenga en niveles mínimos para evitar expectativas de devaluación que se trasladen a precios. Sin embargo, el esquema de apretón monetario tiene un límite social y productivo.

El costo más significativo del programa que instrumentan Milei y su ministro Luis Caputo queda reflejado en una estadística lapidaria: en los dos primeros años de la administración libertaria, se perdieron 21.046 empleadores, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) a octubre de 2025, mientras que la desaparición de estas empresas se tradujo en una caída de más de 270.000 puestos de trabajo. 

Misiones, la provincia con mayor control del gasto del país
De acuerdo a información suministrada por el ministerio de Economía de la Nación y que se extienden hasta el tercer trimestre del año pasado, Misiones fue una de las seis provincias del país que dispuso de menos ingresos en 2025 que en 2024 pero pese a ello, fue la única provincia del NEA que consiguió mantener sus números fiscales en terreno positivo.

El consolidado de todas las provincias más CABA indica un crecimiento muy leve (2,7%) de los ingresos totales en 2025 en comparación a 2024 que se combinó con un crecimiento mucho mayor del gasto público, que aceleró a 11,3%.

En Misiones las cuentas cerraron bastante mejor a pesar de que los ingresos totales registraron una merma de 0,2%, lo que solo pudo lograrse gracias a un incremento del gasto público que fue de apenas 0,5% interanual, el menor entre todas las provincias.

Es decir que mientras en las demás provincias el gasto aumentó 8,6 puntos porcentuales más que los ingresos, Misiones mantuvo el equilibrio entre ingresos y egresos con un leve desfase de 0,3 puntos.

Misiones consiguió cerrar 2025 con un incremento insignificante en su gasto público sin necesidad de recortar en pago de salarios, el gasto en esa categoría aumentó 14,2%, ni en jubilaciones ya que el gasto destinado a seguridad social se incrementó más de 23%.

El recorte pasó principalmente por el rubro “servicios no personales” que usualmente se asocia al gasto político, que bajó 3% y trasferencias corrientes, con una baja de más de 12 puntos.

La austeridad en el manejo del gasto público permitió a la provincia llegar al tercer trimestre del año pasado con superávit fiscal primario acumulado de más de 90 mil millones de pesos y uno financiero de más de 80 mil millones.  

Las demás jurisdicciones del NEA no pueden ostentar los mismos números a pesar de que todas incrementaron sus ingresos.

Corrientes, por ejemplo, aumentó sus ingresos en 2,5%, pero sus gastos aceleraron a 15,7%, lo que la llevó a cerrar el período con un rojo primario de 70 mil millones de pesos. Chaco y Formosa repiten el comportamiento de Corrientes, ambas aumentaron sus gastos muy por encima de sus ingresos y cierran con déficit fiscal. 

La base para un gobierno presente
Misiones sostuvo el equilibrio a partir de una expansión mínima del gasto y una decisión política sostenida durante más de dos décadas: no gastar más de lo que ingresa, no endeudarse y priorizar la estabilidad.

Ese orden institucional y fiscal no solo es apenas un dato técnico, es la piedra sobre la que se apoya una construcción política que logra sostener beneficios clave como el Boleto Estudiantil y encarar una segunda mitad de gestión con iniciativa, presencia y orden fiscal sin ajuste social, algo que Nación no logró hasta ahora.

En plena recesión, sostener beneficios como el mencionado Boleto Estudiantil, educación y salud públicas sin costo para la gente son beneficios que combinados equivales a un salario adicional para muchas familias. Es un alivio concreto al bolsillo, una herramienta que protege la trayectoria educativa y la salud de niños, adolescentes y jóvenes, y que muy pocas provincias del país pueden sostener en este contexto. Solo una administración equilibrada, responsable y ordenada puede darse ese margen en medio de la “motosierra” nacional y la caída de recursos.

La reconfiguración de la administración Passalacqua
La administración de Hugo Passalacqua inició su segunda etapa bajo un proceso de reconfiguración estratégica que trasciende el recambio de cuadros en el gabinete. Este giro se manifiesta en una dinámica operativa caracterizada por una mayor presencia territorial y una lógica de gestión de proximidad, diseñada para mitigar los efectos de una coyuntura macroeconómica nacional compleja.

En el ámbito político, se observa una alineación operativa con los gobiernos locales; la gestión de la ciudad de Posadas, encabezada por Leonardo Stelatto, mantiene una sintonía de agenda con la administración provincial, priorizando la capacidad de respuesta inmediata.

Este cambio de ritmo administrativo ha quedado de manifiesto incluso durante el receso estival de enero. La agenda del Ejecutivo provincial se mantuvo activa mediante una serie de recorridas y anuncios que buscan fortalecer los mecanismos de contención social. Ante la retracción del consumo y la recesión a nivel federal, la estrategia provincial se centró en el acompañamiento directo como eje de la política pública.

Una de las notas distintivas de esta fase es la apuesta por la revalorización de la gestión cotidiana. Se observa un desplazamiento hacia soluciones de impacto directo y ajustes operativos que buscan optimizar los recursos existentes. Para ello, se ha integrado al equipo de gobierno a funcionarios de perfiles técnicos y políticos jóvenes, con el objetivo de dotar a las subsecretarías y ministerios de una impronta menos burocrática y con mayor despliegue en terreno.

La operatividad del Estado provincial en las últimas semanas se ha traducido en medidas concretas de apoyo a diversos sectores:

Economía y Producción: Se implementó la equiparación fiscal para estaciones de servicio de «bandera blanca» para fomentar la competitividad regional.

Industria y Energía: Se destaca el avance en la radicación de una planta de procesamiento de bambú en Apóstoles con capitales extranjeros y la consolidación de inversiones en infraestructura eléctrica para mejorar la resiliencia del sistema ante contingencias climáticas.

Salud y Ambiente: Se iniciaron los operativos sanitarios de Vuelta a Clases para garantizar la cobertura de salud escolar. En materia ambiental, se reforzaron las capacidades de control forestal y el sistema de alerta temprana contra incendios, posicionando a la provincia a la vanguardia en monitoreo preventivo.

Esta hoja de ruta de corto plazo refleja una decisión política de mantener la operatividad institucional al máximo nivel, buscando compensar mediante la gestión local las carencias derivadas del escenario económico nacional.

 MOL