Precarizacion laboral: el oficialismo logró la media sanción

Con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, el Senado aprobó una reforma que redefine indemnizaciones, jornada laboral, licencias por enfermedad y el régimen de trabajadores independientes, después de conceder reclamos de gobernadores, bancos y gremios

Actualidad12/02/2026Jorge VillalbaJorge Villalba
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En una sesión extensa que se prolongó hasta la madrugada y estuvo atravesada por negociaciones contrarreloj, el Senado le dio media sanción a la reforma laboral por 42 votos a favor y 30 en contra. El resultado llegó luego de que el oficialismo aceptara modificaciones que ya se venían conversando en la previa, aunque sin difusión pública de su contenido final, y que terminaron de cerrarse en las horas decisivas del debate. 
 

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El oficialismo consiguió el respaldo del PRO, la UCR, Provincias Unidas y los bloques provinciales alineados con los gobernadores de Salta, Chubut, Misiones, Tucumán y Neuquén. En contra votaron los 28 senadores del peronismo —21 del bloque Justicialista que preside José Mayans, 2 del Frente Cívico por Santiago que responden a Gerardo Zamora y 5 de Convicción Federal, encabezados por Fernando Salino— además de los dos representantes de Santa Cruz que responden al gobernador Claudio Vidal.

El ministro del Interior, Diego Santilli, siguió el debate durante toda la jornada, dando vueltas por los pasillos del Senado y entrando y saliendo del despacho de Patricia Bullrich, donde se terminaron de cerrar algunos apoyos. Distinto fue el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se sumaron en la madrugada, minutos antes de la votación. También estuvieron Martín y "Lule" Menem, que se ubicaron en los palcos cuando el oficialismo ya descontaba el resultado y se preparaba para la foto del triunfo.

El punto que terminó de sellar el acuerdo con los mandatarios provinciales fue la eliminación del artículo que reducía la alícuota de Ganancias para empresas. El anuncio, formalizado el martes por Patricia Bullrich, respondió al reclamo de los gobernadores, que advertían sobre el impacto negativo en la masa coparticipable.

También hubo cambios relevantes vinculados al sistema financiero. Finalmente, las billeteras virtuales no quedarán habilitadas para el pago de haberes: el texto restringe esa posibilidad exclusivamente a entidades bancarias. La decisión fue interpretada como una señal hacia el sector financiero y hacia gremios que reclamaban mayor control sobre la canalización de salarios.

En paralelo, los sindicatos lograron preservar herramientas centrales de financiamiento. Se mantendrá la facultad de cobrar aportes solidarios a los trabajadores con un tope del 2% y sin fecha de vencimiento, cuando el proyecto original establecía que ese límite regiría solo por dos años. En espejo, los aportes obligatorios que perciben las cámaras empresarias continuarán vigentes, con el tope actual del 0,5% mensual. Además, se sostuvo el aporte patronal del 6% a las obras sociales, que en la versión inicial se buscaba reducir al 5%.

Los cambios estructurales que no se tocaron
Más allá de las modificaciones acordadas, el núcleo de la reforma en términos de derechos individuales de los trabajadores se mantuvo sin alteraciones. La ley habilita el fraccionamiento de vacaciones, amplía la jornada laboral hasta 12 horas bajo esquemas de compensación y consolida la figura del banco de horas. También redefine el cálculo indemnizatorio por despido, excluyendo conceptos como aguinaldo y bonos, y habilita como alternativa la adhesión al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

En materia de licencias por enfermedad, la reforma establece que el trabajador cobrará el 50% de su salario si el accidente o la afección no es laboral y deriva de una actividad "voluntaria y consciente". En los demás casos, la remuneración será del 75%.

La reforma, además, deroga la ley de teletrabajo a partir del 1° de enero de 2027 e incorpora nuevos condicionamientos para la realización de asambleas en los lugares de trabajo. El texto establece que las asambleas sindicales deberán contar con autorización previa del empleador en relación con el lugar, el horario y la duración, y dispone que el tiempo destinado a su realización no será considerado remunerado.

Uno de los cambios más significativos impacta sobre el universo freelance y de plataformas. El texto redefine el estatus de trabajadores independientes, monotributistas y prestadores de aplicaciones digitales, a quienes excluye expresamente del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo cuando medien contratos de obra o servicios profesionales y emisión de facturas. En la práctica, esto implica que no estarán alcanzados por indemnización, vacaciones pagas, aguinaldo ni convenios colectivos. Asimismo, se modifica la presunción de relación laboral, un punto clave en litigios laborales.

Fondo de Asistencia Laboral y justicia laboral a la Ciudad

El Fondo de Asistencia Laboral fue otro de los ejes de debate. El esquema final ya no contempla un aporte patronal del 3%, como proponía el proyecto original. En cambio, se estableció un aporte del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes, una modificación impulsada por bloques aliados —con la UCR como principal negociador— que condicionaron su acompañamiento a una reducción del esquema original. Tras varios días de discusión, el oficialismo terminó aceptando esos porcentajes.

Desde la oposición advierten que el nuevo diseño afectará el financiamiento del sistema previsional y señalan la falta de precisiones sobre la administración del fondo: quién manejará las cuentas individuales, bajo qué mecanismos de control y con qué criterios de inversión.

Por otra parte, el oficialismo incorporó como anexo el convenio de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero creado por la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que generó fuertes cuestionamientos. Para que la transferencia de competencias se concrete, el acuerdo deberá ser aprobado también por la Legislatura porteña. Una vez formalizado, las causas laborales pasarán a tramitar en los juzgados locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dejarán de estar bajo la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo, que conservará competencia sobre materias residuales.

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