Jorge Villalba
El gobierno de Javier Milei inició el año con un baño de pragmatismo que le permitió avanzar en dos proyectos centrales para sostener la retórica de la revolución cultural. Muy atrás quedó aquel presidente que asumía a espaldas del Congreso -al que llegó a calificar como un “nido de ratas”- y las esotéricas apelaciones al “principio de revelación”. En su versión 2026, el gobierno libertario no duda en conceder, incluso frente a la diabólica “casta sindical”, con tal de ganar.
“Cuando te metés en el recinto, es para ganar una votación, no para que te llenen la cara de dedos”, resumió el diputado Benegas Lynch.
Al calor de la rosca política, el Gobierno consiguió la media sanción en Senadores de la reforma laboral y en Diputados, de la baja en la edad de imputabilidad. El avance legislativo fue posible gracias a una arquitectura de acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas que meses atrás parecía impensable. Este fenómeno, analizado como una aceleración oficialista en el Congreso, revela un gobierno que ha decidido ceder en la pureza del discurso anti-casta para ganar en gobernabilidad.
En el camino, el oficialismo cedió frente a la casta sindical, que consiguió sostener tal como estaba el mecanismo cuasi confiscatorio que le garantiza la recaudación de la cuota sindical y el manejo de las enormes cajas de las obras sociales.
Las provincias consiguieron que se elimine la reducción de ganancias que hubiera recortado todavía más la coparticipación. En este punto los libertarios dieron una lección de real politik. Porque los números indican que las arcas nacionales no están en mejores condiciones que las de las provincias y tampoco hubieran soportado una caída en la recaudación sin arriar las banderas del déficit cero.
No son pocos los que sostienen que la inclusión de la malograda reducción de ganancias en el proyecto de reforma laboral apuntaba más a otorgarle al gobierno nacional una moneda de cambio en las negociaciones con las provincias que a una voluntad real de bajar la carga de un impuesto que, para pesar de los contribuyentes, resulta fundamental para el equilibrio fiscal de todos, también de la Nación.
Pese a las concesiones, el oficialismo logró una media sanción que mantiene el espíritu del proyecto inicial. Se trata de una reforma que apunta a reducir los costos laborales y las indemnizaciones por despidos y a otorgarle mayor flexibilidad a las empresas para adecuar las jornadas laborales a sus necesidades.
Este beneficio para las empresas se consigue a costa de la pérdida de parte de los derechos adquiridos de los trabajadores que están “en blanco” y de los recursos de la Anses. El organismo previsional deberá resignar parte de lo que recauda en concepto de aportes patronales para alimentar al Fondo de Asistencia Laboral o FAL, una suerte de subsidio al despido.
El FAL será administrado por entidades financieras y las empresas aportantes podrán recurrir a él para pagar indemnizaciones. Además de aliviar el costo a las empresas, el Gobierno apunta a crear un pool de ahorro doméstico, tal como se hizo en los 90 con las AFJP, que muy probablemente termine absorbiendo deuda pública lo que favorecería el eterno rollover del Tesoro.
A pesar del triunfo en el Senado, el camino no está despejado. La Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará la sanción definitiva antes del 1 de marzo, se presenta como un campo de batalla más hostil. El kirchnerismo y la izquierda ya han anticipado que, de aprobarse, llevarán la ley ante la Corte Suprema alegando la inconstitucionalidad de los cambios en el régimen de vacaciones (ahora fraccionables) y la limitación del derecho a huelga.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto aprobado tiene que ver con los cambios en las licencias médicas. Bajo el régimen actual (Ley 20.744), el trabajador percibe la totalidad de su remuneración durante el tiempo de licencia por enfermedad o accidente inculpable. La reforma aprobada en el Senado rompe este paradigma al habilitar a las empresas a pagar solo un porcentaje (50% o 75% dependiendo del caso) del salario neto durante un plazo máximo de tres meses.
Desde la óptica económica, los defensores del proyecto argumentan que esta medida busca combatir el ausentismo injustificado, que en ciertos sectores industriales alcanza picos del 15%. Sin embargo, desde lo político y jurídico, la medida es vista como un claro retroceso en los derechos adquiridos, lo que expone a la ley a una segura catarata de amparos por inconstitucionalidad bajo el principio de no regresividad laboral.
El revuelo que generó ese punto provocó incluso cuestionamientos puertas adentro de LLA, porque contradice de manera incontrastable el discurso oficial según el cual la reforma no afectaría derechos de los trabajadores y agrega un punto de tensión que podría impulsar un cambio cuando el proyecto sea tratado en Diputados, lo que atrasaría la sanción de la ley.
Pero el éxito de este proyecto no se medirá por la cantidad de votos que logre sumar el Gobierno para su sanción sino por el efecto que tenga en el mercado laboral. Será exitosa si lograra incentivar la creación de empleo registrado, pero si apenas sirviera para acelerar el reemplazo de plantillas estables por modelos más volátiles, significaría un retroceso.
La paz de los cementerios
La recuperación del empleo registrado depende menos de una reforma del marco legal que de la reactivación de la economía, especialmente de los sectores que son más demandantes de mano de obra. El panorama que muestra el inicio de 2026 es poco alentador, al menos en ese aspecto.
Mientras los voceros del oficialismo celebran que el tipo de cambio se mantenga estable y con cierta tendencia a la baja en la última semana y que el Central esté recuperando reservas gracias a sucesivas compras de divisas, la “economía real” que marca el día a día de la gente y de las pymes, sigue en terapia intensiva.
El dato positivo es que el Central acumula compras por alrededor de 2.000 mil millones de dólares en lo que va del año, pero analistas advierten que esto se logró a costa de mayor tensión en áreas sensibles como la actividad económica y la inflación.
Los pesos que emite el Central para comprar dólares los absorbe el Tesoro a través de licitaciones de deuda que pagan tasas altas, lo que encarece el crédito, frena la actividad y el consumo.
Lo más preocupante es que a pesar de que las tasas no bajan, la inflación arrastra siete meses consecutivos al alza desde que marcó 1,5% en mayo pasado hasta el 2,9% que se registró en enero.
El consumo masivo sigue en retirada. En enero registró una caída interanual de 1,5%. El análisis por rubros revela un retroceso significativo en bienes esenciales como el consumo de carne vacuna que se desplomó un 6,5% interanual.
La inflación corre más rápido que los salarios, que pierden poder adquisitivos todos los meses, lo que repercute no solamente en el consumo sino también en el endeudamiento de las familias. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la mora en las financiaciones a las familias está en su nivel más alto desde 2010.
El economista Roberto Cachanosky, a quien nadie podrá tildar de “kuka”, fue lapidario al analizar el rumbo de la economía. Para el especialista, el Gobierno confundió la baja de la inflación que logró en primer año de su mandato con salud económica. “Bajar la inflación no es lo mismo que tener estabilidad de precios. Un 2% mensual no es estabilidad; los países estables tienen 2% anual”, sentenció Cachanosky.
El economista hace hincapié en que la actividad económica está siendo sacrificada para evitar el default y sostener las metas fiscales. Según su visión, los precios siguen siendo extremadamente altos en relación a los salarios reales, lo que impide que el consumo actúe como motor.
Argentina está consumiendo su stock de capital
“Argentina está consumiendo su stock de capital”, advirtió Cachanosky, señalando que la falta de inversión en maquinaria y equipo está provocando una descapitalización del país. Para el analista, sin una reforma laboral profunda que detenga la sangría de esas 22.000 empresas, no habrá creación de empleo genuino.
Con una economía que Cachanosky define como “chata” y una recaudación tributaria que crece por debajo de la inflación —señal inequívoca de baja actividad—, el escenario de 2026 se presenta como un laberinto de difícil salida.
Uno de los datos más contundentes que arroja el balance de los primeros 24 meses de gestión es la desaparición de 21.938 empleadores. Este cierre neto de unidades productivas ha tenido un impacto directo y devastador en el mercado laboral: en el mismo periodo, se registra una caída de 290.602 trabajadores en el sistema de riesgos del trabajo.
El fenómeno es particularmente cruel con las nuevas iniciativas, ya que el 34% de los cierres corresponde a empresas con menos de tres años de antigüedad. A esto se suma el ajuste en el sector público, que durante 2025 eliminó 21.742 puestos, una reducción del 7,2% interanual, como parte del plan de recorte de gastos del Ejecutivo.
El alivio como herramienta de gestión
En un contexto económico marcado por la incertidumbre y una narrativa nacional centrada en el ajuste fiscal severo, Misiones consolida un esquema de gobernanza basado en la contención directa y la gestión de lo cotidiano. Esta postura, que busca distanciarse del ruido dialéctico de la administración central, se apoya en medidas concretas de alivio económico y presencia territorial.
La administración del gobernador Hugo Passalacqua reactivó instrumentos de impacto masivo que buscan amortiguar la caída del poder adquisitivo en las familias misioneras. Dos ejemplos ilustran esta dirección.
El Boleto Estudiantil Misionero (BEM), con una proyección que alcanza a cerca de 400.000 estudiantes, el beneficio se mantiene como un pilar para garantizar la presencialidad escolar sin que el transporte represente un obstáculo financiero infranqueable y la prórroga de los descuentos en el Impuesto Provincial Automotor (IPA), que funciona como un incentivo de recaudación que, al mismo tiempo, ofrece un respiro al contribuyente en un período de alta presión sobre los bolsillos.
Estas decisiones sugieren una búsqueda de equilibrio administrativo sin descuidar el bienestar social, una fórmula que contrasta con la ortodoxia fiscal carente de sensibilidad social que predomina en el discurso nacional.
En la capital provincial, la gestión del intendente Leonardo Stelatto refuerza esta línea mediante una permanente gestión del territorio. Más allá de las grandes obras, el foco reciente se ha desplazado hacia servicios esenciales que impactan en la calidad de vida inmediata.
Desde operativos de contingencia hídrica con camiones cisterna en barrios con dificultades de red, hasta jornadas integrales de salud y prevención de enfermedades estacionales como el dengue, la municipalidad apuesta a la presencia estatal operativa. Asimismo, la realización de eventos como el festival UNA+ —con un impacto económico estimado en casi 100 millones de pesos— demuestra un intento por dinamizar la economía local a través de la agenda cultural y el consumo interno.
Institucionalidad y resolución de conflictos
El manejo de la conflictividad social y las relaciones institucionales también refleja esta búsqueda de serenidad. La planificación anticipada de las condiciones laborales para 2026 con las fuerzas de seguridad (Policía y Servicio Penitenciario) señala una voluntad de previsibilidad que busca evitar desbordes.
Por otro lado, la reciente resolución del conflicto en el sector tabacalero —donde se dio cumplimiento a una orden judicial para levantar acampes y reanudar el acopio— marca un límite claro: la gestión prioriza el encauzamiento institucional por sobre la confrontación.
MOL
