Interrogantes de una reforma laboral nublada de sospechas

Los gobernadores recibieron promesas de obras públicas, financiación para deudas y una distribución selectiva de fondos del Tesoro Nacional (ATN) a cambio de apoyo legislativo. Se incluía un artículo controvertido que proponía descuentos en los salarios por licencias debido a lesiones o enfermedades, lo que casi hace caer la ley. También se realizó un pacto con el sindicalismo para que los líderes gremiales mantuvieran sus recursos intactos. Todo esto muestra el complejo juego de intereses entre políticos, empresarios y sindicalistas que buscan beneficiarse de una negociación complicada. Además, la desinformación oficial ha sido intencionada, y se ha creado un fondo millonario cuyo propósito sería financiar indemnizaciones a expensas de los aportes al sistema previsional. Esta situación resume la reforma laboral que Milei intentó acelerar en sesiones extraordinarias, después de que su intento inicial de hacerlo por decreto fracasara a finales de 2023.

El apoyo de los gobernadores

Después de que la Casa Rosada eliminara el apartado fiscal que afecta la distribución de recursos de coparticipación, los gobernadores decidieron respaldar a Milei en el Congreso para avanzar con la reforma laboral. Seis mandatarios, en su mayoría peronistas, jugaron un papel crucial para alcanzar el quórum en la Cámara de Diputados y abrir el debate. Estos son Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan) y Hugo Passalacqua (Misiones). También contribuyeron a la victoria libertaria el cordobés Martín Llaryora y el santafecino Maximiliano Pullaro, a pesar de sus ausencias.

Los acuerdos con cada gobernante fueron diferentes, centrados en negociaciones pragmáticas que priorizaron el intercambio sobre las ideologías. Esto genera suspicacias acerca de la transparencia legislativa.

Por ejemplo, al catamarqueño Jalil le prometieron inversiones mineras condicionadas a la aprobación de la Ley de Glaciares. A Orrego se le ofrecieron similares beneficios. Jaldo recibió una transferencia de $20.000 millones en ATN justo antes de Navidad y luego criticó una huelga de la CGT, a pesar de haber compartido su campaña electoral con un líder sindical local. El misionero Passalacqua también discutió un pacto de no agresión electoral rumbo a 2027, que podría replicarse en otras provincias. A Vidal le bastó con la transferencia de terrenos de YPF a Santa Cruz, mientras que con Llaryora y Pullaro trató temas sobre jubilaciones. Sus diputados apoyaron la reforma y facilitaron el avance de votaciones difíciles, como el fondo de indemnizaciones.

El artículo "invisible" de las licencias

Cuando la sesión en Diputados estuvo en riesgo, el Gobierno decidió eliminar el artículo 44, que proponía sustanciales descuentos salariales por ausencias relacionadas con problemas médicos atribuibles al trabajador. Este artículo había sido añadido al dictamen del Senado apenas 24 horas antes del debate, y su inclusión sigue siendo un misterio.

Santiago Sturzenegger, tras hablar sobre el tema, generó más controversia. Si no hubiera comentado sobre su contenido, es posible que el artículo no hubiera sido cuestionado. La decisión de eliminarlo se tomó para evitar poner en peligro la votación.

El pacto con la CGT

El debate original no incluía la limitación de "aportes solidarios" a los sindicatos, que se establecieron en un 2% hasta enero de 2028. Con esto, los líderes sindicales aseguraron sus recursos. Sin embargo, el debate reveló que el Gobierno revirtió esa financiación, manteniendo los aportes y permitiendo que empleadores retengan los pagos de afiliación.

La negociación involucró actores clave de ambos lados, y aunque la CGT celebró la preservación de su financiación, también enfrentó la oposición que criticó que los cambios perjudicaban a los trabajadores. Tras todos estos acontecimientos, la CGT decidió activar un nuevo paro general contra Milei, discutiendo su estrategia a futuro.

Lobby

En un intento por marcar independencia, el Pro cuestionó la eliminación de la opción de cobrar salarios a través de billeteras virtuales. Este reclamo parecía un intento de favorecer a empresas como Mercado Pago. Finalmente, el lobby bancario fue más fuerte, manteniendo su monopolio.

De modo similar, las empresas de plataforma lograron que se mantuviera en el proyecto la falta de vínculo laboral entre los choferes y las aplicaciones, excluyéndolos del estatus de trabajadores.

El fondo para las indemnizaciones

El Gobierno presenta el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como un instrumento para financiar indemnizaciones por despido, pero la oposición advierte que se usará para financiar al Estado a costa de desfinanciar el sistema previsional. La recaudación estimada está entre US$3000 y US$5000 millones anuales, y se sospecha que los fondos se destinarán principalmente a la compra de deuda soberana.

Desinformación

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que la ley solo aplicaría a nuevos trabajos, una afirmación que no se incluyó formalmente en la redacción. A pesar de los intentos de la oposición por clarificar esto, las modificaciones fueron rechazadas.

La serie de éxitos en el Congreso, la debilidad de la oposición y el panorama económico favorable dan una imagen de un Gobierno sólido. Sin embargo, persisten señales de alerta sobre el empleo y la economía doméstica, evidenciada por cierres y despidos en empresas clave. Entre julio y suscripción, varias fábricas de neumáticos activaron Procedimientos Preventivos de Crisis y anunciaron despidos, una tendencia que hace eco de consecuencias más amplias en el futuro

La Nación