Jorge Villalba
Después de meses de reclamos, movilizaciones y advertencias sobre el deterioro presupuestario, el Gobierno nacional y las universidades públicas lograron un acuerdo que busca llevar alivio a uno de los sectores más golpeados por el ajuste de los últimos años.
El entendimiento contempla una recomposición salarial total del 24,33% para docentes y no docentes universitarios. El incremento se aplicará en dos etapas: un 21,33% desde junio y un 3% adicional en octubre.
Además, se acordó reabrir las negociaciones salariales cada tres meses para revisar la evolución de los haberes frente a la inflación.
Pero el acuerdo no se limita a los salarios. Nación también autorizó una partida de 800 mil millones de pesos para el sistema universitario y dispuso un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento de las casas de estudio, una demanda que las autoridades universitarias venían planteando desde hace tiempo ante el incremento de costos operativos.
Más recursos para becas y hospitales universitarios
Otro de los puntos destacados es el incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.
A ello se suman 50 mil millones de pesos adicionales para hospitales universitarios, instituciones que cumplen un rol clave tanto en la formación de profesionales como en la atención sanitaria.
La noticia genera expectativa en provincias como Misiones, donde miles de jóvenes cursan estudios superiores en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y en la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU), dos instituciones que durante el último tiempo también manifestaron preocupación por la situación presupuestaria.
A pesar del acuerdo, no todo quedó resuelto.
Las universidades mantienen abierta la disputa judicial vinculada al financiamiento universitario y a la aplicación de normas aprobadas por el Congreso para garantizar recursos al sector.
Por ese motivo, si bien el acuerdo descomprime uno de los conflictos más importantes entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, la discusión sobre cómo financiar la educación superior pública en los próximos años continúa abierta.
Por ahora, el entendimiento representa una señal de alivio para docentes, trabajadores, estudiantes y autoridades universitarias, que venían advirtiendo sobre las dificultades para sostener el funcionamiento normal de las instituciones.
