Jorge Villalba
La polémica se originó a partir de la entrega de módulos alimentarios destinados a personas celíacas, un beneficio que no representa un privilegio sino una necesidad para quienes deben sostener una alimentación estricta libre de gluten.
La pregunta que hoy muchos se hacen es simple: ¿la mercadería finalmente llegó a destino?
Más allá de la respuesta puntual, el episodio deja una reflexión de fondo. Cuando la política pierde de vista a las personas y transforma una ayuda alimentaria en una disputa o en una cuestión burocrática, los perjudicados no son los funcionarios ni los dirigentes, sino los vecinos que esperan esa asistencia para cubrir necesidades concretas.
La enfermedad celíaca exige cuidados permanentes y alimentos específicos que, en muchos casos, tienen costos superiores a los productos tradicionales. Por eso, cada entrega representa una ayuda importante para las familias beneficiarias.
Lo ocurrido también reabre un debate sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos, como el caso del intendente de San Javier, la gestión de programas sociales requiere sensibilidad, compromiso y, sobre todo, comprensión de que detrás de cada módulo alimentario existe una persona, una familia y una necesidad real.
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Los errores pueden ocurrir. Lo que la sociedad espera es que se reconozcan rápidamente, se corrijan y no vuelvan a repetirse.
Porque cuando una decisión política afecta a quienes necesitan asistencia alimentaria especial, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser humano.
