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Jorge Villalba
El diputado provincial y referente tabacalero Héctor “Cacho” Bárbaro presentó una denuncia penal contra Marcelo Horacio Reinoso, coordinador de Tabaco de la Secretaría de Agricultura de la Nación, por presuntas irregularidades y demoras en la gestión de recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) destinados a Misiones.
La presentación quedó radicada ante la Fiscalía Federal de Oberá y solicita investigar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y omisión de actos de oficio, entre otras figuras que pudieran surgir durante el proceso.
Según expuso Bárbaro, Misiones tiene 30 subcomponentes de programas tabacaleros pendientes de aprobación. De ese total, 12 cuentan con expedientes formalmente abiertos y representan $74.485 millones, mientras que los otros 18, por $22.783 millones, ni siquiera tendrían número de expediente asignado. En conjunto, los fondos involucrados superan los $97.268 millones.
El legislador sostiene que las demoras afectan iniciativas destinadas a las familias productoras, entre ellas prestaciones de salud, cobertura médica, asistencia productiva, infraestructura, equipamiento y mejoramiento de caminos rurales.
Uno de los ejemplos incluidos en la denuncia es un programa de prestaciones sanitarias que había sido aprobado en febrero de 2025. Sin embargo, según la presentación, la propuesta correspondiente a 2026 continuaba sin aprobación al cierre de octubre, pese a contemplar un incremento del 25% en su presupuesto.
Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de convocatoria de la comisión encargada de establecer los coeficientes de distribución del Fondo Especial del Tabaco entre las provincias productoras. Bárbaro afirma que el plazo para realizar esa convocatoria venció el 30 de septiembre de 2026 sin que se concretara la reunión.
La denuncia también solicita investigar los mecanismos de recaudación y control de los aportes de las empresas tabacaleras, especialmente en relación con los recursos vinculados al impuesto mínimo a los cigarrillos. Para ello, pide requerir documentación a la Secretaría de Agricultura, al Ministerio de Economía, a ARCA y al Banco Nación.
Además, el diputado ofreció como testigos a representantes de las principales organizaciones del sector en Misiones: la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes (ACTIM), la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) y la Cámara del Tabaco.
Bárbaro solicitó la apertura de una investigación penal preparatoria y la producción de pruebas documentales, testimoniales y periciales para determinar las eventuales responsabilidades. Las acusaciones deberán ser evaluadas por la Justicia, que tendrá que establecer si existieron irregularidades administrativas y si estas configuran delitos.
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El reclamo pone en el centro de la discusión el destino de recursos fundamentales para la producción tabacalera misionera y el sostenimiento de miles de familias rurales, que dependen de los programas financiados por el Fondo Especial del Tabaco.
