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Jorge Villalba
POSADAS. El Gobierno de Javier Milei tuvo que dar marcha atrás. Ante la falta de los votos necesarios en el Senado, el oficialismo decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba el régimen de tierras rurales y flexibilizaba las condiciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
La decisión representa un revés político para la administración libertaria, que durante los últimos meses había intentado avanzar con una reforma que generó una fuerte resistencia de distintos sectores y que terminó convirtiéndose en uno de los puntos más controvertidos del proyecto.
La cuestión no es menor para Misiones. La provincia comparte fronteras con Brasil y Paraguay, tiene una superficie territorial limitada y una estructura productiva donde la propiedad de la tierra, los recursos naturales y la presencia de capitales extranjeros constituyen asuntos particularmente sensibles.
La legislación vigente establece un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como provincial y en las jurisdicciones administrativas correspondientes.
El proyecto oficial había planteado inicialmente una flexibilización mucho más profunda del régimen. En la negociación con sectores aliados, el Gobierno llegó a proponer elevar el límite del 15% al 25%, buscando conseguir respaldo parlamentario para evitar que la iniciativa naufragara en el Senado.
Finalmente, ni siquiera esa modificación logró garantizar los apoyos necesarios.
Y el Gobierno optó por sacar el capítulo completo de la discusión.
La discusión nacional adquiere una dimensión particular en Misiones.
Según la información oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales, ninguna provincia había superado el límite del 15% de titularidad extranjera en la última actualización disponible, correspondiente a agosto de 2025.
Pero el panorama cambia cuando se observa el territorio por departamentos: el propio registro oficial reconoce que más de treinta departamentos del país superaban ese porcentaje.
Es justamente allí donde aparece una de las preguntas que quedan abiertas después de la decisión del Gobierno:
¿Qué ocurriría en las zonas donde la concentración de tierras extranjeras ya genera preocupación si se flexibilizaran los límites actuales?
Para Misiones, la pregunta tiene todavía más peso por su condición de provincia fronteriza y por el valor de estratégico de su territorio.
El Gobierno consiguió evitar una derrota legislativa todavía más visible retirando el capítulo antes de que fuera sometido a votación.
Pero el problema político permanece.
La discusión sobre la propiedad de la tierra rural enfrenta dos posiciones: por un lado, quienes consideran que flexibilizar las restricciones puede facilitar inversiones y generar actividad económica; por otro, quienes sostienen que existen recursos y territorios estratégicos cuya propiedad no puede analizarse únicamente desde una lógica de mercado.
El capítulo retirado no desaparece necesariamente de la agenda política. Lo que desapareció, por ahora, es la posibilidad de que el Gobierno consiga modificarlo en esta sesión.
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Y en Misiones, donde cada hectárea tiene un peso particular, la discusión recién empieza.
