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Jorge Villalba
La Quinta de Olivos quedó en el centro de una polémica que mezcla una millonaria compra de alimentos, despidos de trabajadores y una explicación oficial que no termina de despejar todas las dudas.
En las últimas horas se conocieron los detalles de una licitación impulsada desde la Secretaría General de la Presidencia para abastecer durante seis meses a la Casa Rosada y a la Residencia Presidencial de Olivos.
El expediente contempla cerca de 29 toneladas de productos cárnicos, entre ellos lomo, ojo de bife, asado, vacío, nalga, roast beef, entraña y otros cortes, además de pollo, pescado y embutidos. El monto de referencia difundido ronda los 500 millones de pesos.
Un dato importante: se trata de una licitación y ese monto es una estimación del proceso de compra, no significa que el Estado ya haya pagado $500 millones por esa carne.
La polémica tomó otra dimensión cuando, horas después, el Gobierno anunció una profunda reorganización de la Quinta de Olivos.
La Administración General de la Residencia Presidencial será disuelta y la Casa Militar pasará a concentrar las responsabilidades vinculadas con la seguridad y el funcionamiento de la residencia. En ese proceso fueron desplazados 12 trabajadores civiles, entre ellos personal que realizaba tareas administrativas, de cocina y mantenimiento.
Pero alrededor de la decisión apareció otra versión.
Distintas fuentes periodísticas sostuvieron que el Presidente habría quedado molesto por filtraciones ocurridas desde la Quinta de Olivos y que entre los elementos que generaron su enojo estuvo justamente la difusión de la compra de carne.
Esa relación entre la licitación y los despidos, sin embargo, no fue presentada oficialmente por el Gobierno como la causa de las cesantías. Por eso, por ahora, hay que hablar de una versión y no de un hecho confirmado.
Y ahí aparece la pregunta que queda abierta:
¿Los trabajadores fueron desplazados exclusivamente por el nuevo esquema de seguridad de Olivos, como sostiene oficialmente el Gobierno, o la filtración de información sobre los gastos de la residencia también tuvo que ver con la decisión?
Por ahora no hay una respuesta pública definitiva.
Lo que sí quedó expuesto es una situación difícil de explicar políticamente: mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene un discurso de fuerte austeridad y reducción del gasto estatal, una licitación para abastecer las cocinas oficiales puso bajo la lupa la cantidad y el tipo de alimentos previstos para la Casa Rosada y Olivos.
Y casi al mismo tiempo, doce trabajadores de la residencia presidencial quedaron afuera.
La carne, los despidos y el hermetismo terminaron formando una misma historia.
Y la pregunta, por ahora, sigue abierta.
