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Jorge Villalba
La investigación se originó a partir de la denuncia de un hombre que se encontraba detenido y que había permanecido alojado en ese sector de la Unidad Regional V, en Puerto Iguazú.
Según manifestó en su presentación, habría sufrido malos tratos y expuso además una serie de presuntas irregularidades vinculadas con el funcionamiento interno del lugar.
A partir de la denuncia, la Jefatura de Policía dispuso la apertura de una investigación con intervención de la Dirección de Asuntos Internos, que realizó distintas diligencias para verificar los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
Los elementos reunidos durante esas actuaciones fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú. Paralelamente, la institución inició las actuaciones administrativas correspondientes respecto del personal que pudiera estar involucrado.
Con el avance de la investigación, la Justicia ordenó una serie de allanamientos, secuestros y detenciones en el marco de una causa que investiga presuntos hechos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento.
Las medidas judiciales fueron ejecutadas alrededor de las 7 de este miércoles 2 de septiembre.
En ese procedimiento fueron detenidos el sargento Rafael A., quien prestaba servicios en la Comisaría Segunda de Puerto Iguazú, y el agente Rodrigo A., perteneciente al Comando Radioeléctrico de esa ciudad.
Además, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de ambos efectivos, dispositivos que serán incorporados a la causa y sometidos a las pericias correspondientes.
Los dos suboficiales quedaron detenidos a disposición del magistrado interviniente.
Además de las medidas dispuestas por la Justicia, la Jefatura de Policía resolvió apartar inmediatamente de la institución a los dos efectivos mientras continúan las investigaciones judiciales y administrativas.
La medida busca determinar con precisión el alcance de los hechos denunciados y establecer si existieron otras responsabilidades dentro de la estructura policial.
Desde la Jefatura señalaron que la intervención forma parte de una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de los deberes propios de la función policial.
La investigación interna se inició a partir de una denuncia y permitió que los mecanismos de control institucional actuaran sobre integrantes de la propia fuerza, en paralelo con la intervención de la Justicia.
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La causa continúa en etapa investigativa y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades que correspondan.
