

Milei ajusta y deja que el mercado ordene; Misiones busca amortiguar el golpe y sostener al que produce y trabaja
Jorge Villalba
La diferencia no es solamente discursiva. Se puede observar en las medidas que toma cada administración.
El Gobierno nacional convirtió la reducción del gasto y del tamaño del Estado en uno de los ejes de su gestión. Los informes oficiales de empleo público muestran la evolución de esa política de reducción de personal en la Administración Pública Nacional.
Al mismo tiempo, la economía real continúa mostrando dificultades para una parte importante del entramado productivo. Informes sobre la actividad empresarial registran cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo desde el comienzo de la gestión de Milei, mientras sectores industriales y pymes vienen reclamando por la caída del consumo, el costo del financiamiento y la presión de productos importados.
El argumento del Gobierno nacional es conocido: bajar el déficit, reducir el peso del Estado, desregular la economía y permitir que el mercado determine quién puede competir.
El problema aparece cuando ese proceso se encuentra con la economía cotidiana de una provincia como Misiones.
Porque una fábrica que cierra no es solamente una estadística. Es un trabajador que pierde su ingreso, una familia que reduce sus gastos, un comercio que vende menos, un proveedor que deja de cobrar y una cadena productiva que comienza a achicarse.
Y es justamente allí donde aparece la diferencia con el modelo que viene aplicando Misiones.
Ahora: sostener el consumo cuando el bolsillo no alcanza
El Gobierno de Hugo Passalacqua decidió mantener los programas Ahora hasta el 30 de septiembre. Las herramientas ofrecen financiación y reintegros para consumidores y comercios adheridos, con el objetivo declarado de sostener el consumo y acompañar la actividad comercial y productiva misionera.
No se trata de una solución mágica para la crisis, pero sí de una decisión política concreta: utilizar herramientas del Estado provincial para evitar que toda la caída del poder adquisitivo termine trasladándose directamente sobre los comercios.
En una provincia donde buena parte de la actividad económica depende del mercado interno, sostener al consumidor también significa intentar sostener al comerciante, al pequeño empresario y a quien trabaja.
El otro frente: trabajadores públicos y jubilados endeudados
La medida anunciada esta semana por Passalacqua muestra otra diferencia.
Ante el crecimiento del endeudamiento y las dificultades para afrontar los compromisos financieros, la Provincia redujo al 30% el límite de los descuentos voluntarios que pueden realizarse sobre los haberes de empleados públicos y jubilados.
Además, estableció límites para las tasas y el costo financiero de los créditos canalizados mediante el sistema de descuentos.
La lógica es sencilla: si una familia tuvo que recurrir al crédito para afrontar el aumento de sus gastos, la salida no puede ser que una parte cada vez mayor de su sueldo quede comprometida por las cuotas.
Y detrás de ese endeudamiento hay una realidad que atraviesa a millones de argentinos: durante los últimos años aumentaron fuertemente servicios, combustibles, alimentos y otros gastos cotidianos, mientras que muchas familias debieron recurrir al crédito para sostener su nivel de consumo.
En Misiones, el Estado provincial intenta ahora poner un límite a ese círculo de endeudamiento.
No se trata solamente del empleado público
La diferencia también aparece en la mirada sobre el sector productivo.
Mientras el Gobierno nacional sostiene una política económica basada en apertura, desregulación y reducción de la intervención estatal, Misiones viene utilizando programas de financiamiento, promoción del consumo y asistencia a emprendedores y productores.
Por ejemplo, la Provincia amplió este año las herramientas de financiamiento para emprendedores, con líneas que permiten financiar hasta el 100% de determinados proyectos, con tasas subsidiadas, meses de gracia y plazos de devolución extendidos.
Es una concepción diferente del papel del Estado.
Para el modelo nacional, el Estado debe correrse para que el mercado determine qué actividades sobreviven.
Para el modelo misionero, el Estado debe intervenir cuando las condiciones externas ponen en riesgo a quienes producen, trabajan o sostienen el mercado interno.
La discusión de fondo
La diferencia entre Milei y Passalacqua no está solamente en la pertenencia política de cada uno.
Está en qué consideran que debe hacer el Estado cuando una empresa no puede afrontar sus costos, cuando un comercio vende menos, cuando una familia se endeuda para llegar a fin de mes o cuando un trabajador ve cómo una parte cada vez mayor de su salario se va en cuotas.
Nación eligió el ajuste como herramienta central y sostiene que el orden fiscal y la libertad de mercado terminarán generando las condiciones para el crecimiento.
Misiones, con una economía mucho más pequeña y con recursos limitados, eligió otra estrategia: administrar sus cuentas, pero al mismo tiempo utilizar herramientas propias para sostener el consumo, proteger ingresos, facilitar crédito y acompañar a sectores productivos.
La brecha entre ambos modelos queda así expuesta en una pregunta sencilla: ¿el Estado debe retirarse cuando la economía entra en dificultades o debe intervenir para evitar que el costo de la crisis recaiga siempre sobre los mismos?
Milei apuesta a que el mercado encuentre el equilibrio después del ajuste.
Passalacqua intenta que ese equilibrio no se alcance dejando en el camino al comerciante, al trabajador, al jubilado o al pequeño productor.
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Y en Misiones, esa diferencia empieza a sentirse menos como una discusión ideológica y más como una cuestión concreta de bolsillo.


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