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Jorge Villalba
En Misiones, el diputado provincial de La Libertad Avanza Adrián Núñez decidió poner la lupa sobre el uso de la Policía para custodiar funcionarios públicos. Y no lo hizo solamente con declaraciones: presentó un proyecto para establecer un régimen de restricción y transparencia de las custodias policiales a funcionarios públicos de la provincia.
El planteo parte de una idea que, en principio, resulta sencilla de entender: los policías deberían estar principalmente cumpliendo funciones de seguridad en la calle y las custodias a funcionarios deberían responder a criterios objetivos, transparentes y vinculados con un riesgo concreto.
Núñez también propuso limitar temporalmente esas custodias y establecer mecanismos que permitan conocer bajo qué circunstancias se asignan recursos policiales para proteger a funcionarios.
Hasta ahí, la discusión parece clara.
Pero toda vara tiene un problema cuando se pretende utilizarla para medir solamente al adversario.
Porque mientras en Misiones un dirigente libertario reclama transparencia sobre policías, custodias y recursos destinados a funcionarios, a nivel nacional aparece una situación que obliga, como mínimo, a formular la misma pregunta dentro del propio espacio político.
Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete el 27 de junio. Sin embargo, según una investigación publicada por La Nación este viernes, continúa contando con custodia y utilizando una Toyota SW4 perteneciente al Estado, vinculada al Instituto Nacional de Promoción Turística y que permanece bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Desde el Gobierno nacional explicaron que la custodia responde a una evaluación de riesgo y que existe un esquema previsto para funcionarios y exfuncionarios de alto rango durante un período determinado.
Es una explicación que corresponde considerar.
Pero justamente ahí aparece la pregunta que conecta ambos casos.
Si una fuerza política considera necesario transparentar quién tiene custodia, por qué la tiene, cuánto tiempo la conserva y qué recursos públicos se destinan a esa protección, ¿por qué esa preocupación debería detenerse en los límites de una provincia?
Si la transparencia es un principio, también debería alcanzar a los funcionarios nacionales.
Y si la austeridad es una bandera política, tampoco debería depender de quién utiliza la camioneta oficial o quién recibe protección policial.
No hace falta afirmar que la custodia de Adorni sea irregular. Tampoco corresponde afirmar que la protección de un funcionario misionero sea ilegítima. Ambas situaciones pueden tener fundamentos jurídicos y de seguridad que deben ser analizados.
La cuestión de fondo es otra.
¿La misma vara?
Ese es el verdadero desafío para cualquier espacio político que construya parte de su identidad sobre la crítica a los privilegios, el gasto estatal y los beneficios de la dirigencia.
Porque resulta sencillo reclamar transparencia cuando se mira hacia el otro lado.
Lo verdaderamente incómodo es aplicar esa transparencia cuando la pregunta vuelve y toca la propia puerta.
Adrián Núñez abrió el debate en Misiones. Ahora queda planteado si esa misma discusión puede atravesar también al Gobierno nacional y a los dirigentes de su propio espacio.
La política puede tener muchas diferencias.
La vara, si realmente pretende ser una sola, debería ser la misma.
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Porque la transparencia no debería ser una herramienta para controlar al adversario, sino una obligación frente a la sociedad.
Y si se reclama que los policías estén en la calle, que se explique con la misma claridad quién necesita custodia, por qué, durante cuánto tiempo y con qué recursos públicos.
Para todos.
Sin excepciones.
