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Jorge Villalba
La medida fue impulsada por instrucción del gobernador Hugo Passalacqua y alcanza a pequeñas industrias y emprendimientos que buscan iniciar o formalizar su actividad en la provincia.
El nuevo esquema permite realizar la habilitación inicial mediante la presentación de la documentación correspondiente y una Declaración Jurada. Esto no elimina las obligaciones vinculadas con la seguridad, la higiene ni las normas ambientales, que continúan vigentes.
La diferencia estará en el momento y la forma de los controles. En lugar de concentrar buena parte del proceso en una extensa etapa previa de trámites, el Ministerio de Industria realizará controles posteriores directamente en los establecimientos para verificar el cumplimiento de la normativa.
De acuerdo con la nueva disposición, la Dirección General de Industria deberá verificar los requisitos y emitir la Disposición de Habilitación Industrial en un plazo máximo de diez días hábiles.
La medida también alcanza a las solicitudes de radicación o habilitación industrial que ya se encuentran en trámite y pendientes de resolución.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es que los emprendedores y pequeñas empresas puedan destinar menos tiempo a la burocracia administrativa y comenzar antes con la producción, la inversión y la generación de empleo.
El régimen toma como antecedente el Decreto 966/87, que ya contemplaba un esquema adaptado a la escala de las pequeñas industrias. A partir de esa normativa, el Ministerio de Industria estableció ahora un procedimiento simplificado mientras la Provincia avanza, en paralelo, con el proyecto de una nueva Ley de Radicación y Habilitación Industrial.
La propuesta busca modernizar un trámite que puede convertirse en una barrera para quienes quieren poner en marcha una industria. La simplificación, en este caso, no implica eliminar los controles: apunta a reducir los tiempos administrativos y trasladar parte de la fiscalización a controles efectivos en las plantas.
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Para las pequeñas industrias, el cambio tiene un efecto concreto: menos tiempo esperando una habilitación y un procedimiento que apunta a que puedan comenzar a producir dentro de plazos administrativos más previsibles.
