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Jorge Villalba
Los documentos fueron remitidos a la Justicia por el Ministerio de Salud y el entonces interventor de la ex ANDIS, Alejandro Vilches, y forman parte de la investigación sobre el sistema de compras del organismo durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Uno de los casos más sensibles involucra a un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis luego de una amputación. La documentación administrativa indicaba que el elemento había sido entregado y existía incluso un remito firmado por la madre del beneficiario.
Sin embargo, al consultar directamente a la familia, el relevamiento determinó que la prótesis no había sido recibida. El informe sostiene que la firma habría sido obtenida mediante una inducción a error durante la toma de medidas y que no representaba la recepción material del elemento.
El otro dato que golpea es el de los precios.
Los informes compararon adquisiciones de ANDIS con compras realizadas por otros organismos públicos y detectaron diferencias que llegaron hasta el 1.972%. Entre los ejemplos aparece una endoprótesis aortobílica adjudicada por $369,8 millones, mientras que una referencia de PAMI para el mismo insumo se ubicaba muy por debajo de ese valor.
También fue detectado un caso en el que una factura por $28,7 millones habría sido abonada dos veces. El relevamiento incluyó además diferencias importantes en válvulas, implantes cocleares y otros insumos médicos y ortopédicos.
El contraste resulta inevitable.
Mientras millones de argentinos fueron llamados a aceptar recortes, esperar prestaciones, resignar coberturas y acostumbrarse a la idea de que el Estado debía gastar menos y ser más eficiente, los informes que ahora llegaron a la Justicia describen compras públicas con diferencias de precios millonarias y procedimientos que deberán ser explicados.
Y en el caso de la discapacidad, la discusión adquiere una dimensión todavía más delicada. No se trata solamente de una planilla, una factura o una diferencia contable: detrás de cada insumo hay una persona que necesita una prestación para poder vivir con mayor autonomía.
Por eso, la investigación sobre ANDIS trasciende la discusión partidaria. Si el Estado compra más caro de lo que podría comprar, si existen pagos que podrían haberse duplicado o si un elemento esencial aparece como entregado cuando el destinatario asegura que nunca lo recibió, la pregunta es inevitable: ¿dónde quedó la eficiencia que se prometió como bandera de esta gestión?
Los informes no constituyen por sí mismos una sentencia ni determinan responsabilidades penales. Eso deberá establecerlo la Justicia. Pero sí dejan planteados interrogantes concretos sobre el funcionamiento de las compras de la ex ANDIS y sobre el destino de recursos públicos destinados, precisamente, a personas que necesitan asistencia del Estado.
