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Jorge Villalba
Vilches comunicó su salida al ministro de Salud, Mario Lugones, mediante una carta en la que atribuyó su decisión a “razones estrictamente personales”. Hasta el momento, el Gobierno no anunció quién será su reemplazante.
Pero más allá de la salida del funcionario, el dato político y social es que los problemas de las personas con discapacidad siguen sobre la mesa.
La renuncia se conoce en medio del debate por el Presupuesto 2027 y después de que el Gobierno incluyera modificaciones relacionadas con el sistema de discapacidad, mientras en el Congreso se discute la continuidad de la emergencia nacional en el sector. Vilches había expuesto el 2 de septiembre ante la Comisión de Discapacidad de Diputados y defendido el proceso de “ordenamiento” que lleva adelante la Secretaría.
Uno de los puntos centrales es el financiamiento de las prestaciones. El propio Gobierno informó ante el Congreso que hasta julio de 2026 había devengado $326.305,7 millones en prestaciones de discapacidad y que contaba con 1.140 prestadores con convenio vigente.
También durante este año se establecieron actualizaciones periódicas del nomenclador. Para septiembre, la Secretaría Nacional de Discapacidad fijó un incremento del 1,7%, dentro del esquema de actualización mensual vinculado al IPC.
Sin embargo, para las familias y para quienes trabajan diariamente en el sector, la discusión no se reduce a una cifra de actualización. En discapacidad están en juego tratamientos, rehabilitación, transporte, centros de día, educación terapéutica, apoyos, acompañamiento y pensiones que permiten sostener la vida cotidiana de miles de personas.
Por eso, la salida de Vilches puede ser leída como una noticia política, pero también como una señal para volver a mirar el problema de fondo: qué lugar ocupará la discapacidad en las prioridades del Estado y cómo se garantizará que las prestaciones lleguen en tiempo y forma a quienes las necesitan.
Mientras se busca un nuevo responsable para el área, las familias, prestadores y organizaciones del sector siguen esperando respuestas concretas sobre el futuro del sistema.
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La renuncia tiene nombre y apellido. El problema de la discapacidad, en cambio, sigue esperando una respuesta.
