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Jorge Villalba
Misiones volvió a plantear en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) su posición en defensa de la Ley de Tierras y de la necesidad de que el Estado conserve herramientas para ordenar la propiedad y el uso del territorio.
El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, participó de una reunión del organismo, donde se acordó avanzar en una asamblea extraordinaria prevista para el martes 13 de octubre, con el objetivo de definir una posición frente a los cambios introducidos sobre la Ley Nº 26.737.
Durante el encuentro, Recamán remarcó que la discusión tiene una importancia particular para Misiones, donde más del 90% de los límites provinciales son internacionales. En ese contexto, sostuvo que regular la propiedad y el uso de la tierra rural no representa solamente una cuestión económica, sino también de soberanía, ordenamiento territorial y protección de los recursos naturales.
La Ley Nº 26.737 establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. También fijaba restricciones para evitar una concentración excesiva por nacionalidad y establecía límites para la adquisición de determinadas superficies por parte de un mismo titular extranjero.
Además, contemplaba condiciones específicas para inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera y para tierras que contuvieran o fueran ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Los datos que presentó Misiones muestran por qué la discusión adquiere una dimensión particular en la provincia. Si bien la extranjerización de tierras a nivel provincial se encuentra por debajo del 15%, cinco de sus 17 departamentos superan ese límite: Iguazú, Montecarlo, Eldorado, General San Martín y Concepción.
El caso de Iguazú es el más significativo. Allí se registran 114.406 hectáreas en manos extranjeras, una superficie que representa casi el 40% del territorio rural del departamento.
Para la Provincia, esta situación no es un dato menor. En municipios como Puerto Libertad, la concentración de tierras puede condicionar las posibilidades de expansión urbana, habitacional e industrial, especialmente en un territorio donde la disponibilidad de suelo está atravesada por grandes extensiones rurales y áreas de alto valor ambiental.
La discusión también tiene un componente ambiental. Misiones concentra una importante superficie de bosques, cursos de agua y biodiversidad y forma parte de una región trinacional junto con Brasil y Paraguay. Los procesos productivos y ambientales de estos territorios no se detienen en las fronteras políticas y pueden generar impactos sobre ecosistemas compartidos.
Por eso, la postura misionera apunta a sostener reglas que permitan al Estado ordenar el territorio y establecer límites cuando se encuentran involucrados recursos considerados estratégicos.
Recamán planteó que la propiedad de la tierra debe compatibilizarse con los intereses ambientales, productivos y territoriales de la provincia, especialmente teniendo en cuenta su condición fronteriza y la limitada disponibilidad de suelo.
La posición llevada al COFEMA se suma al planteo que el Gobierno de Misiones ya realizó ante la Justicia luego de la derogación de la Ley de Tierras. El gobernador Hugo Passalacqua había advertido que las características fronterizas y ambientales de Misiones convierten la protección del territorio en una cuestión vinculada también con la soberanía provincial.
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La discusión que ahora vuelve al ámbito federal pone en juego algo que para Misiones excede el valor económico de una parcela: quién puede acceder a la tierra, dónde puede hacerlo y qué capacidad conserva el Estado para ordenar un territorio estratégico por su ubicación, sus recursos naturales y su condición de frontera.
